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Después de la “nueva política”, futuro del municipalismo en el Estado Español

Carlos Sánchez Mato (Monográfico OMAL, nº 1, abril de 2020)

Jueves 2 de abril de 2020

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Ahora puede parecer un sueño lejano y confuso pero no hace tanto tiempo que las elecciones municipales, las de mayo de 2015, dieron un vuelco inesperado en el tablero de gobierno de algunas de las principales ciudades del país. No fue sino el resultado de los procesos de movilización profusamente estudiados tras la explosión de indignación popular y que tuvieron expresiones como el 15M y las Marchas de la Dignidad.

La expresión electoral de esa efervescencia fueron los éxitos de las candidaturas de confluencia y de unidad popular conformadas por Podemos, Izquierda Unida, Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Zaragoza en Común, Anova, Iniciativa, Equo, y colectivos sociales y de activistas destacados en las movilizaciones contra la crisis, que lograron alcanzar las alcaldías de municipios de enorme importancia en todo el estado: No fueron solo Madrid y Barcelona. A las dos ciudades de mayor tamaño se añadieron Zaragoza, A Coruña, Santiago, Cádiz, Zamora, Ferrol o Badalona. En Valencia, tras décadas de gobierno del Partido Popular (PP), se impuso Compromís junto con Valencia en Comú. También Córdoba, Valladolid y Alicante fueron recuperadas de las manos de la derecha, gracias a acuerdos con el PSOE. Algunos otros municipios como Rivas Vaciamadrid, con gobiernos tradicionalmente de izquierdas que aguantaron en el desierto de años anteriores, fueron privilegiados testigos del profundo cambio del mapa del poder local.

La ola parece haberse retirado pero ha quedado mucho de esa marea y merece la pena, antes de señalar los enormes retos aún todavía por alcanzar, hablar de lo alcanzado por el municipalismo en esta etapa a través de los ayuntamientos del cambio. En mi opinión sin duda han hecho honor a esa denominación, con una gestión honesta y eficaz de los recursos públicos con el objetivo de maximizar el bienestar de la ciudadanía. Más inversión y gasto social sí, pero también cuentas saneadas con superávit y reducciones de deuda. Detrás de esos datos hay mejores instalaciones deportivas, nuevas escuelas infantiles, centros de mayores reformados, bibliotecas, mejora del asfaltado, recuperación de algunos servicios públicos externalizados, apuestas por la cultura para todos, desarrollo de cláusulas sociales en la contratación pública y lucha por mejorar la situación de la vivienda en nuestras localidades. Demostramos en la práctica que hay alternativa económica y de gestión a la caracterizada por quienes han hecho del deterioro de los servicios públicos su máxima.

Los logros no se pueden evaluar con los mismos parámetros que se utilizan para calificar a gobiernos más habituales. Y es que, sin ánimo de adoptar el victimismo como escudo de defensa, lo cierto es que no fue fácil avanzar en políticas transformadoras ya que los obstáculos han sido enormes y los equipos de gobierno estuvieron enormemente constreñidos a la hora de poner en marcha las mismas.

Es evidente que existen múltiples necesidades económicas y sociales que podrían haber sido abordadas y cubiertas por los municipios en el desarrollo de sus competencias. Pero los ayuntamientos nos encontramos con muros legales que impedían que las pudiéramos acometer, especialmente aquellos que éramos claramente contrarios a la legislación existente. Mediante la aplicación de la “regla de gasto” enunciada en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), el Gobierno del PP restringió la actuación de las Corporaciones Locales, a pesar de que estas presentaban significativos superávit presupuestarios, aspecto este del que no pueden presumir ni la administración central ni las comunidades autónomas.

Mientras las corporaciones locales reducían la deuda, las comunidades autónomas y la administración central la incrementaban. Precisamente por esa exquisita ejecutoria que respaldan los datos publicados por el Banco de España, resulta más incomprensible para cualquier observador imparcial que el Ministerio de Hacienda se obsesionase en limitar el gasto e inversión de los ayuntamientos por debajo de una tasa de referencia del PIB que es inexacta y volátil y que implica una pérdida continuada de peso del gasto público en relación al PIB. Supone en definitiva poner obstáculos para asegurar el imprescindible incremento del gasto público social en un contexto de infradesarrollo del mismo.

Está claro que el marco fijado se utilizó para impedir que cualquier cambio político, basado en la idea del municipalismo pegado a los problemas de la gente, pusiera en entredicho y comprometiese las líneas maestras fijadas por la Comisión Europea y las clases dominantes del estado español para las administraciones públicas.

