En busca de justicia feminista contra el poder corporativo

Publicamos un extracto del informe ‘En busca de justicia feminista contra el poder corporativo’, de Paz con Dignidad y OMAL.

Este informe surge de un proceso de reflexión colectiva atravesado por una idea compartida: “Las mujeres nos hacemos justicia a nosotras mismas”. Y se basa en cuatro experiencias de resistencia: Meatzaldea Bizirik (Bizkaia), Movimiento de Atingidos por Barragems (Brasil), Un Salto de Vida (México) y Aliança contra la pobresa energètica (Catalunya)

Sabemos que el actual modelo de justicia es patriarcal y protege más a las transnacionales que a las comunidades, y es por ello que debemos tejer alianzas para avanzar en formas de justicia que se centren en la prevención, que respondan a las necesidades de las víctimas y las comunidades y que, en vez de en el castigo, pongan el foco en la reparación.

Explorar otras formas más allá de la justicia formal: las propuestas de la justicia restaurativa y los tribunales éticos para construir formas de reparaciones transformadoras

Una de las preguntas que surgió en el encuentro “Alianzas ecofeministas” fue: ¿Cómo vamos a confiar en un sistema que nos ha criminalizado? Iniciando una reflexión que nos permitió recuperar las críticas feministas al punitivismo para aplicarlas también en el caso de los conflictos con el poder corporativo. Podemos resumirlas en dos claves: por un lado, el peligro de una lógica punitivista y criminalizadora que pretende resolver los conflictos sociales con más penas; y por el otro, la tendencia a individualizar los conflictos, en vez de transformar las estructuras que los han generado. Es decir, el miedo a que nuestras luchas por justicia sirvan para legitimar esas lógicas y también las dudas sobre la utilidad de las penas, para reparar desde la raíz los conflictos. A ello, hay que sumar, obviamente, la crítica a la impunidad, una impunidad de los agresores machistas o de las corporaciones, que se contrarresta, en cambio, con la criminalización de la pobreza y la lucha, que hace engrosar las cifras de personas privadas de libertad en todo el mundo.

Frente a estos modelos de justicia, una propuesta alternativa es la de la justicia restaurativa, es decir, que la centralidad del proceso sean las personas afectadas, y que se tome en cuenta la violencia estructural y el contexto en el que han ocurrido las vulneraciones de derechos. Las formas de aplicar la justicia restaurativa en conflictos con empresas multinacionales aún están en debate, siendo el primer escollo la necesidad de que la persona o entidad que ha ejercido violencia, esté dispuesta a participar en el proceso, además de la notable asimetría de poder existente entre empresas transnacionales y comunidades afectadas.

Sin embargo, queremos destacar dos principios que nos parecen interesantes y que se podrían aplicar. Por un lado, la importancia de poner el foco en la persona –o personas– agredidas y en sus necesidades para la reparación; y, por otro lado, la responsabilización no sólo del agresor directo sino también de las estructuras (comunitarias, públicas, etc.) que permitieron o facilitaron que se produjera la agresión.

Ligado a esto, colectivos como IM Defensoras plantean la importancia de fortalecer las comunidades, para poder responder a las violencias de forma colectiva, buscando estrategias para la reparación que –en función del caso y el contexto– pueden vincularse a procesos jurídicos o tejerse por fuera de él. Además, destacan la importancia de contar con comunidades fuertes que aunque se vean tensionadas por el poder corporativo puedan resolver esas tensiones sin generar más daños en el seno de la comunidad ni activar otros procesos violentos. Buscando también, una justicia colectiva.

En relación a la importancia de impulsar procesos que se centren en las necesidades de las víctimas, se plantea la necesidad de que en caso de optar por vías judiciales, las supervivientes estén acompañadas y que se cuide todo el proceso, más allá del resultado final. Objetivos, que también se pueden buscar con procesos de justicia alternativa como los Tribunales Permanentes de los Pueblos (TPP) y otros tribunales éticos. Se trata de iniciativas formuladas desde abajo y como consecuencia de la necesidad de crear una herramienta de investigación y análisis independiente para el desarrollo cognitivo, cultural y doctrinal necesario, que permite iniciar el proceso de liberación y justicia de los pueblos. Estos tribunales reivindican que los Estados no son los únicos representantes e intérpretes auténticos de las normas, de su puesta en práctica y su obligatoriedad.

Estos tribunales han sido clave para el movimiento feminista a nivel global, ya que han permitido –incluso antes de que surgieran formalmente los TPP en los años 70’– denunciar la forma en que el derecho y la justicia patriarcal desconocían completamente las dimensiones de género de los crímenes internacionales contra las mujeres. Los tribunales populares o éticos resuenan fuertemente con los métodos feministas de denuncia y crítica de la violencia estructural.

Además, valoran la experiencia de las víctimas y supervivientes como una forma de conocimiento y a menudo también como fuente de nuevas leyes. También fungen como una estrategia de autoorganización y documentación, lo cual permite impulsar procesos de justicia, verdad y reparación desde la construcción de un relato colectivo que otorgue credibilidad a las víctimas y para demandar reformas legales, protección jurídica, establecimiento de responsabilidades jurídicas y políticas.

Otra estrategia de reparación son los espacios entre mujeres. Como afirma Amandine Fulchiron: “las mujeres nos hacemos justicia a nosotras mismas”. Es decir que crear espacios para la sanación de traumas (propios, colectivos y transgeneracionales) también puede convertirse en una forma de reparación y justicia. Son múltiples las experiencias de rondas de mujeres, espacios seguros para nombrar las violencias y empezar a sanarlas, por ejemplo los espacios creados por el MAB o la APE mencionados anteriormente. Así mismo, otro aspecto fundamental para estos procesos es lo que algunas defensoras llaman la pedagogía de la memoria, de una memoria larga.

Por último, desde una perspectiva ecofeminista también podemos plantear la justicia como lograr procesos que garanticen la permanencia en la tierra, la liberación de los territorios, la ausencia de miedo, el acceso a bienes como agua, energía, alimentos, etc.