El Ibex patrocina el cambio climático

Esta semana, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) ha llegado a Madrid tras una reubicación ad-hoc desde Santiago de Chile, donde no pudo celebrarse por el estallido de fuertes protestas contra el gobierno. Estas negociaciones internacionales son eventos costosos y el patrocinio por parte de corporaciones transnacionales se ha convertido en una norma desafortunada para los gobiernos anfitriones, y España no es una excepción. En el caso de Santiago, el gobierno chileno había asegurado el apoyo financiero de las asociaciones mineras, manufactureras y patronales del país. En Madrid, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha tocado las puertas de las grandes empresas del Ibex35 y de la patronal española para la financiación de la Conferencia. Una magnífica oportunidad de “lavado verde” de las principales compañías emisoras de gases de efecto invernadero y responsables de numerosos conflictos socioambientales en todo el mundo.

No sólo van a mejorar su imagen corporativa, también van a obtener ventajas económicas, como las desgravaciones fiscales que el gobierno español está considerando conceder a aquellos que ayuden a pagar la factura. Este tipo de medidas son comunes en la privilegiada relación que existe entre el gobierno español y las empresas transnacionales. La política tarifaria favorable a las grandes eléctricas, las barreras a la autoproducción energética y el freno del impulso de energías como la fotovoltaica responden al constante movimiento de “puertas giratorias” entre el ejecutivo español y las grandes compañías de la energía. Los dos ejemplos más conocidos fueron los expresidentes Felipe González y Jose María Aznar, fichados por Gas Natural y Endesa respectivamente, este último anunciado oficialmente como patrocinador de la COP25. Además, tienen la capacidad de influir en las negociaciones que, según la agenda de este año, podrían tener un impacto fundamental en los modelos de negocio de muchas de las industrias globales que los patrocinadores representan.

El año pasado en Polonia, la conferencia fue financiada por algunas de las mayores corporaciones de combustibles fósiles y financieros de la región. Y este año, de momento, Iberdrola, Endesa, Santander, BBVA, Sabadell y Telefónica han acordado ser patrocinadores. Iberdrola, una compañía eléctrica global, tiene en todo el mundo operaciones de gas, combustible fósil que la industria quiere vender como solución al cambio climático, pero con devastadoras consecuencias sociales y medioambientales. Iberdrola además ha invertido en la gran hidroeléctrica Belo Monte en Brasil, que ha desplazado a cerca de 25.000 personas entre las que se encontraban comunidades indígenas. Endesa es otra de las principales empresas eléctricas de España y opera centrales eléctricas de carbón, petróleo y gas. Fue responsable de la emisión de 61,9 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2018. Así las cosas, los modelos de negocio de los patrocinadores están inextricablemente ligados a los combustibles fósiles y, por lo tanto, son responsables de la crisis climática.

El patrocinio es un síntoma del problema de captura corporativa en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Dentro de las conversaciones, las asociaciones comerciales que representan los intereses de la industria de los combustibles fósiles y otros grandes contaminantes negocian en los pasillos e impulsan la agenda de sus miembros. El resultado de esta omnipresencia corporativa es que las negociaciones se mueven muy lentamente y, a menudo, reflejan los intereses de las corporaciones globales, no de las personas y del planeta.

Una de las áreas de la agenda de la COP25 de particular interés para las grandes transnacionales es la finalización de las directrices sobre el Artículo 6, que incluye los mercados de carbono como una de las vías de aplicación del Acuerdo de París. Las corporaciones, lideradas por la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA), han presionado fuertemente para que el esquema de comercio de carbono de este artículo esté desprovisto de límites o protecciones. Entre los miembros de IETA se encuentran Enel, la empresa matriz de Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol, todas ellas patrocinadoras o con las que se han establecido contactos. Si se salen con la suya, el Acuerdo de París podría ser aún peor y dar paso a un modelo bajo el cual los gobiernos del Norte Global pueden mantener sus elevadas emisiones a cambio de dinero, como también imponer a los gobiernos del Sur Global que sean ellos quienes recorten. En definitiva, se permitiría seguir utilizando combustibles fósiles durante décadas en el futuro, asegurando las perspectivas de negocio de las grandes industrias contaminantes.

Según el gobierno español, su búsqueda de patrocinio responde a la falta de fondos para organizar el evento. Pero se trataría de una cuestión de prioridades más que de tener presupuestos limitados. Cada año, la administración concede a las empresas eléctricas que utilizan combustibles fósiles 470 millones de euros en subvenciones. Y España no es una excepción. El Fondo Monetario Internacional estima que, a nivel mundial, los gobiernos subvencionan la industria de los combustibles fósiles por valor de 5,2 billones de dólares anuales. Imagínese lo fácil que sería para los gobiernos financiar un plan para la transición energética hacia fuentes limpias y reuniones como la COP25, si no estuvieran dando más de un millón de euros al día a las corporaciones de combustibles fósiles.

Ya sea que se trate de subsidios o de la respuesta global a esta crisis, en todo el mundo, la influencia de industrias como la de los combustibles fósiles continúa obstaculizando la puesta en marcha de políticas que afronten la crisis ecológica y climática. La realidad es que las reuniones como la COP25 seguirán siendo insuficientes para responder a las demandas de la ciencia, especialmente si las empresas siguen influyendo en sus resultados, a través del patrocinio o del lobby. La mera presencia de estos contaminadores -sus grupos de presión o simplemente sus logotipos- pone en tela de juicio la legitimidad de los resultados de las negociaciones y debería afectar a todos los implicados. Por eso, algunos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil proponen cambiar las reglas y expulsar a los contaminadores de las conversaciones. Ese movimiento se basa en un principio simple: no puedes dejar que el zorro vigile el gallinero.

Con la emergencia climática sobre nosotros, secando a España, y causando inundaciones, incendios y tormentas desastrosas en todo el mundo, es hora de enfrentarse a las industrias que conducen esta crisis. Hay que impedir su participación en la formulación de políticas en torno a la crisis climática de la que muchos de ellos son responsables. Si estas reuniones tienen por objeto avanzar hacia soluciones reales y eficaces frente al cambio climático, no hacia planes de la industria, sin duda podemos estar de acuerdo en que no deben ser financiadas e influidas por sus principales causantes.

Belén Balanya (Corporate Europe Observatory), Sriram Madhusoodanan (Corporate Accountability), Erika González (Observatorio de Multinacionales en América Latina) y Yago Martínez (Ecologistas en Acción).