Cooperación empresarial

La agenda de la cooperación internacional, que ha venido definiéndose a lo largo de la última década, viene hoy marcada por un hecho decisivo: la toma en consideración de las grandes corporaciones como uno de los sujetos principales para el diseño y la aplicación de las estrategias de desarrollo. En este contexto, la cooperación empresarial aparece con fuerza como una de las principales modalidades impulsadas por la nueva agenda global de desarrollo, enmarcándose en ella todas las políticas de cooperación internacional que se orientan a favorecer la expansión de los negocios de las compañías multinacionales.

En la primavera del año 2011, por vez primera en la historia de la cooperación española, la AECID hacía pública la puesta en marcha de una línea específica de financiación de «cooperación empresarial para el desarrollo»: «Para el progreso de los países no basta con los recursos e instrumentos tradicionales de la ayuda oficial al desarrollo empleados hasta ahora», decía entonces la agencia española de cooperación. Y para justificar la apertura de esta convocatoria especializada en empresas y fundaciones empresariales, destacaba «la importancia del crecimiento económico y el capital privado como aspectos clave para la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones vida de los más desfavorecidos». De esta manera, certificando el proceso de profundos cambios estructurales que ha venido sufriendo la agenda de desarrollo en los últimos tiempos, puede decirse que quedaba así inaugurada una época en la cooperación española: en esta nueva fase, las grandes corporaciones transnacionales adquieren, dentro de las estrategias para lograr un “crecimiento inclusivo” que pueda contribuir a la erradicación de la pobreza, un papel central como “agentes de desarrollo”.

La evolución de la agenda de cooperación internacional

Con el avance de la primera década de este siglo, las principales instituciones internacionales y las agencias de cooperación de los países centrales han asumido como propia la filosofía del “capitalismo inclusivo”, un esquema de relación triangular entre las empresas multinacionales, las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo con el que trata de culminarse, de una vez por todas, el proceso de PRIVATIZACIÓN de la cooperación. Se trata de «un enfoque con el que los gobiernos, las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro trabajen conjuntamente para extender el alcance de las fuerzas del mercado», concluye Bill Gates.

En esta línea, considerar a las compañías multinacionales como socias fundamentales para el «fomento de una alianza mundial para el desarrollo» —así queda recogido en el objetivo octavo de la Declaración del Milenio— ha pasado a ser el pensamiento dominante en los organismos de desarrollo nacionales e internacionales. Es una evolución que, en palabras del secretario general de NACIONES UNIDAS, se resume en que «antes, la mayoría en la ONU consideraba al SECTOR PRIVADO como parte del problema», dice Ban Ki-moon, pero «hoy, muchos aceptan que la ONU necesita trabajar para convertir a las empresas en parte de la solución para enfrentar la complejidad de los desafíos globales y alcanzar los objetivos de desarrollo».

En las diversas cumbres internacionales sobre desarrollo que se han realizado en la última década se ha ido consolidando un modelo de cooperación que, siguiendo las tendencias marcadas por la OCDE, el Banco Mundial y la Unión Europea, se ha articulado alrededor de la idea del crecimiento económico como elemento vertebrador del desarrollo. Y toda esta evolución de la agenda global de la cooperación se refleja, fundamentalmente, en dos cuestiones. La primera, que en la cooperación pasan a ser prioritarios aquellos ámbitos de actuación considerados como no conflictivos y vinculados a las necesidades sociales básicas: educación, salud, vivienda, agua, saneamiento, infraestructuras sociales; se quedarían fuera de esta lógica los proyectos de derechos humanos, empoderamiento, incidencia y denuncia, entre otros. Junto a ello, se ha otorgado una gran relevancia al SECTOR PRIVADO como “motor de desarrollo”, a través del fomento del tejido económico y empresarial como base del «crecimiento económico para la reducción de la pobreza». Esta dinámica, apunta Fernández Ortiz, «se ha visto reforzada por la hegemonía alcanzada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la cooperación al desarrollo», lo cual ha hecho que la pobreza sea tomada en consideración «por un lado, como una realidad ahistórica y estrictamente nacional y, por el otro, como algo vinculado únicamente con las necesidades sociales básicas, núcleo central de los ODM».

En este marco, las principales agencias de cooperación han puesto en marcha programas de NEGOCIOS INCLUSIVOS con la base de la pirámide, ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS, proyectos para el fomento de los emprendedores y “soluciones de mercado” basadas en la INNOVACIÓN. Para estas instituciones, todos ellos son la aplicación práctica de lo que, a partir de ahora, han de ser las relaciones entre las administraciones públicas y las grandes empresas. Por eso, muchas agencias han creado mecanismos y programas específicos para favorecer a estas compañías: véanse, a modo de ejemplo, los programas Global Development Alliances, de la agencia de Estados Unidos (USAID); DeveloPPP, de la alemana GTZ; Private Sector Department, impulsado por la agencia del Reino Unido (DFID), y la plataforma Inclusive Business, que ha sido constituida por la agencia de Holanda (SNV) junto con la mayor asociación empresarial del mundo. De igual manera, las INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES y los organismos multilaterales también han desarrollado herramientas para trabajar en la consolidación de estas asociaciones entre las empresas y los gobiernos: el Programa de NACIONES UNIDAS para el Desarrollo (PNUD), sin ir más lejos, ha promovido una batería de medidas e instrumentos para fomentar «el impulso del empresariado al servicio de los pobres».

