El informe analiza el apoyo financiero de la UE y del Estado español a las grandes empresas españolas para su internacionalización, así como la falta de procedimientos eficaces para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en las actividades de estas compañías. A su vez, presenta diferentes propuestas para prevenir, vigilar y responsabilizar a las empresas multinacionales de los impactos socioambientales asociados a su expansión global.

El objetivo del estudio es contribuir a la mejora del conocimiento de los mecanismos financieros y las responsabilidades público-privadas —tanto de los Estados como de las grandes empresas— que consolidan la injusticia social y ambiental. Con este trabajo también se ha querido hacer incidencia respecto al hecho de que las políticas públicas prioricen los derechos fundamentales de las mayorías sociales y sirvan para frenar la crisis socioecológica global. La acción social y política para la justicia financiera es lo que persigue la red Citizens for Financial Justice, un proyecto en el que participan 45 organizaciones de la sociedad civil de 15 países europeos, gracias al cual ha sido posible esta publicación.

• Autoras: Erika González, Beatriz Casado, Marta Fernández
• Diseño y maquetación: Laura Bustos Arense
• Fecha: marzo de 2020

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 Briefing of the report here

Resumen ejecutivo

Los gobiernos de origen de las empresas transnacionales desarrollan un mosaico de políticas, medidas y órganos para favorecer la internacionalización de los negocios de las grandes corporaciones. Los Estados impulsan la política de internacionalización empresarial a través del fomento de la exportación de bienes y servicios, la promoción de la inversión fuera de las fronteras o la atracción de inversiones extranjeras en el propio territorio.

El apoyo financiero con fondos públicos a la inversiones de las empresas españolas en otros países se materializa mediante diferentes entidades: unas que ejercen de banca pública, otras que gestionan seguros por cuenta del Estado, otras que disponen de fondos específicos para la internacionalización. Las principales entidades y mecanismos que han puesto en marcha la Unión Europea y el Estado español para apoyar la expansión global de las grandes empresas son el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), la Compañía de Financiación del Desarrollo (COFIDES) y el Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM).

El Estado español ha sostenido un importante apoyo financiero a la internacionalización empresarial de grandes dimensiones: entre 2006 y 2018, ha gestionado un total de 16.662 millones de euros, fundamentalmente en créditos y participaciones de capital. A esto hay que añadir la actividad aseguradora de CESCE: en 2018, los riesgos en vigor de los seguros por cuenta del Estado de esta compañía sumaban un valor de 15.154 millones de euros. El BEI, en ese mismo período, ha concedido créditos a las inversiones españolas en América Latina por un valor de 2.636 millones de euros.

Oficialmente, el respaldo de los Estados a la internacionalización suele justificarse por sus efectos positivos para las pequeñas y medianas empresas. La realidad, sin embargo, es que las grandes empresas están muy presentes en todos estos mecanismos de apoyo estatal. Estos proyectos de internacionalización empresarial apoyados con fondos públicos, como ilustran los casos que se exponen en este informe, están asociados a toda una serie de impactos sociales, económicos, ambientales y culturales. Sin embargo, a pesar de las reclamaciones de las organizaciones de la sociedad civil, no se han producido avances significativos a la hora de promover mecanismos efectivos de evaluación, seguimiento y control de los impactos de estas actividades empresariales sobre los derechos humanos.

■ El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es un ente público que actúa como una entidad de crédito privada. El BEI destina cerca del 90% de su presupuesto a la Unión Europea. Los proyectos que financia están relacionados con la contención de la migración fuera de las fronteras europeas y la promoción de los intereses de la UE en otras regiones en ámbitos como el transporte, la movilidad interna o la energía.

La financiación de proyectos en América Latina ha ido ganando importancia en los últimos años; desde 2006, esta región ha sido el destino de créditos y participaciones en fondos de inversión por valor de 6.717 millones de euros. Ahí se ha concentrado el grueso de la financiación a las compañías españolas: del presupuesto total del BEI para la región latinoamericana, el 39% se ha dirigido a proyectos en los que participan empresas transnacionales españolas; principalmente, en Brasil, Ecuador y Panamá.

