Alianzas público-privadas

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Las alianzas público-privadas son una herramienta de colaboración entre el sector público y el SECTOR PRIVADO con el fin de llevar a cabo proyectos, programas o prestar servicios que tradicionalmente han sido proyectados y suministrados por las administraciones públicas, tales como los relativos a los servicios sociales, abastecimiento de SERVICIOS PÚBLICOS e infraestructuras, entre otros. En la cooperación para el desarrollo, las alianzas público-privadas no sólo facilitan la PRIVATIZACIÓN de las políticas dedicadas a la solidaridad y a la justicia social, sino que validan el discurso que considera a las EMPRESAS TRANSNACIONALES como actores fundamentales en la lucha contra la pobreza.

Más allá de la licitación, la contratación, la provisión de servicios específicos o de la gestión privada de recursos públicos, las alianzas público-privadas (APP) son acuerdos estratégicos entre los organismos gubernamentales y las empresas para, según sus impulsores, lograr la consecución de metas comunes. Otros autores matizan esta definición y consideran que las APP son contratos de actuación conjunta que permiten a ambas partes alcanzar sus propios objetivos, que no tienen por qué coincidir. De hecho, desde el análisis más crítico se hace hincapié precisamente en la divergencia entre los objetivos de las políticas públicas (proyectar y suministrar servicios que redunden en el bienestar de los ciudadanos) y los objetivos empresariales (la obtención de un beneficio privado). Las alianzas público-privadas son, desde este punto de vista, una herramienta que facilita la PRIVATIZACIÓN de los SERVICIOS PÚBLICOS y bienes comunes y que, al mismo tiempo, desplaza los fines de las políticas públicas hacia los intereses de rentabilidad del mundo empresarial.

Las alianzas público-privadas para el desarrollo

En la última década este tipo de alianzas han cobrado un peso de vital importancia en la agenda global de desarrollo y en las políticas de la lucha contra la pobreza. Tanto es así que los acuerdos estratégicos entre el sector público y el privado en el marco de las políticas de cooperación se denominan “alianzas público-privadas para el desarrollo” (APPD).

Si, como hemos señalado, el SECTOR PRIVADO ha venido participando en las políticas públicas, y específicamente en las de cooperación al desarrollo, mediante diferentes herramientas y con diferentes grados de implicación —licitaciones, subcontrataciones, ayuda ligada, créditos, etc.— , es en la última década cuando su protagonismo se ha hecho más patente. Las APPD se han convertido en una herramienta fundamental que formaliza y legitima la entrada de las grandes empresas como actores protagonistas en la lucha contra la pobreza. Estas alianzas se insertan dentro de un paraguas conceptual más amplio: el paradigma de la RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA y del “capitalismo inclusivo”, que sustenta la participación de las corporaciones transnacionales en el mundo de la cooperación al desarrollo. En ello ha tenido mucho que ver el trabajo de LOBBY de las empresas transmitiendo la idea de que las transnacionales pueden estar al servicio de las personas con menos recursos. Por último, además de las multinacionales y los estados hay un tercer vértice que son las ONGD, necesarias para la implementación exitosa de las APPD por sus contactos, su experiencia y su know-how.

Hoy por hoy, prácticamente todas las agencias de cooperación de los países donantes y los organismos internacionales dedicados al desarrollo incorporan estas herramientas de integración del SECTOR PRIVADO. Esta nueva agenda para el desarrollo se formalizó a partir de la creación del Global Compact (Pacto Mundial) de NACIONES UNIDAS, impulsando la idea de que el sector empresarial debe ser, según esta organización multilateral, un actor principal en la erradicación de la pobreza y, como dice el Objetivo del Desarrollo del Milenio nº 8, en «fomentar una alianza mundial para el desarrollo».

Las APPD en la cooperación española

Las cumbres y foros internacionales sobre desarrollo que se han realizado en la pasada década —sobre todo, en los Foros de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda de París (2005), Accra (2008) y Busan (2012), así como en las cumbres sobre financiación del desarrollo de Monterrey (2002) y Doha (2008)— han servido para sostener teóricamente y promover las alianzas público-privadas para el desarrollo. Siguiendo las directrices marcadas por la agenda internacional, las agencias de cooperación de diversos estados han creado también organismos específicos para el desarrollo de las APPD y muchas de ellas han adaptado sus mecanismos de financiación para facilitar la incorporación de los actores privados con ánimo de lucro.

