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El pueblo misak frente a la mayor papelera del mundo

Erika González y Pedro Ramiro (El Salto, 25 de mayo de 2022)

Miércoles 25 de mayo de 2022

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La empresa transnacional Smurfit Kappa, líder mundial en producción de papel y cartón, lleva operando en Colombia desde hace varias décadas. En el departamento del Cauca, las comunidades locales han venido denunciando los impactos de sus operaciones, que pasan por utilizar megaproyectos de monocultivo forestal con graves impactos socioecológicos. Los pueblos indígenas que habitan en esa región, particularmente los misak, reivindican la ocupación de tierras controladas por esta multinacional como forma de recuperar su territorio y modos de vida tradicionales.

En este informe, elaborado conjuntamente entre el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), SumOfUs y LASC, se sistematizan los patrones de actuación y los principales impactos causados por esta transnacional papelera en Colombia. Así, en el caso de Smurfit Kappa en Colombia, puede observarse cómo la empresa se maneja con una combinación de estrategias basadas tanto en la opacidad (filiales, contratistas y arrendatarios de los terrenos conforman una estructura societaria caracterizada por la complejidad) como en la multidimensionalidad (apoyo de las instituciones gubernamentales para el desarrollo de los negocios empresariales; fortalecimiento del discurso de progreso, empleo y bienestar asociado a la inversión extranjera; estrategia legitimadora fundamentada sobre las políticas de RSC y las diferentes certificaciones, junto con una estrategia de coerción y criminalización), adaptando sus estrategias corporativas en función de la coyuntura con el objetivo de maximizar las ganancias.

La empresa ha ido ampliando sus operaciones a través de grandes concesiones de tierra que ha ido completando con la compra y alquiler de fincas, así como con los contratos de participación. Esta última forma de explotar el territorio le permite a la compañía no responsabilizarse de lo que ocurra en la plantación porque no es propietaria, aunque el uso y las condiciones de explotación sí estén dirigidos por la papelera. La capacidad financiera, la cercanía a los gobiernos y la capacidad de ejercer una labor de lobby para favorecer cambios normativos e incentivos fiscales han sido factores esenciales para la expansión de la empresa en el país. La transnacional irlandesa ha ido acumulando poder político-económico mediante su cercanía a los Estados de origen y destino de las inversiones.

En Colombia, donde ha recibido numerosas denuncias públicas por los impactos socioecológicos de sus plantaciones, Smurfit Kappa afirma que únicamente ocupa territorios degradados y que sus cultivos forestales ayudan a conservar el medio ambiente. La realidad, sin embargo, es que el interés económico prevalece sobre la conservación de ecosistemas de gran valor natural, pues la plantación de monocultivos de pino y eucalipto no sirve para la recuperación de los ecosistemas naturales y multiplica la generación de impactos ambientales negativos sobre el suelo, el agua y la biodiversidad. Los monocultivos forestales de uso comercial trastocan el funcionamiento de los ecosistemas y albergan una mínima parte de la biodiversidad de los hábitats originarios de zonas tropicales.

Además de la dimensión ambiental de los impactos de la empresa, que tienen que ver con la contaminación y destrucción de ecosistemas, se producen impactos al menos en otras tres dimensiones: a nivel económico, con la destrucción del tejido económico local y la dificultad de acceso a los bienes comunes; en el ámbito político, con la criminalización y represión de activistas sociales y defensoras de derechos humanos; y en la dimensión sociocultural, con la afectación a los modos de vida y los derechos de los pueblos indígenas. Al observar la expansión de monocultivos forestales en un territorio habitado por comunidades indígenas, el eje étnico atraviesa todo el análisis de los impactos socioecológicos generados.

Ante las reiteradas denuncias de las organizaciones campesinas e indígenas contra la empresa por sus impactos socioecológicos, esta ha puesto en marcha una estrategia de relegitimación social que pasa por la obtención de certificados sociales y ambientales. Dado que las comunidades afectadas no han respondido positivamente a los proyectos de RSC de la transnacional y han mantenido sus demandas frente a la compañía, se ha dado también la aparición de una estrategia coercitiva. Coincidiendo con los intereses corporativos aunque en la mayoría de los casos sin una vinculación directa con la empresa, se ha producido la intensificación de una lógica represiva que criminaliza a los líderes y lideresas que se oponen a las actividades de la empresa y que incluso ha llegado a materializarse mediante el uso de la violencia.

En los últimos años el Estado ha judicializado a varios líderes del pueblo misak, especialmente a raíz de las protestas sociales que se han realizado con más fuerza en 2021 y 2022. El objetivo ha sido frenar su acción social a través de acusaciones como daño a bienes públicos, invasión de territorios o terrorismo. Las comunidades rechazan este señalamiento de ser los causantes de conflictos; por el contrario, se identifican como actores que cuidan “los territorios, los procesos sociales, las autonomías organizativas y la no posibilidad de extracción de los recursos naturales”.

Los incumplimientos del Estado, la concentración y mercantilización del territorio por las empresas transnacionales y los impactos socioecológicos generados por estas forman parte de los antecedentes que han llevado al movimiento indígena a impulsar la recuperación del territorio y la memoria ancestral. Las comunidades y pueblos en resistencia tienen la convicción de que la recuperación de la tierra es un paso esencial para acabar con los privilegios de unos pocos y apostar por la soberanía alimentaria, la educación y las economías de los sectores populares. Para el pueblo misak, es la forma de construir un futuro digno para sus comunidades.

 


Ver en línea : El Salto, 25 de mayo de 2022.