El artículo original se publicó en inglés en Transform Europe.

A continuación hacemos una revisión crítica, desde la mirada ecofeminista, de las propuestas The Green New Deal for Europe, de Democracy in Europe Movement (DiEM 25), y la resolución Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal presentada por Ocasio-Cortez al Congreso de EEUU en febrero de 2019.

Incorporar el enfoque ecofeminista al diagnóstico de la crisis

En primer lugar, en cuanto al análisis de la crisis, vemos como en ambas propuestas se hace referencia a las consecuencias del cambio climático y la crisis ecológica, el estancamiento económico, la creciente desigualdad (tanto de clase, como por raza y género), el empobrecimiento y la imposibilidad de satisfacer necesidades básicas, la crisis de los servicios públicos y la mayor vulnerabilidad de algunas comunidades, como migrantes, indígenas, mujeres, mayores, poblaciones rurales, etc. Además, en el caso de Ocasio-Cortez, también reconoce el efecto multiplicador de las amenazas y conflictos que tiene el cambio climático, y en el caso de DiEM25, ponen el foco en la crisis democrática.

Sin embargo, a pesar de reconocer algunos impactos diferenciales de la crisis socioambiental, no hacen un buen análisis de los vínculos entre la crisis ecológica y la crisis reproductiva, y la necesidad de responder a ambas de forma conjunta. Como afirma Mary Mellor [1], no podemos olvidar “el papel que juega el trabajo reproductivo a la hora de mediar entre la naturaleza y «la economía», a través de la regeneración cotidiana de la vida humana (y no humana)”. Así mismo, la autora plantea la importancia de reconocer que no solo la naturaleza es finita, sino que el trabajo de cuidados necesario para sostener la vida en un contexto cada vez más adverso también lo es. Esta finitud del trabajo de cuidados se compensa con escenarios de cada vez mayor explotación, malos cuidados y transnacionalización a través de las cadenas globales de cuidado.

En concreto, las cadenas globales de cuidado son un ejemplo de la importancia de articular el análisis ecologista con el feminista, ya que nos muestran una crisis de cuidados que se resuelve delegando las tareas de cuidado a trabajadoras migrantes, que a su vez dejan a sus familiares a cargo de otras mujeres. Pero al mismo tiempo, están relacionadas con la crisis socioecológica, ya que una gran parte de los desplazamientos están causados por el extractivismo o el cambio climático.

Por otra parte, a pesar de que se reconozcan las crecientes dificultades para acceder a recursos y servicios necesarios para una vida digna (agua, energía, alimentación, vivienda, educación salud, cuidados) en un contexto de crisis socioecológica y de austeridad en los servicios públicos, sería interesante que se analizara esta creciente precariedad vital desde el enfoque feminista de la crisis reproductiva, lo que permitiría entender mejor sus causas y consecuencias y las formas de combatirla.

Concretamente, sería importante asumir el papel fundamental que juega el trabajo doméstico y de cuidados para la reproducción capitalista [2], es decir entenderlo como un trabajo equiparable al resto de trabajos, no solo como una fuente de bienestar para la comunidad (como se contempla en la propuesta de DiEM25), sino como un trabajo imprescindible del que todos los actores deberían responsabilizarse. De esta forma se evitaría caer en discursos mistificadores del trabajo de cuidados que, en vez de transformar el actual modelo, apuntalan las relaciones de poder y discriminaciones que entraña.

Así mismo, también sería interesante tener en cuenta de qué formas la crisis ecológica agrava la crisis reproductiva. Por ejemplo, debido al aumento de las enfermedades causadas por la contaminación atmosférica, la contaminación del agua o de los alimentos que consumimos. En este sentido, vemos como, tanto la propuesta de Ocasio-Cortez como la de DiEM25 tienen en cuenta la relación entre la salud y el clima, pero no tienen en cuenta el sesgo de género en las enfermedades vinculadas a la crisis ecológica. Un impacto diferencial que, por ejemplo, se da por una mayor exposición de las mujeres a los tóxicos (por ejemplo tickets con bisfenol en el caso de las trabajadoras de los supermercados o mayor exposición a productos de limpieza), y a una sobrecarga de trabajo debido a la responsabilidad de cuidar a familiares enfermos.