La ausencia de mecanismos efectivos para evitar la violación de los derechos humanos y responsabilizar a las compañías de sus abusos ha sido una exigencia constante por parte de las organizaciones sociales europeas que se articulan en Counter Balance. El BEI no ha avanzado en un mecanismo de reclamaciones que pudiera ser una vía efectiva en la detección de los impactos, así como en la puesta en marcha de vías para frenarlos y reparar el daño.

■ El Instituto de Crédito Oficial (ICO) actúa como un banco público que financia a empresas. Desde 2012 se puede conocer el destino de su financiación internacional gestionada por bancos intermediarios, en la que se han priorizado como destinos Europa, EEUU, Marruecos, China y México. En el caso de la financiación directa no hay información de los países donde se dirige. Esta institución no se prodiga en aportar información detallada de sus actividades.

En los últimos años, en su apoyo a la internacionalización empresarial se ha priorizado la inversión en sectores dirigidos a proyectos relacionados con el cambio climático, las infraestructuras y el transporte. Entre 2006 y 2018, de los 11.700 millones de euros que ha destinado el ICO para financiar la inversión extranjera española, el 65% ha ido a proyectos de grandes empresas; a pequeñas y medianas empresas, el 25%.

Las condiciones de los instrumentos del ICO para promover la inversión extranjera española no contemplan criterios relacionados con el medio ambiente, la igualdad y los derechos humanos. Únicamente en la financiación directa se alude, de forma general, al cumplimiento de los Principios de Ecuador y otras normas internacionales. No se desarrollan el procedimiento, los recursos y la responsabilidad del seguimiento de la financiación para garantizar su cumplimiento; tampoco se presentan las medidas a tomar en caso de incumplimiento.

■ La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) es una sociedad mercantil de propiedad mixta. El 50,25% de su capital social pertenece al Estado; el 24% al Banco Santander y el 16% al BBVA; el resto, a otros bancos y compañías de seguros. CESCE es la agencia de crédito a la exportación que gestiona, por cuenta del Estado, los seguros de la internacionalización de la economía española.

En relación al tipo de corporación que suele acudir a CESCE, destacan los grandes bancos como HSBC, BNP Paribas, Caixabank, Santander y BBVA. El riesgo en vigor asumido por el Estado a través de este instrumento financiero llegó a ser de 17.000 millones de euros en 2011. En 2018 se cuantificaba en 15.154 millones de euros; el 84% corresponde a proyectos activos y el resto es deuda procedente de capitales impagados e importes refinanciados. Respecto a los proyectos a los que se asegura el crédito, las grandes compañías que aparecen con más frecuencia son Elecnor, Técnicas Reunidas, Abengoa y Acciona.

Los criterios para acceder a la cobertura de riesgos están relacionados con el cumplimiento de una serie de instrucciones internas de la compañía y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las Agencias de Crédito a la Exportación. En función del posible impacto, CESCE afirma que condiciona el seguro a la puesta en marcha de medidas de prevención, mitigación y seguimiento.

■ La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) es una sociedad mercantil de carácter mixto. Tiene un 54% de participación pública (a través del ICEX, 26%; el ICO, 20%; la Empresa Nacional de Innovación, 8%) y el resto se reparte entre los bancos Santander (20%), BBVA (17%), Sabadell (8%) y CAF (1%). COFIDES gestiona el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME).

FIEX ha representado el 78% del presupuesto aprobado por COFIDES entre 2006 y 2018. Desde 2006, COFIDES ha aprobado 2.626 millones de euros para financiar proyectos de internacionalización empresarial. El 39% del presupuesto de los proyectos aprobados se dirige a grandes empresas. La compañía financia proyectos que se localizan fundamentalmente en América Latina, sobre todo en Brasil, México, Perú y Chile. Los sectores prioritarios son los relacionados con las infraestructuras del transporte, energía, automoción e industria, seguidos del sector agroalimentario y financiero. Entre las grandes empresas que han recibido un mayor apoyo destacan Abengoa, OHL, Isolux Corsán, Gestamp, Cie Automotive y Pescanova.