El marco legal hostil no solo pretendía atar de pies y manos a la aspiración transformadora, sino que ha ido más allá en la profundización de esa antisocial jerarquía de prioridades con una limitación total, absoluta y flagrante de la autonomía de las corporaciones locales consagrada en el artículo 140 de la Constitución Española, así como de la suficiencia fiscal necesaria para llevar a cabo un desarrollo pleno de sus competencias. Las trabas a la hora de poder usar hasta los remanentes de tesorería para garantizar unos mínimos niveles de bienestar, otorgando prioridad al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público llegan al absurdo al establecer la prohibición a las corporaciones locales de incurrir en déficit estructural.

Es el colmo en el sistema capitalista. Los ayuntamientos “hostiles” no han podido usar la herramienta del déficit y la deuda, que incluso está contemplada como posible en la modificación constitucional del artículo 135.

Es el colmo en el sistema capitalista. Los ayuntamientos “hostiles” no han podido usar la herramienta del déficit y la deuda, que incluso está contemplada como posible en la modificación constitucional del artículo 135. Modificación que identifica excepciones a la hora de aplicar los principios de estabilidad (aprobación de reformas tributarias con efectos presupuestarios a largo plazo, catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria). Ni siquiera esa herramienta se le ha permitido a las corporaciones locales que ponían en cuestión la ortodoxia.

Existía una necesidad compartida por los ayuntamientos de todo el país de que cambiase la situación. Pero en el momento clave de esa batalla, faltó voluntad política por parte de quienes tenían la obligación de liderar la revuelta municipalista, y la claudicación de Manuela Carmena ante Cristóbal Montoro desequilibró la balanza. En un momento político central en la confrontación entre las fuerzas municipalistas de la izquierda transformadora, que habían accedido al gobierno de ayuntamientos, y una derecha corroída hasta el tuétano por la corrupción, obsesionada con el centralismo y al servicio de las políticas austericidas auspiciadas por la Comisión Europea.

Aun así, me resisto a resumir la experiencia de gobiernos municipalistas con la palabra “derrota” porque se ha demostrado claramente que hay posibilidad de gobernar de otra manera. El municipalismo demostró que era compatible multiplicar el gasto y la inversión social al mismo tiempo que se recaudaba con una mayor justicia fiscal y todo ello preservando la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y lo hicimos en muchos lugares superando todos los obstáculos del mundo colocados por quienes, aunque ahora se erijan en paladines de la estabilidad presupuestaria, no son otra cosa que campeones de los recortes.

En definitiva, a pesar de todos los errores cometidos hemos sido capaces de trabajar con personas diferentes buscando lo que nos unía para configurar una incipiente base para la unidad. Pero esa unidad no va a ninguna parte sin la movilización y la participación de la gente, elementos esenciales para, además de conseguir mayoría en las instituciones, ser capaces de defender los espacios y los derechos conquistados hasta el punto de convertirlos en irreversibles.

Y ahora toca mirar hacia delante y abordar retos absolutamente inaplazables. No puedo plantearlos sin seguir los postulados de una persona sabia como Yayo Herrero que nos propone cambiar la óptica y nos dice que, cuando miramos la ciudad desde el punto de vista de las necesidades de todas las personas, lo que nos sale es un modelo radicalmente distinto, una ciudad articulada desde la sostenibilidad, que tiene que adaptarse urgentemente al cambio climático una ciudad que tiene que reducir el uso de energía y materiales porque su metabolismo se alimenta a costa de otros territorios donde la gente es expulsada, una ciudad que debe acoger.

Y es que estamos en un momento excepcional en la historia, en el que se profundizan las desigualdades, aumentan las tensiones por los recursos básicos, se rearma el patriarcado, y muchas personas se ven expulsadas a los márgenes. Por ello explica que es urgente impulsar transformaciones basadas en la equidad y la justicia, que pongan el foco en asegurar condiciones dignas a las mayorías sociales. Hay que caminar hacia la construcción de economías alternativas que pongan en el centro las necesidades de las personas y es preciso sumar esfuerzos con beligerancia, pero también con ternura, es necesario reconocernos en nuestra diversidad, en todas nuestras identidades.

Y es ahí donde está la potencia del municipalismo como la fuerza de lo cercano, porque es la (única) manera de acercar la toma de decisiones a los lugares donde se viven las consecuencias de dichas decisiones, para reconstruir vínculos y reaprender lo colectivo.