Por último, a pesar de que en ambas propuestas se tiene en cuenta la relación entre crisis ecológica y desplazamientos forzados, se hace un análisis demasiado superficial que invisibiliza los niveles de violencia que entraña un sistema basado en las expulsiones y las fronteras. Así como las propias prácticas violentas de un sistema en crisis, con profundos rasgos heteropatriarcales, racistas y clasistas. Estos procesos violentos se dan en los escenarios de depredación territorial, en las rutas migratorias, en las leyes de extranjería, los mecanismos de criminalización de la pobreza, en el endeudamiento, en los hogares patriarcales, en los procesos de ruptura del tejido social, etc. y cualquier propuesta de transición ecosocial debería tenerlos en cuenta en su horizonte de tranformación.

(De)crecimiento, una mirada ecofeminista

Uno de los aspectos que está siendo más debatido en relación a las propuestas de Green New Deal está relacionado con el análisis del crecimiento. En primer lugar, en relación a la propuesta de Ocasio Cortez, vemos como aunque no se aborde el tema de forma directa, subyace el reconocimiento de que se puede impulsar el desarrollo económico a través de una transformación ecológica de la economía, que reduzca las emisiones de efecto invernadero. Es decir que se puede transformar la forma de producir, así como las fuentes energéticas, sin necesidad de frenar el crecimiento económico. Frente a esta asunción, desde una mirada ecofeminista, que tenga en cuenta los límites biofísicos del planeta, se plantea la urgencia de reducir drásticamente el consumo material, así como la imposibilidad de desacoplar el crecimiento material de la economía del crecimiento del PIB. Es decir, la dificultad de responder a la emergencia ecológica sin salir del marco capitalista del crecimiento ilimitado.

Por su parte, desde DiEM25, hacen un análisis más pormenorizado de esta cuestión, reconociendo que las políticas económicas basadas en el crecimiento económico han fracasado (pág. 27), e incluso critican las falsas salidas del “crecimiento verde” por la imposibilidad de mantener el actual consumo energético con fuentes renovables. En este sentido plantean, por ejemplo, la necesidad de descarbonizar la economía, reducir el consumo agregado de energía y la producción material, impulsar una economía basada en la “reproducción social y ambiental” y crear un nuevo indicador de progreso que sustituya al PIB (pág. 31). En concreto abogan por desacoplar la prosperidad del crecimiento económico, consiguiendo que el bienestar no esté determinado por el crecimiento de la producción y el consumo (pág. 57).

Por tanto, podemos decir que el diagnóstico planteado por DiEM25 en relación a las consecuencias del crecimiento económico es más cercano al planteado desde el ecologismo social y el ecofeminismo, pero aún así sigue utilizando un lenguaje más propio de un marco de abundancia, que el de un marco de austeridad. Las continuas referencias a la prosperidad humana (human flourishing) como sinónimo de bienestar, indican un supuesto escenario de progreso y mejora constante, que no concuerda con las propuestas ecofeministas de “vivir bien con menos”. Así mismo, a pesar de que se nombran algunos sectores que tendrían que transformarse para decrecer (como la industria militar o las cadenas de suministro), no se hace un análisis coherente de los sectores que deberían reducir de forma drástica su consumo de materiales y energía. También se nombra de pasada la importancia de transformar las expectativas sociales de consumo (pág. 65), pero no se hacen propuestas concretas sobre la transformación de los modos de vida y la necesidad de impulsar escenarios de autocontención y suficiencia. [3]

