El denominado Consenso de Washington se refiere al conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los setenta, y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos.

El concepto como tal fue acuñado por el economista británico John Williamson en un artículo publicado en 1989, donde enunciaba una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales determinadas instituciones con sede en Washington —mayormente el FMI y el BM, así como el gobierno y la Reserva Federal de EE.UU.— parecían tener un consenso sobre su necesidad. En términos generales, el entonces nuevo ideario apostaba por un paquete conjunto de políticas económicas como: la lucha contra el déficit público por la vía de reducción del gasto, las reformas para reducir la progresividad impositiva, la PRIVATIZACIÓN de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los MERCADOS de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones a la entrada de INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA y la desregulación de los mercados laborales internos, entre otras.

Influencia sobre la teoría y práctica económica

En la evolución del pensamiento sobre el desarrollo y la consiguiente aplicación de medidas acordes con este, el Consenso de Washington marca un punto de inflexión determinante en la orientación de las políticas económicas para las décadas posteriores, y contribuye significativamente a la creación y consolidación del patrón de globalización neoliberal actualmente dominante. Si bien durante los años setenta el pensamiento sobre el desarrollo logra superar la obsesión previa por el crecimiento económico, las inversiones en infraestructuras y la industrialización como objetivos en sí mismos, pasando a hacer más hincapié en la lógica de la satisfacción de necesidades básicas y la lucha contra la pobreza, las desigualdades o el desempleo, la década de los ochenta establece un giro radical en estos planteamientos, retomando una visión reduccionista del desarrollo como meta a alcanzar y del camino para acceder a este.

Tal y como se desprende de las medidas mencionadas, las principales características de este enfoque han sido: el restablecimiento del mercado como mecanismo central para la asignación de recursos en la economía; la priorización del SECTOR PRIVADO como motor de la economía y la minimización del peso del sector público; la liberalización de mercados y la apertura como estrategia fundamental de inserción en la economía mundial; y la negación de una economía del desarrollo, mediante la utilización de un único análisis y aplicación de recetas universalistas para todas las economías con independencia de su nivel de desarrollo y su contexto particular.

En los países del Norte, este cambio de tendencia se produjo como respuesta a la crisis de los años setenta, mediante políticas restrictivas centradas en la lucha contra la inflación y el déficit público, enfrentándose a las políticas de corte keynesiano aplicadas en la mayor parte de esos países en las décadas anteriores. A este respecto, la llegada al poder de los partidos conservadores en Estados Unidos y Gran Bretaña, de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre otros factores, fue determinante para la puesta en marcha del proceso de liberalización de las economías y de desestructuración del Estado de bienestar emprendido a partir de entonces.

Más allá del giro radical que ello supuso en las políticas económicas de los países del Norte, la influencia de estos en organismos internacionales como el FMI y el BM trasladó directamente estos análisis y políticas a los países del Sur tras el estallido de la crisis de la deuda externa a primeros de la década de los ochenta. La intervención por parte de estos dos organismos trataba de minimizar el riesgo de colapso del sistema financiero internacional por medio de la oferta de financiación a los países deudores del Sur que encontraban grandes dificultades para poder hacer frente a los pagos correspondientes. No obstante, el acceso a financiación por parte de las INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES venía condicionada a la aplicación del ya mencionado conjunto de medidas de política económica, comúnmente conocidas con el nombre de programas de ajuste estructural. La mayor parte de los países del Sur, primeramente latinoamericanos y posteriormente africanos y asiáticos, se vieron obligados a recurrir a la financiación externa de las INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, lo que se tradujo en la imposición generalizada de dichas severas reformas estructurales y duras políticas de austeridad en estos países sobre todo durante las décadas de los ochenta y noventa. La inclusión durante los años noventa de las economías en transición de la Europa del Este y de las antiguas repúblicas soviéticas acabó ampliando el ámbito de actuación de esta agenda neoliberal a la gran mayoría de las economías del mundo.

Críticas y tendencias recientes

Estos paquetes de políticas y sus instituciones promotoras recibieron fuertes críticas como consecuencia de sus graves efectos sociales sobre los sectores de la población más vulnerables, así como por los escasos resultados de sus reformas a la hora de alcanzar uno de sus pretendidos objetivos, esto es, estimular la actividad económica. Todo ello además, en un contexto en el que otros países que no han seguido fielmente las propuestas del Consenso de Washington han obtenido mejores resultados económicos, como Corea del Sur o China, entre otros.

Dichas críticas, lanzadas desde diversos ámbitos de la academia, agencias de NACIONES UNIDAS y amplios sectores de la sociedad civil en los países afectados, llevaron desde mediados de los noventa a una amplia demanda de superar la fase anterior y caminar hacia el que se vino a denominar el post-Consenso de Washington. Desde esta perspectiva, se criticaba la fe ciega en el ideario neoliberal y en sus recetas universalistas, acuñándose conceptos como “fundamentalismo de mercado” para explicar esta tendencia que tanto se ha extendido por todo el mundo en los últimos treinta años. A este respecto, la influencia de académicos como Joseph Stiglitz, economista jefe del BM entre 1997 y 2000 y premio Nobel de Economía en 2001, ha sido muy destacada. Sus críticas a la forma en que se gestionó la transición de Rusia hacia el capitalismo neoliberal o la crisis financiera del sudeste asiático en 1997 por parte del FMI, y en general al malestar causado por el actual formato de globalización, han contribuido significativamente a alimentar el cuerpo teórico del post-Consenso de Washington.

Todo ello ayudó a provocar también diversos cambios en el discurso del BM desde finales de los años noventa a partir de planteamientos neoinstitucionalistas, como en el caso de su propuesta de Marco Integral de Desarrollo. La confluencia del FMI y del BM entre las muchas instituciones que trabajan en el marco del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) podría verse también como un cambio en esa dirección. Pese al cambio de discurso en la lógica de priorización de la lucha contra la pobreza, la práctica de la condicionalidad macroeconómica, el ajuste y las políticas de austeridad sigue aún muy vigente en los países del Sur y del Este que reciben financiación de estas instituciones.

En este mismo sentido, la crisis financiera de 2008 y la respuesta a la misma por parte de gobiernos e INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES ha puesto de manifiesto que la presencia de los principios del Consenso de Washington y sus políticas neoliberales desgraciadamente sigue siendo todavía muy amplia. Si bien la reacción inicial por parte de muchos gobiernos, de la mano de la intervención pública y las operaciones de rescate a la banca y otros sectores privados, evidenciaban lo inapropiadas que habían sido las políticas previas de desregulación y liberalización de MERCADOS a ultranza, el resultado final de todo ello, sin embargo, dista de alejarnos de dicho ideario y de la práctica neoliberal. Es decir, como consecuencia de esto, la aplicación del principio de «PRIVATIZACIÓN de las ganancias y socialización de las pérdidas» ha hecho que la crisis financiera, y la consiguiente recesión económica, se acabe convirtiendo en una crisis fiscal para muchos de esos gobiernos, como hemos visto en el caso de diversos países de la periferia europea. Paradójicamente, todo ello ha hecho resurgir con gran fuerza el discurso y la práctica más neoliberal del Consenso de Washington. La apuesta de nuevo por fuertes ajustes presupuestarios por la vía del gasto y la mayor desregulación de los mercados laborales internos, entre otras medidas, se está traduciendo en un drástico deterioro de los sistemas de protección social, con graves consecuencias sobre las condiciones de vida de los sectores sociales más vulnerables, así como en amplio descontento y rechazo popular.