La soberanía alimentaria es, como dice Vía Campesina, «el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los MERCADOS y de las empresas» y «nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual».

«La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica». Y «garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, está en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones».

El concepto de soberanía alimentaria fue acuñado por primera vez por La Vía Campesina (LVC) en 1996, con motivo de la celebración del Foro Mundial por la Seguridad Alimentaria. Se trataba de un evento paralelo a la oficial Cumbre Mundial de la Alimentación, organizada en Roma por la Organización de las NACIONES UNIDAS para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Desde entonces, el concepto de soberanía alimentaria se ha ido enriqueciendo con nuevas dimensiones y variables a través de los contenidos de las sucesivas declaraciones de las conferencias internacionales de LVC (Tlaxcala, 1996; Bangalore, 2000; Sao Paulo, 2004; Maputo, 2008), o en los foros que esta ha co-organizado. Precisamente la Declaración de Nyéléni, resultado del Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria celebrado en Mali en 2007 y co-organizado por la LVC, ofrece la definición más depurada, que es la que encabeza este texto.

Un concepto nacido de los movimientos sociales

A partir de esta definición del concepto, cuatro son las características que destacamos como elementos consustanciales al mismo. En primer lugar, se trata de un concepto nacido desde los movimientos sociales, y no de los espacios académicos o de los foros internacionales organizados por las NACIONES UNIDAS. Esta constatación confiere al término una identidad específica: por un lado, la soberanía alimentaria no ha sido aceptada dentro de la literatura especializada en temas de hambre, de alimentación, de modelos productivos o de desarrollo, donde la hegemonía teórica se encuentra en la “seguridad alimentaria”, enfoque del que difiere, como después se expondrá. Pese a este rechazo, la soberanía alimentaria ha ido ganando terreno en el ámbito social, en la universidad y en la cooperación internacional, e incluso, en la actualidad, parece que la propia FAO reconoce el concepto y se aviene a iniciar un proceso de debate sobre el mismo, tal y como se aprobó en la 32ª conferencia regional de la FAO en América Latina y el Caribe. Por otro lado, al nacer desde las reflexiones y acciones de un movimiento social, la soberanía alimentaria tiene la riqueza de pretender no solo alcanzar un estatus teórico, sino que tiene una vocación práctica original, integrando el binomio reflexión-acción en una agenda alternativa frente al modelo hegemónico actual en el agro.

En segundo término, la soberanía alimentaria pone el acento en la capacidad de los pueblos para decidir sobre su sistema alimentario, así como en su facultad para desarrollar las políticas que democráticamente estimen oportunas para establecer qué y cómo se produce, qué y cómo se distribuye, qué y cómo se consume.

En tercer lugar, la soberanía alimentaria propone un modelo de desarrollo socioeconómico alternativo al modelo agroindustrial que se podría explicar a través de su interacción con otros dos conceptos complementarios: agroecología y economías campesinas. Así, suma a la exigencia de contar con la capacidad para decidir sobre el sistema alimentario de cada pueblo, la propuesta de un modelo basado en la agroecología que, en palabras de Stephen Gliessman, se define como «la ciencia que aplica conceptos y principios ecológicos en el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables». De esta manera, defiende sistemas alimentarios que sean culturalmente adecuados; que sean ecológicos y de producción extensiva, en función del mantenimiento y del control público y social de los bienes naturales —tierra, biodiversidad, agua, semillas—; que sean energéticamente eficientes; que garanticen un ingreso económico justo para las y los productores; que se desarrollen en condiciones óptimas de reproducción social; que se basen en un sistema de distribución que garantice dichos criterios ecológicos, sociales, económicos; y que se sostengan sobre el derecho humano básico a la alimentación sana y segura del conjunto de la población. En este sentido, la agroecología va directamente unida a las economías campesinas, ya que se considera que únicamente las pequeñas explotaciones, así como los sistemas locales de producción, distribución y consumo vinculadas a ellas, son capaces de garantizar los parámetros en los cuales se define la agroecología.