El paso a una vida más austera [4] pero con las necesidades garantizadas ha sido un tema recurrente en la economía feminista y el ecofeminismo. Mary Mellor defiende que “la suficiencia es un concepto igualitario: lo que es suficiente para uno debe ser suficiente para todos, o de lo contrario alguien tendrá más de lo necesario y otros demasiado poco”. [5] Y por tanto defiende equilibrar dos principios: sostenibilidad medioambiental y justicia social. Por su parte, Amaia Pérez Orozco plantea el concepto de “desesidades” [6] como una forma de complejizar la reflexión sobre las necesidades que siempre dependerá del contexto y vivencias personales8. Además recuerda que “es crucial no olvidar que estas son materiales, tangibles, y también afectivo-relacionales, intangibles”. En este sentido, la reflexión ecofeminista sobre la interdependencia y la importancia de lo afectivo-relacional, puede ser un punto de partida para impulsar la necesaria disputa por la hegemonía cultural, que consiga extender una concepción de vivir bien no vinculada al consumo, la producción o el crecimiento y “construir horizontes de deseo coherentes con las condiciones materiales que los posibiliten.” [7]

Democratizar los procesos y bienes imprescindibles para sostener la vida

En la propuesta de Ocasio-Cortez se defienden grandes inversiones para garantizar, entre otras cosas, el acceso a vivienda adecuada, alimentación, transporte, agua y salud. Así mismo desde DiEM25 plantean la compra pública de empresas de servicios públicos (pág.45), para conseguir que servicios esenciales como la energía, la salud, la vivienda, el agua o el transporte estén en manos públicas, y así garantizar que gestionan teniendo en cuenta la crisis ecológica, así como el interés general. En concreto plantean, por ejemplo, la importancia de desmercantilizar sectores como el farmacéutico o el sector de cuidados, ya que su gestión privada ha generado una precarización en las condiciones de trabajo y de cuidados (pág. 48).

En esta línea, las propuestas de DiEM25 encajarían con una propuesta ecofeminista de democratizar los procesos y bienes imprescindibles para sostener la vida, como son la alimentación, el agua, la energía, la vivienda o los cuidados. Sin embargo, sería interesante que la propuesta incorporara un enfoque multiescalar, que también tuviera en cuenta una transformación de estos sectores en lo más micro. Es decir que la nueva lógica de gestión pública de los servicios, no fuera solo una gestión Estatal, sino que permitiera que los hogares dejaran de ser meros consumidores de servicios, politizando todo lo que pasa en su interior, de forma que el ámbito doméstico y comunitario tuviera un papel central en su gestión.

Esta gestión desde una lógica multiescalar, en la que las comunidades y hogares tuvieran un peso específico, permitiría replantear de forma democrática todo el modelo de reproducción social, para evitar lógicas extractivas y explotadoras. Y, de esta manera, impulsar estrategias para republificar los cuidados, el acceso al agua, la energía, la vivienda o la alimentación, que no se limitaran a transformar lo que pasa fuera de las casas, sino que también se atrevieran a romper el confinamiento doméstico que en general prevalece en todo lo relacionado con la reproducción social.

Un primer paso para esta reorganización es descomplejizar y relocalizar. Es decir, pasar de depender de los mercados globales y las grandes transnacionales, a establecer mecanismos para que los cuidados, la producción y la distribución de bienes estén arraigados al territorio, con criterios que no dependan de su rentabilidad y que garanticen la accesibilidad y sostenibilidad. Es decir que –en un escenario de democratización de la energía, la alimentación, la vivienda o los cuidados– las grandes energéticas, agroindustrias y cadenas alimentarias, constructoras y empresas multiservicio no deberían tener lugar. Los procesos y bienes imprescindibles para la vida deberían ser bienes comunes al margen de la acumulación capitalista, gestionados desde esferas estatales o comunitarias o a través de la cogestión entre ambas.

La sostenibilidad de la vida y los cuidados en el centro

La propuesta de Ocasio-Cortez no menciona la crisis reproductiva, ni el papel de los trabajos de cuidado en sus propuestas de transformación. Por su parte, en la propuesta de DiEM25 si que se menciona el trabajo reproductivo y de cuidados y sus principales propuestas son, en primer lugar, la creación de un “Estándar de salud y cuidados” que establezca los criterios para una protección social y unos servicios de salud decentes, para impulsar la inversión y la transformación hacia un modelo más descentralizado y público (pág. 48); y, en segundo lugar, la creación de una “Renta de Cuidados” (Care Income) que serviría para reconocer y recompensar a las personas que se dedican de forma completa o parcial a cuidar familiares, la comunidad o el medio ambiente (pág. 36).