Por eso es imprescindible rescatar la apuesta por volver a lugares que jamás debieron abandonarse en el tránsito de las plazas a los despachos porque la participación en las decisiones no puede dejarse solo para ver qué color ponemos al mobiliario urbano. Ha de asentarse en la asunción de programas colectivos de obligado cumplimiento, en las decisiones debatidas en común y en la democracia radical.

No puedo estar más de acuerdo en la necesidad de crear unas condiciones para que, venga lo que venga, la sociedad resista. Avisamos de que estamos a las puertas de una nueva recesión. Triste ironía para la inmensa mayoría social que no ha salido aún de la anterior pero se impone la necesidad de proteger a la gente. Y la única manera que se me ocurre es superar precariedades, reducir desigualdades, crear una base sobre la que se redistribuya la riqueza en las ciudades, se fomenten los empleos estables y se blinde la libertad de amar y de vivir como cada cual quiere. Defender una vida que merezca la pena ser vivida debe ser la bandera del municipalismo en esta nueva fase en la que no podemos permitirnos el lujo de mirar desde la lejanía como se deterioran más las condiciones de la mayoría social.

Porque el cambio se quedó a medio camino pero eso no modifica ni un ápice la necesidad de que se siga avanzando. Las políticas públicas no han movido de manera decidida la balanza hacia la gente que más lo necesita y el desequilibrio persiste. Frente a proyectos urbanísticos insostenibles, se impone la necesidad de un urbanismo que incorpore la perspectiva de género y que sea herramienta esencial de transformación de las ciudades. Debemos hacer frente, con más urgencia si cabe que hace una década, a la crisis ecosocial acuciante.

Tenemos 12 años para revertir el colapso ecológico al que avanza nuestro planeta y debemos empezar desde el ámbito cercano y municipal repensando cómo podrían ser nuestras ciudades en las próximas décadas.

Tenemos 12 años para revertir el colapso ecológico al que avanza nuestro planeta y debemos empezar desde el ámbito cercano y municipal repensando cómo podrían ser nuestras ciudades en las próximas décadas. Y eso requiere actuaciones enérgicas en ámbitos como la preservación del suelo, la rehabilitación integral de la edificación, la contención y reducción del consumo energético y la apuesta a fondo por las energías renovables que permitirían reducciones en más del 90% en las emisiones de gases de efecto invernadero. No es aspiración menor para el municipalismo el tender puentes entre las ciudades y los pueblos y para eso promover la reconexión de las ciudades con los espacios rurales, impulsando la gestión en torno a las ecorregiones.

Y precisamente por eso es ineludible para la siguiente etapa trabajar en unos ejes irrenunciables que nos permitan estar a la altura del reto al que nos enfrentamos:

1. Es preciso gobernar en beneficio de la gran mayoría, que incluye a la población más desfavorecida en municipios atravesados por la desigualdad. No podemos limitarnos a gestionar desde la equidistancia ni las decisiones salomónicas.

2. Es imprescindible avanzar decididamente en la construcción de una sociedad feminista y ecologista, que debe tener efectos palpables en todos los ámbitos de gobierno para identificar y corregir graves desequilibrios y efectos nocivos de las políticas municipales.

3. Debe fomentarse la cultura del reparto, la solidaridad y los cuidados, que puedan funcionar como un seguro de vida, sobre todo para quienes son más vulnerables. Un espacio urbano y unos servicios integradores, que potencie la igualdad en el respeto a la diversidad; que fomente la colaboración frente a la mercantilización de nuestras vidas.

4. El compromiso de gestionar lo público, lo común es sagrado y no podemos renunciar a esa responsabilidad entregándosela a unos pocos. Recuperaremos la propiedad de patrimonio público y la gestión pública directa de los servicios. Las enormes carencias de nuestros barrios y las desigualdades que sufren nuestras vecinas y vecinos hacen imprescindible nuestro compromiso por poner todos los medios a nuestro alcance para que se cumpla la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

5. Asegurar el derecho a la ciudad, eliminando barreras que discriminan en función de la edad, el género, la diversidad funcional o la clase.

Parafraseando a Rosa Luxemburgo, no es precisamente un mal programa municipalista aspirar a que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Habrá otra oportunidad para el municipalismo. De todas y todos depende que no sea demasiado tarde.

 


Carlos Sánchez Mato fue concejal de Ahora Madrid en el pasado mandato, es responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.

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