Organizaciones sociales vascas y del Estado español nos reunimos con la relatora especial de personas defensoras Mary Lawlor para trasladarle nuestra preocupación ante la escalada de violencia que sufren las organizaciones que se enfrentan a megaproyectos y para compartirle la propuesta de Centro Vasco de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. A continuación compartimos la intervención que realizamos desde OMAL en nombre del resto de organizaciones presentes.

Buenos días, muchas gracias por recibirnos.

Las organizaciones vascas aquí presentes queríamos trasladarle la preocupación que tenemos por las situaciones de violencia y vulneración de derechos que enfrentan las personas defensoras, en específico aquellas que se enfrentan a megaproyectos impulsados por empresas transnacionales.

Defender el territorio frente a megaproyectos supone cada vez más riesgos y dificultades, debido a que las amenazas contra las defensoras se extienden en un contexto de crisis ecosocial y agotamiento de recursos, que profundiza y amplía las lógicas extractivistas; al mismo tiempo que deja en situaciones cada vez más vulnerables a las poblaciones que habitan las periferias (como las comunidades indígenas, campesinas o de barrios populares).

Sin embargo, las comunidades siguen resistiendo, enfrentando, por un lado, una arquitectura jurídica de la impunidad que les impide defender sus derechos de forma efectiva, viendo vulnerados de forma sistemática derechos como la consulta previa libre e informada o el acceso a la tierra; y, por otro lado, enfrentando procesos de criminalización, represión y persecución por su trabajo de defensa.

Ejemplo de ello es el arresto domicilario de Sutana Khaya, defensora del Sahara occidental que lucha contra el expolio de su territorio, entre otras por una empresa de origen vasco, Gamesa. Esta empresa desarrolla varios proyectos eólicos en la región, sin el consentimiento del pueblo saharaui en territorio ocupado (consentimiento que debe emitirse a través de su legítimo representante, el Frente Polisario, tal y como se reconoce en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 29 Septiembre 2021)

Otro ejemplo es la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio en México que resiste frente a un proyecto energético, el Proyecto Integral Morelos, que pone en riesgo sus vidas, ya que se ha construido un gaseoducto a las faldas de un volcán, además de ampliar el acaparamiento de agua y la contaminación debido a la construcción de una termoeléctrica. En este caso, en el que participa la empresa vasca Elecnor, la persecución se llevó la vida de Samir Flores, campesino indígena que a través de las radios comunitarias organizó a la población para frenar el megaproyecto, además de haberse producido torturas a defensores detenidos, y amenazas y agresiones a defensoras y sus familias.

Por tanto, conscientes de la participación de empresas vascas en megaproyectos con graves vulneraciones de derechos humanos y mientras esperamos que el proceso del Tratado Vinculante de Naciones Unidas genere mecanismos efectivos de control de las empresas transnacionales a escala internacional, hemos iniciado una campaña para impulsar, a escala autonómica, un Centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos, con el objetivo de dar un paso más en la lucha contra la impunidad corporativa.

Los objetivos del centro, que sería público-social, serían recoger denuncias e instruir de oficio casos de vulneración de derechos humanos en los que participen empresas vascas; acompañar jurídica y psicosocialmente a víctimas y poblaciones afectadas; plantear cambios sociales en las políticas públicas de internacionalización empresarial y contratación pública; y, en última instancia, proponer sanciones a las corporaciones que conculquen los derechos humanos.

Entonces queríamos solicitarle que nos ayude a impulsar esta campaña con la que queremos evidenciar la necesidad de que tanto organizaciones sociales como administraciones a distintos niveles se sumen a la construcción de mecanismos para poner fin a la impunidad corporativa. Porque las agresiones y la violencia que sufren las defensoras no se puede sostener más, y necesitamos activar respuestas a todas las escalas y niveles para poner fin a la impunidad.