Privatización

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La privatización es entendida formalmente como la transferencia de empresas o actividades públicas que pertenecían al Estado al SECTOR PRIVADO. Es uno de los pilares de la doctrina neoliberal, que se fundamenta en el principio de entregar la economía a la lógica del mercado y llevar al Estado a su mínima expresión. Así, la progresiva mercantilización de todos los aspectos de la vida de las personas avanza para maximizar el beneficio para la empresa privada.

La privatización puede realizarse a partir de diferentes políticas: por medio de la venta de la propiedad de los activos públicos al SECTOR PRIVADO; a través de concesiones y contratas públicas para la provisión de bienes y servicios; mediante la liberalización del monopolio estatal de los MERCADOS. La extensión de estas medidas ha determinado que, en la actualidad, las EMPRESAS TRANSNACIONALES controlen, bajo las reglas de la globalización neoliberal, una gran parte de los bienes y servicios que necesita la población: la energía, el transporte, la alimentación, la industria, las telecomunicaciones, las finanzas... Pero no siempre ha sido así: a lo largo del siglo XX ha ido modificándose el papel del Estado en la economía y ha ido creciendo el poder de las grandes corporaciones privadas.

Historia de las privatizaciones

Hasta la crisis de los años veinte del pasado siglo, el liberalismo económico diseñó una serie de políticas para que las compañías privadas tuvieran un papel preponderante en la economía y favoreció la creación de las grandes EMPRESAS TRANSNACIONALES. En cambio, en la década de los treinta, en respuesta a la crisis de 1929 y a la creación de la Unión Soviética, la presencia del Estado en la economía se incrementa de forma importante a través de la NACIONALIZACIÓN de sectores estratégicos como la energía, las finanzas y el transporte, entre otros. Y se inicia entonces, bajo el paradigma keynesiano, un fuerte proteccionismo de las economías nacionales, así como la industrialización para la sustitución de importaciones, llevada a cabo en determinados países de América Latina —Argentina, Chile y Brasil, entre otros—, que dieron lugar a grandes empresas públicas.

De nuevo una crisis influye de manera determinante en la posición del Estado en la economía: a finales de la década de los setenta, la reducción de la tasa de ganancia en los países centrales y, en los ochenta, la crisis de la deuda en los países periféricos fueron aprovechadas por las escuelas neoliberales —encabezadas por Friederich Hayek y Milton Friedman— para imponer el paradigma neoliberal, cuyas principales medidas se incluían en el CONSENSO DE WASHINGTON. Dentro de ellas se encontraban las privatizaciones, «el principal instrumento de la acumulación por desposesión» según David Harvey. Y es que las crisis han representado excelentes oportunidades para el avance de las privatizaciones, ya que la aplicación de la “doctrina del shock” permite llevar a cabo estas medidas sin un fuerte rechazo social. Un ejemplo, en este sentido, es el programa de privatizaciones que la troika —la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo— le ha impuesto a Grecia y que llevará a que, en 2015, el país heleno haya privatizado el equivalente al 34,3% de su PIB.

Se pueden definir sucesivos períodos de privatización en función de los sectores que se ponen a disposición de las empresas privadas. En primer lugar, se realizaron grandes privatizaciones en el sector industrial; a continuación, especialmente en la década de los noventa, se transfirieron al SECTOR PRIVADO las empresas de SERVICIOS PÚBLICOS como telecomunicaciones, electricidad, transporte, etc.; la tercera oleada de privatizaciones está avanzando con la mercantilización de servicios básicos como la sanidad y la educación; finalmente, en los últimos años se está intensificando la privatización de BIENES COMUNES como el agua, la tierra, la biodiversidad, el conocimiento...

Promesas y realidad de las privatizaciones

Entre los argumentos habituales a partir de los cuales los gobiernos han intentado legitimar sus políticas privatizadoras suelen encontrarse: la teórica mejora de la eficiencia en la gestión y de la calidad del servicio, debido a la libre competencia entre empresas; la reducción de irregularidades y corrupción; la reducción del gasto público por parte del Estado. En cambio, las consecuencias de las privatizaciones, tanto en los países centrales como en los periféricos, han mostrado que no se ha cumplido lo prometido.

