AFP - Cris Bouroncle

El gobierno de Perú ordenó este lunes a la compañía española Repsol que paralice la carga y descarga de hidrocarburos en buques, 16 días después del derrame de casi 12.000 barriles de crudo en el mar, medida que fue calificada por la empresa como "desproporcionada e irrazonable". El ministro de Medioambiente Rubén Ramírez indicó que la petrolera no podrá retomar estas actividades "hasta que se brinde garantías técnicas de que no se va a producir otro daño en el mar de los peruanos".

El derrame del 15 de enero, calificado como "desastre ecológico" por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque "Mare Doricum", de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, propiedad de Repsol. La compañía atribuyó el hecho a la agitación del mar por la erupción volcánica en Tonga.

La mancha negra de crudo fue arrastrada por las corrientes marinas hacia el norte hasta unos 140 km de la refinería, según la fiscalía, provocando la muerte de numerosos peces, aves y mamíferos marinos, y tiene a muchas otras especies que anidaban en islas de una reserva natural en riesgo de morir de hambre o por intoxicación.

© Gustavo Izus, Tatiana Magarinos/AFP

Con petróleo en sus alas, las aves no pueden volar ni alimentarse. Además, su plumaje pierde su condición térmica por lo que sufren hipotermia, según los especialistas.

Otras aves que no están "empetroladas" han comido peces contaminados con el crudo y murieron intoxicadas, indicaron especialistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).

Además, dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales.

Cientos de brigadistas están limpiando afanosamente una veintena de playas tras el derrame. Entre ellos hay personal contratado por Repsol, militares y voluntarios. El desastre ecológico afecta las orillas de la costa, la superficie marítima, y queda por determinar el impacto en el fondo marino.

“Es un daño ambiental irreparable por las consecuencias que a la fecha venimos identificando. A la fecha hay 472 especímenes cubiertos de petróleo, más de 67 especímenes de aves muertos, pero también estamos haciendo un esfuerzo de salir todos los días para rescatar a estas especies y trasladarlas para su recuperación y rehabilitación”, detalló a RFI Oscar García Tello, jefe de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado de Perú reporta por su parte que sus equipos encuentran alrededor de 10 aves muertas al día en la zona afectada por la marea negra.

40% del mercado interno

El sábado, el canciller peruano, Oscar Maúrtua, había adelantado que el gobierno de Lima le iba a imponer una "drástica sanción" a Repsol y afirmó que la empresa había "mostrado una actitud probablemente dolosa" y "falta de transparencia".

"Repsol confirma que ha recibido la notificación" que ordena paralizar la carga y descarga de hidrocarburos desde buques, dijo este lunes la empresa en un comunicado.

"La compañía, sin perjuicio de no compartir la resolución por considerarla desproporcionada e irrazonable, pero en aras de garantizar el suministro de sus productos, expresa su plena disponibilidad de colaboración con las autoridades peruanas", añadió.

Pedro Ramiro, jurista en el Observatorio de Multinacionales en América Latina con sede en Madrid exige “responsabilidades no solo a los gobiernos de los países en donde estas empresas tienen impacto, en este caso el de Perú, sino al gobierno donde la empresa tiene su sede central, en este caso el gobierno español”. Al micrófono de Radio Francia Internacional, Ramiro pide que el gobierno español le exija a la compañía “responsabilidad por toda esta cadena de valor. Porque además el gobierno español ha apoyado con toda la expansión internacional de estas compañías.”

La petrolera destacó que "la Refinería La Pampilla abastece el 40% del mercado peruano de combustibles y, por ello, Repsol realizará los mayores esfuerzos para evitar el riesgo de desabastecimiento" de combustibles.

El viernes la justicia peruana prohibió salir del país por 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española -un español y tres peruanos- y ordenó la "incautación" del buque tanque involucrado, que permanece fondeado a seis millas del puerto del Callao.