El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional, de carácter no gubernamental, que pretende identificar y difundir casos de violación sistemática de los derechos fundamentales de la humanidad que no encuentran reconocimiento ni respuesta en las instancias oficiales. El caso de las compañías multinacionales es paradigmático: mientras la vulneración de los derechos que cometen se mantiene en la impunidad, el Tribunal Permanente de los Pueblos se convierte en una herramienta para la búsqueda de justicia para los afectados por las operaciones de estas empresas.

Origen e historia

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) representa la continuación de los Tribunales Russell, también de carácter ético, que juzgaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en Vietnam por Estados Unidos (1966-1967) y en las dictaduras de América Latina (1974-1976). Precisamente, la creación del TPP fue la respuesta ante la reclamación social, hecha por representantes latinoamericanos, de constituir un espacio permanente donde los pueblos pudieran encontrarse y presentar los casos de violaciones de sus derechos fundamentales. La Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos recogió la petición y constituyó este tribunal en Bolonia en el año 1979.

La actividad del TPP se basa en los principios expresados en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Carta de Argel, 1976) y analiza las causas históricas, políticas y económicas que generan las violaciones de los derechos de los pueblos. De este modo, tras los análisis pertinentes y después de escuchar a los testigos, el jurado —integrado por miembros nombrados por el consejo de la Fundación Lelio Basso— emite un veredicto, de carácter jurídico, en contra de los agentes responsables de las violaciones denunciadas. Los tribunales de opinión como el TPP reivindican que los estados no son los únicos representantes e intérpretes auténticos de las normas, de su puesta en práctica y su obligatoriedad. Esta misma idea fue remarcada por el propio Lelio Basso, llegando a la conclusión de que «la necesidad de la conciencia pública puede llegar a ser reconocida como una fuente de derecho».

El TPP ha organizado más de treinta sesiones donde los temas abordados no estaban preestablecidos, sino que procedían de las demandas de movimientos y organizaciones sociales, sindicales, políticas, etc. Así, este tribunal ha acompañado las luchas populares en defensa de los derechos fundamentales en numerosos países, juzgando simbólicamente a INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, situaciones de genocidio, la negación de la autodeterminación, las invasiones extranjeras y la destrucción del medio ambiente, entre otros casos.

Las transnacionales, al banquillo de los acusados

La creciente expansión de las corporaciones multinacionales ha ido acompañada de la violación de los derechos humanos y la degradación ambiental, especialmente en los países del Sur. En este sentido, se han llevado a cabo diversas sesiones que han juzgado a estas empresas —tales como “El desastre de Bhopal y la irresponsabilidad corporativa” (Bhopal, 1991, y Londres, 1994); “Políticas del FMI y Banco Mundial” (Berlín, 1988, y Madrid, 1994); “Las corporaciones transnacionales en las industrias textiles, del vestido y la indumentaria deportiva y sus impactos en los derechos laborales y el medio ambiente” (Bruselas, 1998)— y América Latina destaca por haber albergado diferentes sesiones del TPP en las que se juzgaba a las multinacionales. Como, sin ir más lejos, en Colombia, donde se juzgó simbólicamente entre los años 2006 y 2008 a más de dos docenas de EMPRESAS TRANSNACIONALES —entre ellas, se encontraban compañías como Repsol, Coca-Cola, BP, Anglogold, Drummond, Nestlé y Aguas de Barcelona— por las consecuencias de sus operaciones sobre el medio ambiente, los PUEBLOS INDÍGENAS y los derechos humanos. Nicaragua, asimismo, albergó en 2007 una audiencia dedicada íntegramente a la empresa española Unión Fenosa, en cuya sentencia final se recogía que «la transnacional ha violado el marco jurídico institucional, constitucional y la normativa internacional, auxiliándose con los co-actores nacionales, quienes también son responsables».

En esa misma línea se enmarcan las tres audiencias continentales que, organizadas por la red “Enlazando Alternativas” —esta red birregional aglutina a numerosas organizaciones sociales, sindicales, ambientales, indígenas y de mujeres latinoamericanas y europeas, estableciendo así lazos de solidaridad y resistencia frente a las transnacionales y los tratados de libre comercio—, tuvieron lugar en paralelo a las cumbres de presidentes y jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y Caribe que se realizaron en Viena (2006), Lima (2008) y Madrid (2010). En todas ellas, se abordaron los efectos de las políticas neoliberales y de las transnacionales europeas en América Latina, y decenas de testigos y expertos expusieron ante el tribunal cómo se ha venido desarrollando la entrada de las grandes corporaciones en la región y qué ha significado para las poblaciones y los ecosistemas locales.

Una herramienta de justicia alternativa

En los casos presentados a las sesiones del TPP sobre las EMPRESAS TRANSNACIONALES europeas en América Latina ha podido constatarse el carácter estructural de los impactos socioambientales generados, es decir, que la sistemática violación a los derechos humanos responde a la lógica del actual modelo económico neoliberal. Tal y como se expresa en el dictamen del TPP realizado en Madrid, todos estos casos «deben ser considerados no simplemente por sus elementos de unicidad, sino como expresión de una situación caracterizada por lo sistemático de las prácticas».

El Tribunal de los Pueblos ha permitido también visibilizar cómo las políticas y leyes creadas por los gobiernos de la Unión Europea, y por la mayoría de los de América Latina, son funcionales a los intereses de las EMPRESAS TRANSNACIONALES, aunque supongan contravenir los convenios sobre los derechos humanos. Además, los dictámenes simbólicos de este tipo pueden convertirse en una herramienta de presión política y jurídica para el reconocimiento de los daños y la puesta en marcha de medidas para el control de las EMPRESAS TRANSNACIONALES, pudiendo así proteger a las comunidades afectadas. En este sentido, se ha avanzado en las propuestas para un marco regulatorio alternativo que permita un control efectivo de las multinacionales, que vaya más allá de los mecanismos voluntarios y de la RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.

Los representantes de los pueblos afectados por diferentes modalidades de violaciones de los derechos humanos no sólo encuentran en el TPP un espacio para expresar sus demandas, sino que asumen un papel de agentes de la justicia. No buscan recompensas económicas, sino una recuperación de la dignidad y el reconocimiento de la verdad, justicia y reparación.