Agencias de calificación

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Las agencias de calificación, también llamadas agencias de rating, tienen por función evaluar el riesgo de las inversiones financieras, es decir, de la capacidad de los prestamistas de afrontar el pago de los intereses, bonos o cupones y la amortización del capital principal en el momento convenido.

Durante mucho tiempo esa tarea se realizaba internamente por las empresas de crédito. Ante la voluntad de la banca de externalizar esa función y la dificultad de los inversores privados para evaluar los riesgos, durante la segunda mitad del siglo XIX se constituyeron en Estados Unidos empresas privadas para evaluar la solvencia de prestamistas, empresas y administraciones públicas. Cuando a comienzos del siglo XX una de estas empresas, Moody’s, tomó la iniciativa de “calificar” de forma comparativa los crecientes proyectos de inversión derivados del desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos, para facilitar las opciones de los propietarios de capitales en búsqueda de la mayor rentabilidad, esas empresas pasaron a denominarse agencias de calificación financiera.

El funcionamiento de las agencias de calificación

Durante los años ochenta se acrecienta el papel de estas agencias, en paralelo a la generalización de la libertad de los movimientos de capital, la desreglamentación financiera y la FINANCIARIZACIÓN de la economía. La posibilidad de realizar inversiones a escala planetaria impide que los inversores puedan medir adecuadamente la fiabilidad financiera de las empresas y administraciones públicas en las que quieren invertir, a la vez que unas y otras buscan los fondos que necesitan en los MERCADOS financieros globalizados. A partir de la década de los noventa se produce un fuerte proceso de fusiones y adquisiciones de agencias que refuerzan la estructura oligopolística de este sector, proceso reforzado por las decisiones de la Securities Exchange Commission (SEC) —organismo regulador de la economía financiera en EE.UU.—, y otras instituciones que limitan el número de agencias cuyas calificaciones pueden ser utilizadas por la banca a la vez que incrementan el número de estados y colectividades locales obligados a “calificarse” para acceder al crédito. En el 2011 se contabilizan ya unas 150 agencias, pero solo tres actúan a escala mundial y concentran el 94% del mercado, “las tres grandes”: Standard and Poor’s (S&P, el 40% del mercado), Moody’s (40%) y Fitch (14%). Estas tres agencias pertenecen a grandes grupos financieros y están asociadas a organizaciones patronales muy significadas en favor de las políticas antisociales.

Desde los años setenta las agencias cobran sus servicios a los emisores de deuda, sean estos empresas o administraciones públicas, que solicitan a las agencias que les evalúen para poder acceder al crédito. Este procedimiento expresa un cambio en la relación de fuerzas entre quienes buscan los fondos para invertir y los que tienen los fondos y buscan el rendimiento más elevado al menor riesgo. La utilización de sofisticados modelos econométricos que incluyen variables tales como el nivel de deuda y el ritmo de devolución tiene la función de “vestir” de cientificidad los pronósticos de las grandes agencias, que en realidad están inspirados en una consideración de la solvencia de las administraciones públicas basada en «las ventajas que puedan ofrecer a los especuladores o de su predisposición a restringir el gasto social», como dicen Pisarello y Asens. De esta forma, cuanto más dispuesto se mostrase un gobierno a adoptar medidas antisociales como la congelación de las pensiones o la flexibilización de las relaciones laborales, más fiable sería para las agencias, mientras que resultaría más sospechoso cuanto más proclive fuese a la regulación de los MERCADOS y al fortalecimiento de los derechos sociales. Estas son las razones profundas, y no los supuestos fallos “técnicos” —aunque estos también existen—, de los repetidos errores de bulto de las agencias.

Además de ser muy funcionales para aumentar los beneficios de los tenedores de deuda pública, y de rentistas en general, las agencias son una importante fuente de beneficios para sus accionistas. Entre octubre de 2010 y septiembre de 2011, Fitch obtuvo 525 millones de euros de beneficios; entre enero y septiembre de 2011 las cifras de S&P y Moody’s han sido de 442 y 367 millones. Todo ello con importantes incrementos sobre el período anterior en los casos de Fitch y Moody’s.

Las agencias en la crisis

Las tres grandes agencias se equivocaron simultáneamente en la calificación de las hipotecas subprime, además de haber manipulado la información para sacar inversiones de los países europeos, al bajar la calidad de su deuda y llevarlas a Estados Unidos, donde la calificación sigue siendo alta. En el 2008 las prácticas de constitución fraudulenta de paquetes de hipotecas de escasas o nulas garantías asociadas a los llamados CDO (siglas en inglés de Obligaciones de Deuda Colateralizada), dieron lugar a gravísimos problemas financieros, que en algún caso llegaron hasta la quiebra, de instituciones estadounidenses que tenían la máxima calificación hasta el momento de su debacle. En diciembre de 2011, S&P asignó a 15 de los 17 países de la zona euro una perspectiva negativa, amenazándoles con perder la calidad crediticia máxima de “triple A”. Las agencias no solo califican a los estados sino que dicen a los gobiernos lo que tienen que hacer para no empeorar su calificación: atrasar la edad de jubilación, reducir el gasto público social, privatizar los SERVICIOS PÚBLICOS y flexibilizar el mercado de trabajo. Un ejemplo: en el comunicado de S&P de justificación de la pérdida de la triple A por parte de Francia se exponía que la austeridad agravaría la recesión, pero justificaba la necesidad de proseguir con esa política, acompañada de reformas estructurales en el mercado de trabajo para aumentar más aún su flexibilidad y reducir los derechos sociales.

Estos errores ya tenían llamativos precedentes. En 2002, las agencias mantuvieron una alta calificación de la multinacional Enron hasta cuatro días antes de su bancarrota, a pesar de que tenían abundante información sobre los problemas de la empresa. También mantuvieron la máxima calificación para los bancos islandeses hasta el momento de su quiebra. En un gesto que muestra su subordinación a la gran potencia imperial, las agencias han mantenido la máxima calificación de solvencia para los Estados Unidos, a pesar de que su nivel de endeudamiento era, y es, muy superior al de la gran mayoría de los estados de la Unión Europea.

Las instituciones europeas no han adoptado medidas políticas y judiciales contra las agencias y los Estados Unidos. Tampoco los bancos europeos reclamaron contra los CDO, a pesar de probarse que eran “activos tóxicos” o, en los términos que utilizó el multimillonario Warren Buffett, «armas financieras de destrucción masiva». Sí han tenido lugar declaraciones críticas por parte de dirigentes e instituciones internacionales: en abril del 2010 el exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, declaraba que «las agencias de rating no siempre aciertan»; en septiembre de ese mismo año, en un informe del FMI se acusaba a las agencias de contribuir «involuntariamente» a la inestabilidad financiera. Pero esas declaraciones no han ido unidas a decisiones prácticas y las agencias continúan contribuyendo a la primacía de los poderes financieros en la definición de las políticas antisociales de los gobiernos.

 


BIBLIOGRAFÍA:

  • GOURGECHON, G. (2012): Les agences de notation, Fondation Copernic.
  • MORENO, M.A. (2010): “Las agencias de calificación, por fin bajo sospecha”, El Blog Salmón, 11 de mayo.
  • PISARELLO, G. Y ASENS, J. (2011): “Las agencias privadas de calificación del riesgo, ante los tribunales”, Sin Permiso, 27 de marzo.

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