El problema de estas propuestas es que reconocen la actual crisis de cuidados y las situaciones de explotación y precariedad que generan especialmente para las mujeres, pero no plantean propuestas para transformar los roles de género y poner fin a la actual división sexual del trabajo. De hecho, solo se plantea esta cuestión en relación al modelo de vivienda (pág.42), en vez de plantearlo como una cuestión transversal vinculada al programa de empleos verdes, a la recuperación de los servicios públicos, o a los criterios de financiación.

En concreto, la “renta de cuidados” recuerda a las propuestas de “Salario para el Trabajo Doméstico” de los años 70s, que ha sido superada por los debates feministas de las últimas décadas. Hoy en día, desde el movimiento feminista se pone el foco en buscar formas de corresponsabilización pública y social de los trabajos de cuidados, para superar los modelos familiaristas; además de denunciar el peligro de que los subsidios estatales se basen en lógicas asistencialistas y moralistas, destinados a apuntalar la familia nuclear patriarcal. Por tanto, podríamos decir que sería necesario que las propuestas en este ámbito incorporaran la justicia reproductiva con todas sus aristas. Reconociendo y expandiendo los hogares diversos y las formas de convivencia libremente elegidas y asumiendo de forma colectiva la responsabilidad de sostener la vida, sin relegar ninguna de las tareas necesarias para proteger la vida al ámbito cerrado de los hogares, ni optando por soluciones individuales y mercantilizadas de resolver estas necesidades.

La forma de materializar estas propuestas sigue en debate y construcción dentro del propio movimiento feminista, siendo las últimas huelgas feministas un espacio de experimentación clave sobre cómo reorganizar los cuidados y la reproducción. En este sentido, una aportación interesante al debate es la propuesta de un “salario feminista” que defienden Cavallero y Gago desde Argentina. [8] En concreto proponen un sistema de redistribución de rentas destinado a las redes de cuidado y autogestión vecinal que ya están funcionando como respuesta a la violencia y el despojo, que sirva como reconocimiento económico y garantice su autonomía, sin mediaciones patriarcales. Esta noción de reparto de rentas de forma colectiva podría ser útil para enriquecer el debate sobre cómo evitar caer en modelos que sigan basándose en que cada una de forma individual resuelva sus necesidades a través del mercado.

Así mismo, también son interesantes los debates feministas alrededor de la renta básica universal, que plantean la importancia de buscar la manera de que el reparto de rentas no apuntale el actual modelo de reproducción social. En el que, no solo la responsabilidad de los cuidados sigue recayendo de forma mayoritaria en las mujeres, sino que se deja en manos de los hogares la responsabilidad de resolver todos los impactos generados por el mercado. Así mismo se plantea la importancia de que el establecimiento de una renta básica se acompañara de un nuevo modelo fiscal, lo que permitiría avanzar en la responsabilización por parte de las empresas de todo este trabajo reproductivo del que se benefician de forma invisible.

Por otra parte, un tema que preocupa a las ecofeministas está relacionado con el papel que debería jugar el trabajo reproductivo en un nuevo modelo ecosocial. En este sentido, en la propuesta de DiEM25, se reconoce que una reducción de la producción material tendrá que ir acompañada de un incremento en la reproducción social y ambiental, en favor del mantenimiento, el reciclaje, la reparación y restauración del medioambiente o las infraestructuras, así como en relación a los cuidados, la cultura o la educación. Pero no se tiene en cuenta el impacto que tendrá la transición para el ámbito cotidiano, no se mencionan estrategias de gestión de la demanda para poner fin al consumismo y lograr un consumo vinculado a las necesidades que no supere los límites biofísicos del planeta, ni el sesgo de género que tendrían estas estrategias.