Las grandes empresas en la cooperación española

En sentido estricto, no puede decirse que sea nuevo el hecho de que exista una participación del SECTOR PRIVADO en la cooperación al desarrollo. Desde hace décadas, las grandes empresas han venido interviniendo en las políticas y programas de cooperación a través de licitaciones, subcontratas, ayuda ligada y créditos para facilitar su INTERNACIONALIZACIÓN. En la cooperación española, por ejemplo, es conocido el caso del tan criticado Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) —un instrumento creado hace más de treinta años para apoyar, con cargo a los fondos públicos de cooperación, la expansión internacional de las compañías multinacionales—, recientemente reformado y dividido, a su vez, en dos herramientas específicas: el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), a cargo del ministerio de Industria y Comercio; y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), responsabilidad del ministerio de Asuntos Exteriores. Lo que sí es nuevo, sin duda, es el grado y la intensidad con los que, en los últimos tiempos, se han promovido otros muchos mecanismos e instrumentos al servicio de la expansión del negocio de estas empresas.

En el caso de la cooperación española, la AECID ha previsto distintas vías para la financiación de las asociaciones con el SECTOR PRIVADO, que van desde los instrumentos tradicionales —subvenciones a ONGD a través de convenios y proyectos; subvenciones de Estado bilaterales o multilaterales— a otras herramientas “innovadoras”, como los citados programas de ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS —el primero ejemplo de ellos es el que se está llevando a cabo conjuntamente en Perú entre la agencia española, cuatro ONGD y tres grandes corporaciones como BBVA, Telefónica y PRISA— o las posibilidades de efectuar COOPERACIÓN FINANCIERA mediante el FONPRODE. Asimismo, la AECID ha creado la Unidad de Empresa y Desarrollo, con el objetivo de «integrar al sector empresarial en la agenda del desarrollo» y avanzar en la «creación de redes con empresas y otros actores para intercambio de información e identificación de oportunidades de colaboración». Incluso, como decíamos, se ha abierto una convocatoria específica para empresas: entre los proyectos aprobados en ella figuran, para hacernos una idea, uno de la Fundación Repsol para el «fortalecimiento de los emprendimientos económicos y sociales de las comunidades en zona de influencia de la operación de Repsol YPF Ecuador en la amazonía ecuatoriana», y otro de Energía sin Fronteras —una ONG creada por empresas energéticas como Gas Natural Fenosa, Endesa, Acciona, Cepsa e Iberdrola— para fomentar los NEGOCIOS INCLUSIVOS.

«El SECTOR PRIVADO empresarial tiene mucho que aportar a la generación de desarrollo», decía la AECID para argumentar por qué había decidido impulsar la cooperación empresarial. Sin embargo, apoyar con fondos públicos a multinacionales como BBVA, Repsol y Telefónica no es precisamente un ejemplo de esa «riqueza sostenida e inclusiva, empleo digno y mejora del entorno» de la que habla la agencia española: tal y como se ha venido recogiendo en diferentes investigaciones e informes en la última década, los graves efectos que sobre las poblaciones locales y el medio ambiente han tenido los negocios de estas y otras empresas en muchos de los países en los que operan han sido denunciados en repetidas ocasiones. Y, además, ¿tiene sentido que se subvencionen con fondos públicos los intereses privados de las transnacionales? ¿Es coherente que compañías acusadas de haber cometido graves delitos contra los derechos humanos, ambientales, civiles o laborales, sean las encargadas de marcar la agenda de las políticas oficiales de desarrollo? ¿Qué tipo de desarrollo, y de quién, se está promoviendo de este modo?

Retos y perspectivas de futuro

Con objeto de aumentar su legitimación social, asegurar sus negocios y disponer de mejores conocimientos sobre el terreno, las corporaciones transnacionales necesitan contar también con las organizaciones de la sociedad civil. Por eso, en un contexto marcado por los recortes en los presupuestos públicos de cooperación y por la pérdida de su capacidad de influencia e incidencia política, las ONGD se enfrentan hoy a un debate decisivo: ¿cómo deben ser sus relaciones con las grande empresas? Hay que definirse: ¿colaboración, diálogo, confrontación? Las respuestas que las organizaciones de desarrollo den a estas preguntas van a marcar el futuro de un sector, el de la cooperación internacional, que ya nunca más volverá a ser el mismo.