El activismo accionarial es un instrumento de acción, concienciación y resistencia de las ONGD que consiste en infiltrarse en el seno de las compañías transnacionales para denunciar las vulneraciones de derechos humanos, sociales y ambientales en las áreas y sectores donde éstas actúan. Su efectividad para avanzar en el respeto de los derechos fundamentales se encuentra hoy a debate entre movimientos sociales y ONGD.

La vía de entrada a dichas compañías se produce a través de la participación en la junta general de accionistas. Esta junta se convoca por mandato legal una vez al año y, en ella, el consejo de administración y la dirección de la compañía rinden cuentas ante sus accionistas, que son los propietarios de la empresa. Ser accionista en una empresa otorga derechos como, entre otros, el de voz y voto en la junta así como el derecho a ceder libremente las acciones a otros representantes. Es de este modo que las ONGD, unas mediante compra directa de acciones y otras a través de acciones cedidas, logran que su voz y sus críticas sean escuchadas en el interior de la empresa. Además, el presidente de la transnacional está formalmente obligado a responder a las interpelaciones a las que se le somete.

La meta final que persigue el activismo accionarial es conseguir que las empresas dejen de vulnerar los derechos humanos, sociales y ambientales. Sus objetivos concretos, en cambio, pueden ser varios: por ejemplo, el de hacer visible ante la opinión pública las prácticas irresponsables que la empresa está llevando a cabo, esperando que dicha repercusión negativa sobre su marca provoque en los accionistas la necesidad de forzar un cambio de rumbo en las políticas de la compañía. También puede servir para intentar que la empresa incorpore un departamento de RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) y un código ético de conducta; o denunciar directamente ante sus responsables las prácticas nocivas que la empresa realiza, exigiendo además explicaciones, y buscando a la vez un diálogo con la empresa, para lograr mejoras plausibles en su actuación y gestión, así como la restitución a los y las afectadas.

Algunos ejemplos

El activismo accionarial es una práctica que comienza en los años setenta en el mundo anglosajón —en Estados Unidos aparece ya en el año 1933— aunque al Estado español no llegará hasta el año 2001. La importó Setem, la ONGD que más lo ha practicado y que cuenta, desde 2005, con acciones de las empresas Inditex y Adolfo Domínguez. Desde hace una década, Setem acude cada año a la junta anual de accionistas de Inditex para reclamar mayor compromiso social a la compañía. Setem, en el marco de su campaña Ropa Limpia, ha denunciado en esas juntas de accionistas la explotación laboral a través de subcontratas en la fabricación de ropa de Zara, Oysho, Massimo Dutti, Pull & Bear y otras marcas del grupo Inditex; también ha exigido —y conseguido tras dos años insistiendo— la indemnización a las familias de las 64 víctimas de un incendio en una fábrica de una subcontrata de la multinacional en Bangladesh. La insistencia de Setem ha provocado que el grupo Inditex haya creado un departamento de RSC que se ha unido a la Ethical Trade Initiative, organismo independiente que tiene el objetivo de promover y mejorar los códigos de conducta en las cadenas de producción. De todas formas, se ha demostrado que tener un departamento de RSC no es garantía de mucho. Ejemplo de ello es que en el año 2012 el grupo Inditex no garantiza los derechos humanos y laborales de las personas que trabajan en las empresas subcontratadas en Marruecos.

Otro ejemplo de activismo accionarial lo representan las campañas “BBVA sin armas” y “Banco Santander sin armas” llevadas a cabo por el Centre Delàs de Justícia i Pau junto con el Observatorio de la Deuda en la Globalización y Setem. Estas campañas han denunciado ante la junta general de accionistas del año 2012 la participación del BBVA y Santander en el negocio de las armas a través de la participación en empresas armamentísticas, concesión de créditos y préstamos, y otros instrumentos financieros, así como sus inversiones en proyectos con graves impactos sociales y ambientales. En concreto, se ha acusado a estos bancos de participar en la financiación de armas nucleares y bombas racimo, así como de la financiación de represas con alto impacto social y ambiental. La respuesta de las entidades bancarias ha sido escueta y, en el caso del Banco Santander, éste ha negado las incriminaciones de las que ha sido objeto.

Otra ONGD que practica el activismo accionarial es Intermón Oxfam, que lleva años presionando a Repsol para que respete los derechos de los PUEBLOS INDÍGENAS en los lugares donde explotan pozos de petróleo, particularmente en Bolivia y Perú. Su intención era que Repsol apruebe unas normas de conducta que respeten los derechos de los PUEBLOS INDÍGENAS internacionalmente reconocidos, tales como los referidos a tierras, recursos vitales o salud. Con su intervención en la junta anual de 2008, Intermón Oxfam consiguió que Repsol se comprometiera a debatir con ella una declaración sobre principios y derechos de los PUEBLOS INDÍGENAS, aunque la norma resultante, aprobada en noviembre de 2011, fue calificada como vaga e imprecisa por Intermón Oxfam, y aunque la compañía a día de hoy esté operando en el Bloque 39 en Perú, en el que hay comunidades indígenas en aislamiento voluntario. No obstante, Intermón Oxfam en sus comunicaciones oficiales está satisfecha con la utilidad de sus intervenciones.

Efectividad

Entre las mismas ONGD existe variedad de opiniones sobre la efectividad del activismo accionarial. Algunas de las que lo practican aseguran que es efectivo, puesto que se consiguen avances a largo plazo en el mayor compromiso social y ambiental de las grandes corporaciones. Otras, sin embargo, opinan que sin el establecimiento a nivel supranacional de un marco de obligado cumplimiento para las transnacionales y la creación de instrumentos que permitan verificar que se respeta, es muy difícil que la presión de las ONGD consiga producir cambios significativos en la responsabilidad social de estas compañías. Además, consideran que el diálogo social con las empresas puede ser contraproducente para los intereses de las ONGD, llegando a tener el efecto contrario al deseado; es decir, que las grandes empresas las utilicen para mejorar su reputación empresarial insertando en la opinión pública ideas y discursos que contrarresten las posibles denuncias que pudieran estar recibiendo desde la sociedad civil o desviándola hacia otros temas que a la empresa le interesen. Así, el diálogo social que el activismo accionarial trata de buscar puede servir a las empresas para hacer presión sobre los grupos de interés y manipular los temas sobre los que debatir; detectar los futuros riesgos y ganar en conocimientos sobre temas críticos; retrasar las posibles acciones de denuncia con la excusa de estar dialogando y eludir cambios estructurales que limitarían sus capacidades para generar negocio. Todo ello debido en gran parte a que el diálogo que se establece es totalmente asimétrico, dado el poder de negociación que unos y otros poseen.