En concreto, el fin de la explotación laboral y una producción sostenible puede encarecer el precio de ciertos productos y servicios, es por ello que habría que garantizar su acceso más allá del mercado. Al mismo tiempo, la reducción del consumo energético, una alimentación basada en productos agroecológicos y el fin del modelo de usar y tirar puede incrementar el tiempo de cuidados, por lo que será necesario plantear mecanismos de corresponsabilidad que eviten generar mayores sobrecargas de trabajo sobre las mujeres. Por ello planteamos la necesidad de politizar lo cotidiano y sacar de los hogares la resolución de las necesidades, como una forma colectivizar esta responsabilidad y buscar formas colectivas de garantizar el acceso a los recursos y servicios necesarios de forma sostenible.

Reparto y democratización de todos los trabajos socialmente necesarios y de la riqueza que generan

Un elemento central de las dos propuestas de Green New Deal analizadas es la defensa del empleo. En el caso de Ocasio-Cortez se apuesta por una transición ecológica que permita defender condiciones laborales dignas y la creación de empleos en el país. Así mismo, un eje central de la propuesta de DiEM25 es la creación de un programa de inversión en Trabajos Públicos Verdes (Green Public Works), que permitiría crear nuevos empleos para evitar que se profundice la crisis social que ya vivimos y absorber la desaparición de trabajos en sectores contaminantes.

Algunas de las medidas que incluye este programa es la garantía de trabajo digno, a través de la creación de empleos públicos, con una jornada laboral de 4 días, con control democrático por parte de trabajadores y trabajadoras y distribuidos localmente. Estos empleos se dedicarán a todo aquello que tenga un valor social (cuidados, restauración de hábitats, servicios comunitarios, etc.) (pág. 35). De esta forma, plantean un escenario en el que la transición hacia una actividad económica alejada de la producción material permitiría avanzar hacia un futuro post-trabajo. (Pág. 36).

Si analizamos esta propuesta desde la óptica ecofeminista, vemos como entra de lleno en uno de los debates no cerrados dentro de los feminismos, es decir la concepción del trabajo y su futuro. Así vemos como, por un lado, la propuesta de creación de empleo en función de su valor social, encajaría con la apuesta ecofeminista de vincular los trabajos a la sostenibilidad de la vida; así como la propuesta de reducción de jornada laboral que es una medida fundamental para reorganizar los tiempos en clave feminista. Pero, por otro lado, hay algunas lagunas que convendría contemplar. En primer lugar, la idea de que se puede “desmaterializar” la actividad económica es falsa, ya que como afirma el ecofeminismo, no solo somos interdependientes, sino que también somos ecodependientes; por tanto, una actividad socioeconómica no extractivista y coherente con los límites biofísicos del planeta seguiría teniendo un importante peso material y el trabajo como tal no podría desaparecer.

En segundo lugar, es problemática la visión reduccionista del trabajo como aquello que se hace por un salario, sabemos que para sostener la vida son necesarios muchos trabajos, el debate reside en cómo organizarlos. Esta concepción del trabajo desligado de su forma salarial nos permite, no solo reconocer todos los trabajos imprescindibles que han sido invisibilizados por no tener un reconocimiento económico, sino también plantearnos formas de desmercantilizar y colectivizar la resolución de necesidades sociales, es decir deslaborizar el acceso a derechos y priorizar vías no mercantiles de acceso a los recursos materiales, sociales y culturales necesarios para el desarrollo de una vida digna. [9] Así como formas de avanzar hacia trabajos no alienados, basados en lógicas de autogestión y participación.

En tercer lugar, el modelo propuesto separa explícitamente el trabajo de cuidados del resto de trabajos, con la creación de una renta específica para el trabajo de cuidados (Care Income). Esta diferenciación, además de todas las problemáticas mencionadas anteriormente, viene a consolidar la separación patriarcal entre trabajo reproductivo y productivo, que tan útil ha sido al capitalismo para sostenerse en base a una ingente cantidad de trabajo gratuito y precario.