La gestión privada como garante de la honestidad en la actividad económica ha sido puesta en cuestión en numerosas ocasiones a partir de la denuncia de graves DELITOS ECONÓMICOS. Algunos ejemplos, en este sentido, son las irregularidades en la privatización de la petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) con el gobierno de Menem, que significó una pérdida de 10.000 millones de dólares para la población argentina, o las privatizaciones fraudulentas que se produjeron durante los primeros años de la dictadura de Pinochet en Chile y representaron una merma de 6.500 millones de dólares en las arcas estatales. La pérdida del control público en las actividades empresariales es otro elemento más a añadir a la lista de factores que contribuyen a dejar impunes los DELITOS ECONÓMICOS.

La privatización ha supuesto el cambio en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos en la provisión de bienes y servicios, y se ha transformado en una relación entre productores y consumidores, independientemente de si los bienes y servicios necesitan gestionarse con criterios de universalidad, equidad y no priorizando el beneficio privado. Uno de los trabajadores despedidos tras la compra de la Empresa de Telecomunicaciones de Colombia por parte de Telefónica explicaba la privatización de esta manera: «Antes los dueños de la empresa eran 45 millones de colombianos, ahora la maneja un grupito de ricos que nunca van a conocer Colombia; por eso, la razón de ser de la empresa ya no es la de brindarle comunicación a la gente, sino la de hacer todo el dinero que se pueda a costa de ella». En este contexto, las privatizaciones impactan directamente sobre los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Además, en numerosas ocasiones y especialmente en el ámbito de los SERVICIOS PÚBLICOS, se crean mercados controlados por una empresa (monopolio), como ocurrió durante entre 1999 y 2001 en Bolivia con la gestión privada de las pensiones a cargo del BBVA, o por un grupo de empresas (oligopolio), como es el caso del sector eléctrico a nivel global, prácticamente en manos de las trasnacionales francesas EDF y GDF Suez, la alemana EON, la italiana Enel y la china State Grid. El resultado final son escenarios en los que tienen lugar prácticas de manipulación de los MERCADOS para incrementar sus márgenes de beneficio. No es de extrañar que, en este contexto, solamente el 36% de la población latinoamericana se considere satisfecha con el resultado de la privatización de los SERVICIOS PÚBLICOS; así lo atestiguan los datos del Latinobarómetro de 2011, que muestran que el país con mayor descontento sobre este respecto —a pesar de que habitualmente suele mostrarse como un ejemplo del éxito de las privatizaciones— es Chile.

Debates sobre la gestión pública

El fuerte rechazo social a la privatización en numerosos países periféricos y centrales, así como los sonados fracasos de la gestión privada que han sido resueltos mediante la inyección de presupuestos públicos, han llevado a las EMPRESAS TRANSNACIONALES a cambiar de estrategia: ahora, las ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS y las compañías de capital mixto se presentan como la solución para reimpulsar las privatizaciones. Así, es el Estado quien se presenta públicamente como gestor para dirimir los posibles conflictos que pueda generar la compañía privada, y es también el Estado el responsable de asegurar la financiación, aunque el reparto de beneficios favorezca de nuevo a la parte privada. Según esta fórmula, efectivamente, es la solución, para las grandes corporaciones, que pueden así evitar la deslegitimación y aumentar la rentabilidad de sus operaciones. Por último, la lógica neoliberal también es aplicada por los gobiernos —ya sean neoliberales o socialdemócratas— a la gestión pública, por eso se cambia la razón de ser de una empresa pública, que era la de garantizar el interés público en la prestación de un servicio o en la producción de un bien, al de una empresa cuyo objetivo prioritario es el lucro. Así ha ocurrido con la petrolera china Sinopec o con la brasileña Petrobras, que han orientado su actividad al mercado mundial y que son muy agresivas en sus inversiones globales, mientras en sus propios países existe una enorme inequidad en el acceso a la energía básica que garantice una vida digna.

La propiedad, por sí sola, no garantiza la función pública de una empresa o un servicio: existen innumerables casos de empresas de propiedad pública que actúan en función de intereses de capitales privados. Por ejemplo, ISA, cuya propiedad es mayoritariamente del Estado colombiano, realiza grandes inversiones en redes de transporte eléctrico en otro países de América Latina, creando las bases de un mercado eléctrico regional que beneficia de manera clara a unas cuantas compañías generadoras y multinacionales comercializadoras, entre las cuales están Gas Natural Fenosa e Iberdrola, mientras que en Colombia el servicio de electricidad con deficiente calidad apenas llega a la mitad de las zonas rurales del país. Por esta razón, la reivindicación de la gestión pública va más allá de la propiedad y alude a la universalidad, la equidad y la justicia que debe asegurar.

 


BIBLIOGRAFÍA:

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