Florentino Pérez, presidente del club de fútbol Real Madrid y director del grupo empresarial ACS, es la novena persona más rica de España, según la lista Forbes de 2019. El grupo ACS es un compendio de cientos de compañías instaladas en todo el mundo dedicadas a diversas actividades, como la construcción o los servicios. Una de las más conocidas es Clece, empresa de servicios que gestiona desde residencias para ancianos hasta comedores escolares y ha estado implicada en varias polémicas.

Una de las últimas, ya en el marco de la crisis del coronavirus, fue la multa de 1.000 euros diaria que impuso en abril un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria hasta que la empresa no facilitara mascarillas, guantes y equipos de protección a los trabajadores del servicio municipal de ayuda a domicilio de personas dependientes, gestionado por Clece. La reticencia de la empresa a dar EPIs choca con la reclamación de Florentino Pérez quien, poco después, pidió a las administraciones una inyección de dinero público para compensar los gastos extra y la disminución de ingresos a raíz de la crisis del coronavirus. Un agujero que cifró en 7,2 millones de euros.

Clece tuvo en 2019 una facturación de 1.579 millones de euros, con un beneficio neto de 38 millones. Pues bien, a pesar de estas cifras, la petición de Florentino Pérez al gobierno dio sus frutos y, recientemente, ha sido dotado con estos 7 millones de euros que pedía, en forma de contratos por la vía de emergencia para el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid. Estos contratos, otorgados en el marco de la pandemia, y que no pasaron por concurso público, fueron para realizar servicios de limpieza a 32 hoteles, en el Hospital de Campaña Ifema y otros servicios. En el caso del Hospital de Campaña, Clece continuaría cobrando a pesar de estar cerrado, tal y como han denunciado varios medios de comunicación.

«Estamos ante contratos sin ningún tipo de garantía de transparencia -sin concurso público-, hechos a dedo y sobre los que no sabemos los requisitos para haber sido adjudicados», denuncia Blanca Bayas, miembro de Acción Ecofeminista e investigadora del Observatori del Deute en la Globalizació (ODG), entidad que ha realizado, junto a OMAL y Ecologistas, una investigación sobre grandes empresas que han sido beneficiarias de ayudas públicas para secar la deuda corporativa. Clece es sólo una de las cinco empresas que se ha investigado, a la que se suman Cepsa, Iberia & Vueling, NH Hoteles y el Real Madrid.

Estas cinco empresas son sólo una muestra de las grandes multinacionales que han recibido dinero público para sufragar las pérdidas ocasionadas por la crisis del coronavirus. Pero, más allá de eso, tienen otras cosas en común: todas ellas tienen denuncias o vulneraciones de derechos laborales, de género o ambientales a sus espaldas y tuvieron que superar pocos requisitos para recibir estas ayudas, que van desde financiaciones del BCE o el ICO a préstamos del Estado, pasando por exoneraciones en el pago de la Seguridad Social de los trabajadores, con o sin ERTE.

Salvar las grandes multinacionales «a dedo»

La investigación del ODG es un «repaso de empresas que han sido rescatadas por varias instituciones» y toma forma de denuncia contra «los mecanismos que canalizan dinero público para salvar empresas del Ibex35 contaminantes y que no respetan los derechos, en lugar invertir en servicios públicos o empresas con bases sociales, solidarias, feministas y ecológicas», apunta Bayas. Según la investigadora, una de las grandes incongruencias de estos rescates es que las personas que hay detrás de las empresas, como Florentino Pérez, «ya están muy enriquecidas».

Además, si para resolver un entramado hay que seguir ‘el hilo del dinero’, en este caso el hilo se enreda de tal manera que es casi imposible saber ni dónde empieza ni dónde acaba. Estamos ante entramados empresariales enormes, con cientos de filiales (algunas de las cuales afincadas en paraísos fiscales) que hacen difícil hacer un seguimiento del dinero otorgado. «Denunciamos la falta de transparencia, no tanto de las empresas sino de las administraciones», expone Blanca Bayas.

