En la Jornada: “Zona de riesgo: Defender el territorio y los derechos humanos frente a los megaproyectos” del pasado 3 de marzo, Samantha César, Teresa Castellanos y Juan Carlos Flores compartían con numerosas personas de organizaciones sociales y de derechos humanos los impactos socioambientales que el Proyecto Integral Morelos ha tenido sobre sus comunidades y territorios.

Desde el inicio de la obra, en 2011, ha contado con una fuerte oposición social. No solo por la pérdida del territorio que supone para las comunidades campesinas e indígenas, sino también porque el gasoducto atraviesa la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, uno de los 5 volcanes más activos y peligrosos del mundo. Además, la central térmica de está muy próxima a la comunidad de Huexca y despojará el agua de riego de 20 ejidos del municipio de Ayala (Morelos) para el funcionamiento de las turbinas.

La infraestructura está incrementando los riesgos en una zona volcánica con más de 2 millones de habitantes. Quienes han denunciado y se han movilizado para defender el territorio y sus medios de vida, han sufrido amenazas, criminalización, tortura e incluso el asesinato. A tres días de una consulta pública sobre el proyecto, muy cuestionada por su inutilidad y opacidad, Samir Flores fue asesinado. Aún con todo, en el ejido de Amilcingo consiguieron el pasado mes de julio de 2019 que un juez federal decretara la suspensión del funcionamiento del gasoducto por el riesgo que supone y el despojo de tierras.

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