Bienes comunes

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Un bien común es aquel de acceso universal, de gestión democrática, cuyo uso se sostiene en el tiempo y que es de titularidad colectiva. Por lo tanto, un bien común no es un bien privado ni un bien público. Esta diferenciación es importante puesto que la propiedad privada se basa en la capacidad de unos individuos frente a otros de excluir del uso, o del beneficio, a unos determinados recursos, mientras la propiedad pública sitúa en el ámbito de los gobiernos la gestión y la decisión de quien tiene acceso a los bienes.

Un bien común comprende una serie de recursos —físicos como el agua o virtuales como el conocimiento— que son gestionados por una comunidad —que también puede ser física o bien virtual— de acuerdo a una serie de normas acordadas democráticamente. Un bien común implica que todos los individuos de la comunidad tengan derecho a hacer uso u obtener beneficios de un determinado recurso. Es decir, que un bien común, para que lo sea, debe estar disponible para toda la comunidad y su uso por una persona no debe impedir que lo utilice el resto. O, dicho en una terminología más técnica, que no sea excluyente y no conlleve rival.

De esta manera, un bosque gestionado comunitariamente podría ser un bien común, ya que está a disposición de toda la comunidad y su uso adecuado no impediría su disfrute por las generaciones futuras. Otros bienes comunes de carácter más universal podrían ser el viento, la arena de la playa y los rayos del Sol; el entorno, en definitiva. Pero también podrían ser bienes comunes el conocimiento y el sistema sanitario.

La clave está en la gestión

Que algo sea un bien común no es debido a una característica intrínseca que posea, sino que tiene que ver sobre todo con la gestión que se haga de ese recurso. El bosque no podría ser considerado un bien común sin añadir la coletilla de «bajo un uso sostenible y comunitario». Realmente, bienes como los bosques pueden llegar a degradarse, a reducir su cantidad disponible o a ver mermada su calidad, si mucha gente pasea por ellos de forma indiscriminada o si se permite la tala masiva. Otro ejemplo podría ser el de la educación, ya que la masificación de las aulas (uso no excluyente) supondría una disminución de la calidad de la educación impartida (conllevaría rival). En el caso del conocimiento, las patentes son un ejemplo claro de enajenación privada de este bien común.

De este modo, es necesaria una adecuada gestión de los recursos y de los servicios para que puedan ser considerados bienes comunes. Esta gestión implica la existencia de algunas claves como las siguientes.

La primera, garantizar el acceso a los bienes, al menos, por parte de toda la comunidad que los gestiona. La no exclusividad quiere decir que no es posible discriminar, mediante los precios, quiénes lo disfrutarán y quiénes no, puesto que los bienes comunes o no tienen precio o este es asumible por todas las personas. Además, el derecho de uso se produce con independencia de si se contribuye o no a su mantenimiento o a su protección.

En segundo lugar, hay que conseguir la sostenibilidad del recurso en el tiempo. Para ello debe existir una limitación en la utilización de determinados recursos hasta los niveles en los que la naturaleza pueda reponerlos. De este modo, si no conservamos nuestro entorno, estamos excluyendo a parte de la población presente y futura del disfrute de dichos bienes. Por ello se debe legislar en este sentido y garantizar el respeto a las normas en pro de la consecución de este fin. Esto no es limitar nuestra libertad, es incrementarla. La sostenibilidad del bien común implica una responsabilidad colectiva e individual por el mantenimiento de dichos bienes.

Asimismo, los bienes comunes han de gestionarse desde la colectividad de forma democrática: es una falacia que la gestión privada sea la más adecuada para el conjunto. Es una mentira basada en observar solo un pedazo pequeño de la realidad —el que tiene que ver con la tasa de beneficios individuales— o, en el mejor de los casos, de un reducido porcentaje de la población. Es verdad que una gestión privada de un negocio, si se hace bien, genera pingües beneficios para quienes lo poseen, pero si abrimos la mirada descubrimos que la búsqueda del beneficio individual ha provocado un incremento continuado de las diferencias a nivel planetario y de la degradación ambiental.