En cuarto lugar, como ya hemos señalado, se define como propuesta política alternativa al modelo de agricultura industrial, a la vez que se diferencia del concepto de “seguridad alimentaria”. Respecto a esta última, la soberanía alimentaria entiende que plantea un análisis parcial, al centrase únicamente en la disponibilidad y acceso a alimentos por parte de la población, pero que no incide en los modelos alimentarios, clave fundamental para la sostenibilidad. Así, por ejemplo, desde el análisis de la seguridad alimentaria, un país receptor masivo de ayuda alimentaria exterior, si esta es estable en el tiempo, puede contar con una valoración positiva; en cambio, desde la soberanía alimentaria, se debería analizar si esos alimentos que se envían desde el exterior, aún garantizando unas kilocalorías determinadas al día, no están impidiendo el fortalecimiento de las economías locales, el desarrollo de la biodiversidad del lugar, la generación de ingresos para los y las productoras, etc. La soberanía alimentaria, en definitiva, incorpora la necesidad de garantizar la sostenibilidad ecológica, económica y social local, no sólo el acceso a los alimentos.

La soberanía alimentaria frente al modelo agroindustrial

La comparación de la soberanía alimentaria con el modelo agroindustrial muestra que ambos modelos son antagónicos. La agroindustria es el producto de la traslación a la agricultura de las medidas neoliberales nacidas del CONSENSO DE WASHINGTON y se basa en la conformación de grandes cadenas globales de producción y distribución, controladas por EMPRESAS TRANSNACIONALES; en la producción intensiva en sistema de monocultivo en grandes extensiones; en la intensificación de la productividad a corto plazo a través de tecnologías diversas derivadas de la “revolución verde”, incluyendo los Organismos Genéticamente Modificados (OGM, o transgénicos); en la propiedad intelectual; en la creación de un mercado financiero específico (commodities) en los que se deciden los precios internacionales de muchos productos básicos alimentarios.

De esta manera, los y las defensoras de la soberanía alimentaria señalan a este modelo como el causante de convertir a la alimentación en un negocio, en una mercancía más, frente a la consideración que hacen de la alimentación como un derecho humano. En este sentido, a su entender, prima la búsqueda de ganancia respecto a los criterios ecológicos —PRIVATIZACIÓN y mal uso de bienes naturales; participación de la agricultura en el cambio climático a través de los agrotóxicos; uso masivo de plaguicidas y pesticidas; pérdida de biodiversidad por monocultivos, etc.— y sociales —acaparamiento de tierras para el monocultivo; control del precio en cadenas de distribución y especulativas, no en los y las productores; ruptura de lógicas económicas locales; desplazamiento de comunidades, etc.—. El resultado de este modelo sería, en su opinión, un aumento extremo de la vulnerabilidad ecológica, climática, alimentaria, social y económica.

En este sentido, la soberanía alimentaria, al oponerse al modelo agroindustrial basado en grandes cadenas productivas, distribuidoras y financieras, se opone también a las EMPRESAS TRANSNACIONALES, que son los sujetos que controlan las mismas. Es más, la SA propugna un modelo socioeconómico sin este tipo de empresas, principales valedoras, a su entender, del modelo agroindustrial, así como responsables de sus implicaciones más gravosas. Así, acusa a las grandes multinacionales que manejan la distribución mundial —como Wal-Mart y Carrefour, entre otras— de controlar la producción vía establecimiento de precios También acusa a las compañías que controlan los mercados de semillas y fertilizantes —Dupont, Syngenta, Monsanto, etc.— de obligar a los y las campesinas a comprar sus paquetes de productos. Esto puede tener serias consecuencias a largo plazo: descenso de la productividad, dependencia del crédito, reducción de la biodiversidad, impacto ecológico y sanitario. Por último, también acusan a las transnacionales que comercian con alimentos y productos básicos —Nestlé, Cargill, etc.— de impedir el desarrollo de las economías locales, promoviendo la hegemonía de la alimentación globalizada frente a la diversidad y adecuación cultural que defiende la soberanía alimentaria.