En el caso español, en el II Plan Director de la Cooperación española (2005-2008) ya se incluían las menciones a las «iniciativas de colaboración entre el sector público y el SECTOR PRIVADO» con el fin de «conjugar los esfuerzos de la empresa privada y del Estado para la consecución de objetivos de desarrollo en los países socios». Pero es en el III Plan Director (2009-2012) donde se concretó la línea estratégica de «fomentar el diálogo, la coordinación y la acción conjunta entre el SECTOR PRIVADO, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil». Para ello se propone el uso de las APPD.

Los primeros casos prácticos de alianzas público-privadas para el desarrollo en la cooperación española ya están en marcha: el ejemplo más importante de APPD es el de la que están llevando a cabo la secretaría de Estado de Cooperación, tres grandes empresas (Telefónica, BBVA y Santillana) y cuatro ONGD (Ayuda en Acción, Ecología y Desarrollo, Entreculturas-Fé y Alegría, Solidaridad Internacional) en la región peruana de Acobamba, proyecto para el que se han destinado 6 millones de euros. Otros ejemplos de alianzas público-privadas que, en la actualidad, está desarrollando la AECID son la iniciativa “Salud 2015 Mesoamérica” —promovida por Carlos Slim y Bill Gates, los dos hombres más ricos del planeta— o el apoyo mediante créditos a Progresa Capital en Colombia.

¿Beneficios por igual para ONGD, sector público y privado?

Según sus impulsores las APPD son una propuesta “win-win”, en ella todos obtienen ganancia. En primer lugar, el “público objetivo” de la cooperación para el desarrollo, la población empobrecida, que se beneficiaría de un crecimiento económico gracias a la incorporación de la visión empresarial y la INNOVACIÓN dentro de la ayuda oficial al desarrollo. Lo que sucede es que esta premisa es, cuanto menos, discutible si se analizan los altos niveles de desigualdad en regiones que han tenido un acelerado crecimiento económico y los impactos que ha tenido la INTERNACIONALIZACIÓN en países empobrecidos de las mismas empresas que ahora participan en las APPD. En segundo lugar, se argumenta que tanto el sector público como las ONGD conseguirían a través de las APPD nuevas vías de financiación, conocimientos tecnológicos y recursos de gestión eficaz provenientes del SECTOR PRIVADO. Sin embargo, no se pone en cuestión que dicha financiación provenga mayoritariamente de empresas con demostrada trayectoria de vulneración de los derechos humanos, laborales y medioambientales.

A través de la implementación de las APPD, los estados no solo promueven la PRIVATIZACIÓN de las políticas de cooperación, sino que facilitan y respaldan a través de esta herramienta la expansión exterior de las empresas multinacionales y, lo que es todavía más problemático, les otorgan un valor “social” como “agentes de desarrollo”. Las ONGD, por otro lado, contribuyen a la legitimación social y el lavado de cara de dichas empresas en países en los que su imagen está dañada por sus impactos socioambientales, laborales y en el ámbito de los derechos humanos, además, las ONGD facilitan el acceso de las multinacionales a los sectores empobrecidos ya que ponen sus conocimientos de la población y el país al servicio del SECTOR PRIVADO.

Existe una amplia bibliografía que abunda en el carácter innovador, en la necesidad y en los grandes beneficios de las APPD en la lucha contra la pobreza; sin embargo, incluso entre sus propios partidarios, se reconoce que se carecen de estrategias de medición, monitoreo y evaluación de los impactos de los proyectos que ya se han implementado. Ningún estudio ha evaluado ni ha demostrado los beneficios de estas alianzas sobre las que tan prolijamente han teorizado sus precursores.

 


BIBLIOGRAFÍA:

  • CASADO CAÑEQUE, F. (2007): Alianzas público-privadas para el desarrollo, DT nº 9, Fundación Carolina-CeALCI.
  • COMISIÓN EUROPEA (2010): “Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible”, Libro Verde, COM (2010) 629 final.
  • DGPOLDE (2010): “Crecimiento económico y promoción del tejido empresarial”, Documento de estrategia sectorial, Dirección General de Políticas de Desarrollo.
  • MATAIX, C.; SÁNCHEZ, E.; HUERTA, M.A. Y LUMBRERAS, J. (2008): Cooperación para el desarrollo y alianzas público-privadas. Experiencias internacionales y recomendaciones para el caso español, DT nº 20, Fundación Carolina-CeALCI.
  • RAMIRO, P. Y PÉREZ, S.M. (2011): “Sector privado y cooperación al desarrollo: empresas, gobiernos y ONG ante las alianzas público-privadas”, Boletín de recursos de información, nº 28, Centro de Documentación de Hegoa.