Uno de los aspectos más repetidos en la literatura neoliberal es el de la “tragedia de los comunes”, que argumenta que en una gestión colectiva todo el mundo busca su beneficio individual lo que conlleva, inevitablemente, el agotamiento del recurso. Sin embargo, esta teoría no se sostiene con los hechos: los recursos gestionados colectivamente —como es el caso de territorios indígenas— se han conservado en general mucho más que los privatizados, sujetos a la ley de maximizar el beneficio. De este modo, la gestión común es intrínsecamente más adecuada que la privada, porque es la que permite una mirada compleja sobre distintas facetas. Es la que posibilita planificar a largo plazo. Es la única que puede tener en cuenta más factores y no solamente los de crecimiento (en el marco económico en el que estamos). Y solo con ella es posible una gestión social y democrática. Obviamente, la gestión democrática es difícil, pues implica la búsqueda de consensos y la inclusión en las discusiones no solo de quienes tienen más conocimientos técnicos, sino también de quienes son meramente usuarios e, incluso, de la proyección de las opiniones de las generaciones futuras.

Finalmente, se trata de convertirlos en inalienables. Por su propia naturaleza, un bien común no se puede vender en el mercado, no es privatizable. No tiene valor de cambio, sino valor de uso.

La lucha por los bienes comunes

En sus inicios, el capitalismo se basó, entre otros factores, en la apropiación privada de toda una serie de bienes que eran comunes. Fueron los cercamientos de tierras comunales para convertirlas en privadas o la enajenación de los recursos naturales durante la colonización de América. También el control de la información y del conocimiento por las élites gobernantes, del mismo modo que el trabajo de cuidados realizado por las mujeres. Sin embargo, esta apropiación de los bienes comunes ha sido un continuo en la historia del capitalismo, pues ha supuesto una de las maneras de sostener las tasas de crecimiento.

Con el capitalismo, una de las funciones que adquirió el Estado fue ayudar a la reproducción de la fuerza de trabajo. De ahí, y después de muchas luchas sociales, surgieron los SERVICIOS PÚBLICOS que, en el caso del Estado del bienestar, tuvieron algunas de las características de los bienes comunes, acercándose a la universalidad, a una cierta inalienabilidad y, a veces, a una gestión sostenible.

Sin duda, uno de los elementos clave en la historia del capitalismo ha sido la gestión de los bienes. Por una parte, se daba la resistencia a su PRIVATIZACIÓN y, por otra, el intento de volver a hacer comunal lo que había sido enajenado. Este proceso continúa hoy en día: la mercantilización, previa PRIVATIZACIÓN, de bienes comunes y públicos está siendo una de las principales herramientas que está usando el capital para intentar mantener su tasa de beneficios en tiempos de crisis.

Un ámbito que se ha recuperado, en parte, para lo común ha sido el del conocimiento. Además, es una arena en la que se están ensayando numerosas experiencias de gestión y construcción de lo común, como Wikipedia. Del mismo modo, este terreno está siendo también objeto de dura disputa e intento de enajenación y control.

Un segundo ámbito de enfrentamiento está siendo el proceso de PRIVATIZACIÓN de los SERVICIOS PÚBLICOS, con la educación y la sanidad a la cabeza. Pero el proceso no es solo de PRIVATIZACIÓN, sino también de limitación de su acceso a porcentajes crecientes de la población.

Y un tercer elemento central hoy en día es la PRIVATIZACIÓN de los recursos naturales, cada vez más escasos en un marco de crisis ambiental. Son sonados los casos del agua, de la tierra (con todo el proceso de acaparamiento) y de la biodiversidad. Para que esto sea posible primero es necesaria su valoración monetaria y, posteriormente, la creación de nuevos MERCADOS con los que sacar beneficio económico a la PRIVATIZACIÓN. Ahí está, sin ir más lejos, el de derechos de emisiones de CO2.

De este modo, lo que es escaso, lo que es frágil, lo que es fundamental para nuestra supervivencia, lo que está en el centro de políticas de justicia social, lo que puede ser una herramienta de poder, lo que implica una responsabilidad con el resto de seres vivos, lo que es clave para la evolución social... no puede ser privado, sino que debe ser de titularidad colectiva. Ante esto surge la necesidad de (re)construir una economía basada en los bienes comunes.

 


BIBLIOGRAFÍA:

  • FEDERICI, S. (2010): Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Traficantes de Sueños, Madrid.
  • HARVEY, D. (2004): El nuevo imperialismo, Akal, Madrid.
  • MADRILONIA (2012): Carta de los Comunes, Traficantes de Sueños, Madrid.
  • OSTROM, E. (1990): Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press.
  • SABÍN, F. (2012): “Los comunes como hipótesis política y práctica comunitaria”, Éxodo, nº 114.
  • SUBIRATS, J. (2011): Otra sociedad, ¿otra política?, Icaria, Barcelona.