Por último, la propuesta de Green Public Works puede ser muy avanzada en cuanto a la forma de organizar estos trabajos, las condiciones propuestas y sus objetivos. Pero queda bastante coja si no va a acompañada de un paquete de medidas destinadas a dignificar todos los trabajos, especialmente los que dependen de un mercado de trabajo cada vez más globalizado y desregulado. En este sentido, es necesario implementar medidas para poner fin a la explotación, las brechas salariales y la segregación vertical y horizontal en el mercado laboral y acabar con los “cuidados inmolados” en el caso de los trabajos no remunerados.

Desde una mirada ecofeminista, por tanto, sería más interesante apostar por el reparto y democratización de todos los trabajos socialmente necesarios, vinculado a un plan para el reparto de la riqueza. Con medidas para detraer recursos a la lógica de acumulación de capital, reformando el actual modelo fiscal, revirtiendo las privatizaciones, auditando y condonando las deudas, recuperando el control público de nuevas esferas o blindando actividades y espacios físicos frente a la entrada de grandes empresas. Algunas de las medidas propuestas por DiEM25 van en esta línea, como el fin de los paraísos fiscales, las tasas para gravar transacciones financieras o impactos ambientales, o los criterios ecológicos y democráticos para el gasto público, pero siguen siendo tímidas si se quiere revertir la desigualdad actual.

Ámbito rural y sistema agroalimentario

Un sector que obtiene una especial atención en las propuestas analizadas es el agroalimentario, con propuestas para apoyar el desarrollo rural e impulsar la transición ecológica en la agricultura. Por ejemplo, en el caso de la propuesta de Ocasio-Cortez se propone apoyar la agricultura familiar, invertir en agricultura sostenible o impulsar un nuevo sistema alimentario que garantice el acceso a alimentación sana. Por su parte, desde DiEM25, proponen impulsar una transición agraria basada en la reducción de las prácticas dañinas, el apoyo a las prácticas regenerativas y sostenibles y la garantía de un modelo justo para Europa y el resto del mundo (pág. 53). Más concretamente se apuesta por introducir condiciones de desempeño sostenible a las subvenciones del sector, rentas dignas para trabajadores y trabajadoras, medidas para la cohesión territorial y un sistema de etiquetado en supermercados que especifique las emisiones o características nutricionales.

Sin desdeñar la importancia de estas medidas y la urgencia de transformar el modelo de ayudas agrarias de la Unión Europea, podemos decir que estas medidas serán completamente insuficientes si no se reconocen y visibilizan las demandas de campesinos y campesinas. En el caso de DiEM25, por ejemplo, se nombra la soberanía alimentaria, pero reduciéndola a una serie de actividades agrarias regenerativas o sostenibles (pág. 53), que no tienen en cuenta todo el modelo alternativo de producción, comercialización y abastecimiento que incorpora esta propuesta.

Por ello, planteamos que sería necesario reconocer las propuestas de soberanía alimentaria y agroecología feministas, que vienen a enriquecer el debate sobre el modelo alimentario, la relación urbano/rural, la recuperación de ecosistemas o el desarrollo rural, huyendo de la visión urbanocéntrica y masculina que suele impregnar estos debates. En este sentido, desde una perspectiva agroecofeminista, se apuesta “por que la alimentación deje de ser negocio y pase a ser un derecho sobre el que tengamos capacidad de decisión y soberanía, incluyendo soberanía sobre el territorio que nos alimenta”. [10] Además, se entiende la cadena alimentaria de forma circular: producción, distribución, abastecimiento y el eslabón de los hogares que los une, visibilizando todos los cuidados necesarios para que la cadena funcione.

Sus propuestas pasan por transitar de un sistema alimentario desterritorializado, descampesinizado y masculinizado a un modelo basado en la campesinización, la desmercantilización y la colectivización. Por tanto, sería necesario desarrollar mejor el abanico de propuestas para defender las economías campesinas, que no se circunscriban solo a las ayudas económicas, sino que también tengan en cuenta todo el tejido socioeconómico necesario para conseguir soberanía alimentaria. Fomentando un modelo que no dependa de los insumos de los mercados, en el que exista una corresponsabilidad en todos los trabajos necesarios (con tiempos para la cocina como lugar de trabajo y de encuentro), y en el que el abastecimiento se resuelva a través de circuitos cortos, tanto de compraventa como de autoconsumo e intercambio.

