La ampliación constante del espacio en el que opera el capital, proceso mejor conocido como mundialización o globalización, incrementa la presión para mercantilizar y privatizar los servicios públicos. Éstos son, por definición, opuestos a la propiedad privada, pues son gestionados por el Estado y tienen como objetivo servir a los intereses generales de la población. Actualmente, su continuidad como tales servicios públicos es objeto de importantes debates.

Un concepto en permanente evolución

La definición de servicio público supone la exclusión de la iniciativa privada en su desarrollo. Asimismo, un servicio público debe funcionar de forma continua y regular, es necesario que se adapte a las necesidades de la ciudadanía y tiene que ser prestado bajo la óptica del principio de igualdad. Así, lo “público” implica que nadie debe quedar excluido de su acceso. Este aspecto es crucial, ya que la gestión del servicio debe subordinar la rentabilidad al interés público en prestaciones tan importantes para tener una vida digna como la formación, la educación, la protección sanitaria y social, los transportes, el agua. Por lo tanto, resulta fundamental para fomentar la cohesión social, económica y territorial.

Los conceptos de servicio público y de BIEN COMÚN han evolucionado con el tiempo. Justiniano, emperador de Bizancio, hablaba de «cosas comunes a la humanidad» para referirse al agua y la tierra. Durante el imperio romano, uno de los tres tipos de propiedad reconocidos eran los res comunes, en tanto que en la Inglaterra precapitalista los commons fueron una de las formas de organización de los agricultores. Que los bienes y servicios sean considerados comunes o públicos es, en parte, el efecto de las luchas y RESISTENCIAS sociales que exhiben los límites del mercado como supuesto centro del “equilibrio social”, o que impiden que éste se apodere y restrinja su uso y consumo.

A partir de los años ochenta del siglo pasado, la generalización de la contrarrevolución conservadora, conocida como neoliberalismo, permitió que la producción capitalista se globalizara, acentuando así la presión para reducir el espacio colectivo y atacar los servicios públicos.

Amenazas al “interés colectivo”

Basadas en un discurso aparentemente universalista —la generalización del derecho de acceso— las corporaciones transnacionales, con el apoyo de los gobiernos y la complicidad de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, promueven permanentemente la PRIVATIZACIÓN de bienes y servicios públicos como el agua, la salud o la tierra. Si entre 1990 y 1995 el Banco Mundial concedió 21 préstamos condicionados a la PRIVATIZACIÓN del agua, entre 1996 y 2002 estos ascendieron a 66.

En el año 2000, la PRIVATIZACIÓN del agua en Cochabamba (Bolivia), en favor de Aguas del Tunari —filial de la estadounidense Bechtel y la española Abengoa—, produjo la conocida “Guerra del agua”, en pleno siglo XXI. Dos años después, en Santa Fe, Argentina, la PRIVATIZACIÓN del “oro azul” a manos de la francesa Lyonnaise des Eaux generó una masiva movilización nacional. En estos casos, como en los otros procesos de PRIVATIZACIÓN del agua en el mundo, aparecen varias constantes para justificarlos: la “ineficiencia” del servicio público encargado de gestionar el bien, la garantía de un “acceso asegurado”, de un “precio justo”, etc. La principal transnacional en el mundo que extrae de la mercantilización del agua sustanciales ganancias es Veolia (Francia); tras ella, RWE (Alemania) y United Utilities (Reino Unido) también se encuentran entre las principales corporaciones que controlan gran parte del mercado mundial del agua.

Los acuerdos de libre comercio impulsados por la Unión Europea (UE), los Estados Unidos y gobiernos como los de México, Colombia y Chile, entre otros, son importantes plataformas desde las que se promueve la desregulación y la PRIVATIZACIÓN de servicios públicos. Es el caso del acceso a la salud o incluso la educación, dos servicios convertidos en jugosas mercancías. El Tratado de Lisboa —compuesto por el tratado sobre la UE, la carta de derechos fundamentales, otros tratados y decenas de protocolos y anexos— plantea de forma reiterada la «competencia libre y no falseada» como eje rector de las políticas internas al bloque económico europeo. Tal principio sirve a la Comisión Europea y a los gobiernos liberales para promover la PRIVATIZACIÓN de los servicios públicos dentro de su espacio.

Privatización vs. estatización. Gestión de los servicios públicos

La lucha contra la PRIVATIZACIÓN de los servicios públicos es un proceso social, con avances y retrocesos. La crisis en Europa ha servido de punta de lanza a las transnacionales y a organismos como el FMI o la Comisión Europea para privatizar distintos bienes y servicios como el correo, la generación de electricidad, los hospitales o el abastecimiento y saneamiento de agua, entre otros. Frente a este proceso, el trabajo de movimientos como la Asociación por un Contrato Mundial del Agua sirvió para impulsar una movilización internacional que condujo a las NACIONES UNIDAS a reconocer en 2011 el acceso al agua como un derecho universal.

En años recientes, ha surgido la discusión sobre cómo gestionar y cómo regular los servicios públicos en un contexto donde el sacrificio del interés público se da en dos sentidos: por un lado, la gestión pública prioriza la maximización del beneficio en la actividad y, en función de eso, modifica las instituciones prestatarias asemejándolas a empresas privadas; por otro, los propios estados son funcionales a los intereses de las compañías privadas y, en lugar de velar por el bienestar de la mayoría de la ciudadanía en servicios de primera necesidad, aprueban con celeridad políticas liberalizadoras y privatizadoras.

La incapacidad del capitalismo para gestionar correctamente los problemas de la humanidad se evidencia con la crisis sistémica —económica, social y ambiental— que el mundo padece en la actualidad. Pero también es cierto que la estatización de los servicios en nombre del “interés común” no siempre ha producido resultados positivos, dado que en algunas ocasiones se ha mantenido la opacidad en la gestión para encubrir casos de corrupción política. En este sentido, deberían existir mecanismos de control ciudadano para avanzar hacia una mayor transparencia, democracia y participación pública. También el Estado ha contrapuesto, en determinados momentos, dicho “interés común” a los derechos de minorías, como los PUEBLOS INDÍGENAS y las personas migrantes, y a la protección del medio ambiente. De ahí la necesidad de buscar nuevas opciones tanto en el terreno del Derecho, que eviten su alienación, como en el de la regulación social, que asegure un beneficio mutuo y accesible en condiciones de igualdad a la humanidad.