Así, mientras el Banco Central Europeo facilita el nombre y la cantidad total de dinero que ha dado a las empresas, no desglosa la cifra. Por su parte, el ICO sólo facilita cantidades globales y para saber cuánto dinero se ha dado a una empresa en concreto «debemos acudir a la compañía», denuncia Bayas, quien cree que esta complejidad no hace pensar en un «rescate, sino en apoyar a ciertas empresas a dedo, lo que muestra la connivencia entre el poder político y los empresarios».

En esta línea, la campaña destaca la falta de criterios para que las grandes empresas accedan al presupuesto público. De establecer criterios que hagan de cribado para decidir quién, cómo y cuánto dinero públicos obtiene, se encarga la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, creada para consensuar acciones de recuperación después de la crisis del Coronavirus. En este espacio, el 1 de julio se presentó una enmienda de Más País-EQUO, que apoyaron el PSOE, UP, ERC, Bildu, JuntsxCat, Compromís y el BNG, que proponía que las empresas rescatadas no podían tener filiales paraísos fiscales, debían cumplir con el acuerdo climático de París, rompieran la brecha salarial de enero y no pagaran dividendos durante, al menos, dos años.

Clece, para poner un ejemplo de los cinco investigados, es parte del consorcio empresarial de ACS, que en 2018 tenía 102 sociedades en paraísos fiscales. Y durante 2020 ha repartido 630 millones en dividendos. El resto de empresas analizadas por el Observatorio juegan en la misma liga. Esto es así debido a que finalmente la enmienda no se incorporó a la Comisión, debido a un bloqueo pactado entre el PSOE y Ciudadanos. «Estamos ante unas decisiones tremendamente erróneas que deben ser subsanadas antes de que se aprueben definitivamente las enmiendas». Esta votación, que se ha de celebrar pronto en el Congreso, determinará firmemente cuáles serán las condiciones que deberán cumplir las empresas para poder acceder al dinero de rescate públicos.

En estos últimos minutos del tiempo de descuento, el ODG, Ecologistas y OMAL ponen en marcha una campaña para volver a poner sobre la mesa los condicionantes financieros, económicos, sociales y ambientales y lo hace con una carta que ha enviado a los grupos parlamentarios del Congreso. El documento va más allá de la enmienda presentada por Más País-EQUO y pide que las empresas beneficiarias de las ayudas públicas tengan un plan de disminución de emisiones; tengan un tope de salarios, según el cual no se puede cobrar más de 20 veces el sueldo más bajo de la empresa; no puedan despedir a nadie durante los seis meses posteriores a la finalización de un ERTE, si lo han tenido; o la imposibilidad de aceptar el consejo de administración ninguna persona que haya tenido un cargo público en los últimos 5 años.

Empresas que «nos han llevado donde estamos»

«Estamos ante un agujero negro de ayudas y endeudamientos que aprovecha el momento de crisis para dar dinero a empresas que son las mismas que nos han llevado a esta crisis», apunta Blanca Bayas. Y es que, aunque es cierto que no se puede culpar a ningún gobierno ni empresa de la aparición de la Covid-19, sí se ha certificado que el virus tiene una relación directa con el cambio climático. «Si ayudamos empresas contaminantes y que perpetran desastres ambientales, de alguna manera, forman parte de la gestión política que nos ha llevado hasta aquí», asegura.

Durante las primeras semanas de confinamiento surgieron movimientos, como el Plan de Choque Social, que elaboraron una lista de medidas sociales para garantizar que se pudiera cumplir el lema del Gobierno de «no dejar a nadie atrás» y evitar repetir «los errores de la crisis de 2008». Y parece que volvemos a ellos, ya que como denuncian desde el ODG, los planes de recuperación actuales «vuelven a basarse en un endeudamiento que supone un riesgo para el Estado porque es a costa del recorte de servicios básicos y públicos».

Es por ello que definen la campaña que han puesto en marcha este jueves como un «cambio radical de la forma en que entendemos la crisis, evitando las colaboraciones público-privadas y apostando por servicios públicos, junto a la economía social, solidaria y feminista y la banca pública». Ahora, pues, queda la espera de la resolución final de la votación en el Congreso, una votación que podría hacer revivir los errores de la crisis de 2008 o podría evitar que se tuviera que volver a entonar la reclamación de «salvar las personas y no los bancos».