En el texto de DiEM25 se defienden los modelos de producción agraria comunitaria (pág. 53), pero sería interesante que apostaran por una mirada más integral del sector agroalimentario. Con medidas para impulsar la articulación entre diferentes actores a lo largo de la cadena alimentaria, desde la producción al consumo, que incluyeran escuelas, ayuntamientos y otras instituciones. De esta forma, podrían incorporar medidas mucho más transformadoras en favor de una alimentación saludable, como los comedores comunitarios agroecológicos.

Devolver la deuda ecológica con el sur global

Aunque de forma más o menos tímida, las dos propuestas analizadas tienen en cuenta la dimensión global de la crisis ecológica y la responsabilidad tanto de Europa como de EEUU. En el caso de Ocasio-Cortez, propone impulsar un intercambio internacional de tecnología, conocimientos, productos, financiación y servicios para apoyar a otros países en la implementación del Green New Deal, así como poner fin a la transferencia de empleos y contaminación al extranjero. Y desde DiEM25 proponen, entre otras medidas, legislar sobre las cadenas de suministro nacionales e internacionales con criterios de sostenibilidad y justicia, penalizar las inversiones en sectores no renovables, afianzar la sostenibilidad en las empresas (Entrench sustainability within all firms), renegociar las normas de la Organización Mundial del Comercio para incorporar los derechos humanos, crear una Directiva de Abuso Ambiental (Environmental Abuse Directive) para reconocer la responsabilidad personal y punitiva para quienes se benefician de la contaminación y crear una Comisión de Justicia Ambiental.

Estas propuestas se mueven mayoritariamente en el plano de la voluntariedad y la recomendación, con algunas excepciones como la propuesta de codificar el ecocidio como un “crimen contra la humanidad” (pág. 75). Y con ejemplos dramáticos como la propuesta de un “Premio a la sostenibilidad”, que demuestra claramente un enfoque más basado en la voluntariedad, cercano a las propuestas de RSC [11], más que en las propuestas destinadas a ampliar la regulación, los controles y las vías legales de acceso a la justicia para comunidades afectadas.

Por tanto, –a pesar de que se han dedicado importantes esfuerzos en desarrollar el papel de la Comisión de Justicia Ambiental– el enfoque general del texto nos plantea ciertas dudas sobre el alcance de la propuesta para frenar las consecuencias del productivismo, la externalización de costes hacia el sur global, el endeudamiento, o la mercantilización de bienes comunes. Por ello sería necesario un análisis más pormenorizado del papel que juegan las empresas transnacionales (y todo el entramado formado por instituciones financieras, tratados comerciales, tribunales de arbitraje, etc.) en la profundización de estos impactos. Acompañado de medidas más concretas para acabar con la impunidad corporativa y conseguir que las empresas asuman sus externalidades sociales y ambientales –siendo especialmente preocupantes los impactos de los proyectos considerados limpios, pero que mantienen la lógica de depredación territorial y explotación laboral–. Así como medidas para desarticular los tratados comerciales y los mecanismos de endeudamiento.

También sería fundamental que se incorporaran propuestas destinadas a compensar la deuda ecológica con el sur global contraída durante décadas (no sabemos si la propuesta de intercambio internacional de Ocasio-Cortez podría ir en esta dirección, aunque tal como está formulada plantea dudas sobre si no activaría más mecanismos de relación colonial entre países). Sería conveniente, por tanto, desarrollar estrategias de devolución de las deudas (ecológicas, económicas, de género), ya sea a través de financiación no condicionada, transferencia tecnológica o reparación de ecosistemas. Además de ampliar la solidaridad y la acogida con las supervivientes de este sistema, abriendo las fronteras y acompañando las luchas de las defensoras y defensores del territorio.

