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Construcción de paz desde las comunidades del Catatumbo

Lara Gil Menés (Monográfico OMAL, nº 1, abril de 2020)

Domingo 12 de abril de 2020

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Aunque las grandes ciudades colombianas pretendan vivir al margen del conflicto social y armado que atraviesa el país, la realidad en Colombia es qué tras la llegada al gobierno del heredero de Uribe, Iván Duque, la guerra está retomando sus formas más oscuras y perversas en las que el paramilitarismo y criminalización del movimiento social vuelven a ser una estrategia del gobierno.

En este contexto, muchas comunidades se posicionan exigiendo el cese de la violencia y su derecho a permanecer en el territorio de forma digna. Desde Apartadó, pasando por Micoahumado hasta las comunidades indígenas Nasa de Toribío, hay comunidades que llevan décadas conviviendo con los actores armados, sufriendo las idas y venidas de la guerrilla, las incursiones paramilitares y los hostigamientos del ejército. Y que aun así permanecen firmes exigiendo a los grupos armados (legales e ilegales) que se vayan de sus territorios y se posicionan cómo sujetos autónomos y de pleno derecho en la soberanía de sus territorios.

Un ejemplo de ello son las comunidades del Catatumbo, una pequeña región en la frontera con Venezuela en la que las comunidades campesinas e indígenas Barí comparten el territorio con disidencias de las FARC, el ELN, EPL y más de 17 mil soldados del ejército colombiano. Se trata de un territorio en disputa debido a sus riquezas naturales y su posición estratégica para los intereses transnacionales. La región se caracteriza por la proliferación de economías ilegales y la militarización del territorio, pero también por la construcción de un proceso social, político y cultural autónomo de las comunidades.

En esta tensión, la población campesina y las comunidades indígenas Barí defienden una apuesta de paz real que va más allá de la dejación de armas, y entiende la paz como la construcción y consolidación de las estructuras necesarias para garantizar vidas dignas de ser vividas. En medio del fuego cruzado, la militarización y el abandono estatal, las Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales como el Comité de Integración Social del Catatumbo –CISCA-, hacen propuestas de soberanía económica, política, alimentaria y cultural.

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Sus apuestas se dirigen a generar una economía alternativa que asegure una alimentación diversificada y que compita con los monocultivos y proyectos extractivos para que estos vayan ocupando cada vez menos espacio. También han creado un sistema de peajes con el que construir y mantener las carreteras que comunican a las veredas y municipios. Y realizan escuelas de formación campesina que incluyen temas como el feminismo, los derechos humanos y la construcción de paz a niños y niñas que no tienen ni cinco años.

Estas apuestas tienen una base en el municipalismo, las personas líderes se presentan a las elecciones municipales para influir en las políticas y presupuestos de las comunidades, pero también en el trabajo de base que se desmarca de la dependencia a un gobierno central que les tiene totalmente abandonados. Desde la educación popular, la soberanía alimentaria, el liderazgo social y la política regional, el Catatumbo resiste a los intereses de la política internacional, de las empresas transnacionales y el narcotráfico, y proyecta como posible un horizonte soberano, anticapitalista y feminista.

 


Lara Gil Menés trabajó como delegada de Paz con Dignidad en Colombia.

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Ver en línea : Monográfico OMAL, nº 1, abril de 2020


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