Apostar por transiciones locales, populares e interseccionales

Por último, debemos preguntarnos sobre qué sujetos van a impulsar la transición (o transiciones), poniendo especial atención en evitar enfoques urbanocéntricos, eurocéntricos y androcéntricos, que olviden las experiencias y conocimientos de colectivos imprescindibles para impulsar cualquier transición. Es clave que la preocupación por la pérdida de empleos contaminantes ocupados por trabajadores blancos no eclipse la preocupación por el futuro de las defensoras del territorio, el campesinado, las trabajadoras de cuidados, la población desplazada o las y los enfermos por contaminantes.

En cierta forma esta mirada esta presente en las propuestas analizadas. En el texto de Ocasio-Cortez, por ejemplo, se hace referencia al papel de los pueblos indígenas y las comunidades más afectadas por la crisis; y en la propuesta de DiEM25 se menciona de forma recurrente la importancia de los proyectos impulsados desde las comunidades y la democratización de los trabajos o las finanzas. Pero lo que no sabemos es cómo se van a impulsar estos procesos, cómo se va a conseguir que no sea un proceso dirigido desde arriba y que realmente sean las comunidades quienes lo lideren.

En este sentido, es importante tener en cuenta que para llevar a la práctica la apuesta interseccional es necesario partir de lo local, impulsar transiciones arraigadas al territorio y a su población. De esta forma podemos impulsar procesos abiertos, democráticos y sostenibles que se entrelacen con otros proyectos para aumentar de escala. Partir de lo local nos permite, además, visibilizar y reconocer multitud de alternativas locales que ya están en funcionamiento. Poner el foco en el ecofeminismo popular ya existente puede permitir huir de las tecnoutopias para poner en valor las propuestas que parten del aquí y ahora.

Así mismo, sería importante plantearse qué interrelación quieren tener estas propuestas de Green New Deal con los movimientos organizados. Hasta qué punto estas propuestas vienen a reforzar el movimiento ecologista y feminista y a consolidar sus posiciones o, por lo contrario, pueden convertirse en un freno para las demandas y posicionamientos, en base a la lógica de las demandas aceptables. En este sentido, preocupa que en cierta medida las propuestas analizadas se queden por detrás de unos movimientos y una opinión pública que estaba empezando a asumir concepciones mucho más transformadoras en relación, por ejemplo, a la urgencia de medidas socioeconómicas drásticas para limitar el calentamiento global a menos de 1,5 °C, o a la necesidad de una corresponsabilización pública, empresarial y comunitaria en relación a los cuidados.

Bibliografía

Bhattacharya, Tithi (2018) “Reproducción social del trabajo y clase obrera global”, Viento Sur.
Cavallero, Luci y Gago, Verónica (2019) “Diez tesis sobre la economía feminista (o sobre el antagonismo entre huelga y finanzas)”, Viento Sur, nº164.
Colectiva XXK (2020) “Derivas feministas hacia el bienvivir” OMAL, Paz con Dignidad y Colectiva XXK.
DiEM25 (2019) The Green New Deal for Europe https://report.gndforeurope.com/cms/wp-content/uploads/2020/01/Blueprint-for-Europes-Just-Transition-2nd-Ed.pdf
Martija, Gorka (2020) Trabajos emancipados frente a la ofensiva capitalista. Impactos y alternativas a los tratados comerciales en Hego Euskal Herria, OMAL.
Mellor, Mary (2019) “Una propuesta ecofeminista. Aprovisionamiento suficiente y dinero democrático” New Left Review
Ocasio-Cortez (2019) H. RES. 109, Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal, House of Representatives. https://ocasio-cortez.house.gov/gnd
Pérez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Traficantes de Sueños
Weingärtner, Julia y Monasterio Martín, Marta (2010) “Poner la vida en el centro: respuestas del ecofeminismo y del decrecimiento a la UE” Ecologistas en Acción.

Júlia Martí Comas es doctora en Estudios sobre Desarrollo, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), milita en el movimiento feminista de Euskal Herria y forma parte de la redacción de Viento Sur.