Según la propia compañía, COFIDES ha establecido un procedimiento de análisis y seguimiento ambiental y social que asegura estar aplicando hace veinte años. La entidad afirma su compromiso con la sostenibilidad económica, social y medioambiental de sus inversiones y busca un impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sería necesaria una mayor evaluación, proyecto por proyecto, para comprobar que efectivamente esté contribuyendo a aportar soluciones a la crisis ecológica.

■ El Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM) es heredero del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), un fondo público de cooperación internacional con el que se ofrecieron donaciones y créditos concesionales a los países hasta su reforma en 2010. El FIEM es gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio, que se encarga de la selección de los proyectos y de su financiación, supervisión y evaluación. Inicialmente tenía entre sus apoyos la ayuda no reembolsable para asesorías técnicas y estudios de viabilidad, opción que se eliminó en 2012. Hoy se mantienen los créditos concesionales con un elemento de donación de un 35% a países de renta media-baja e inferior. Estos créditos, que se conceden a Estados periféricos, suelen ser empleados en infraestructuras concesionadas a compañías españolas.

El monto de operaciones aprobadas por el FIEM tuvo un máximo de 474 millones de euros en 2012; posteriormente, ha ido oscilando en torno a 200 millones de euros anuales. Sus apoyos financieros se concentran en países latinoamericanos como Ecuador, México y Uruguay. Los sectores más financiados son la energía, el transporte, las infraestructuras y los bienes de equipo. Desde su creación, el 63% de la financiación del FIEM ha ido a parar a empresas transnacionales, especialmente a compañías como Técnicas Reunidas, CAF, Siemens Gamesa o Acciona.

Para el seguimiento, FIEM hace referencia a la declaración de la empresa y a una herramienta que se utiliza para valorar si un proyecto puede tener un impacto ambiental severo. Al igual que CESCE y COFIDES, clasifica los proyectos en función del posible impacto y tiene un procedimiento muy similar. En su normativa ha incorporado el hecho de que antes de realizar cada pago del crédito haya un informe en el que se puedan incluir cláusulas sociales y ambientales y se revise su cumplimiento.

La efectividad de los programas y medidas para la protección de los derechos humanos se pone en cuestión cuando existen denuncias de organizaciones sociales y comunidades afectadas por los proyectos empresariales que han sido financiados a través de los citados instrumentos estatales de apoyo a la internacionalización. Es el caso de las denuncias sobre el proyecto de La Venta III (México), puesto en marcha por Iberdrola con financiación del BEI; el túnel de Occidente (Colombia), construido por un consorcio con participación de Sacyr y financiación del ICO; el proyecto Porto Sudeste (Brasil), de la empresa pública Defex financiada por CESCE; los proyectos Conmex y Mayakoba, que construyó OHL en México con financiación de COFIDES. Y es también el caso del gasoducto Morelos, construido y operado por Enagas y Elecnor en México con financiación del FIEM, donde se está reproduciendo la violación sistemática de los derechos humanos de las comunidades que se oponen a la expansión del megaproyecto en sus territorios.

La responsabilidad de los daños causados por las grandes compañías se extiende a los Estados que respaldan su actividad internacional con fondos públicos. Los procedimientos que se contemplan en relación a los impactos socioambientales, tanto para evitarlos como para proceder a su evaluación y seguimiento, no parecen asegurar el control efectivo sobre proyectos (como grandes infraestructuras o actividades industriales) que implican la ocupación de una elevada extensión de terreno, el cambio del uso de suelo, el deterioro de los ecosistemas afectados, la pérdida de los medios de vida y la expulsión de la población rural e indígena.

Los conflictos socioambientales y las irregularidades asociadas a las empresas que son financiadas por el Estado dejan en evidencia la ineficacia de sus procedimientos de control. Frente a ello se recomienda la adopción de medidas alternativas como: regulación vinculante del apoyo público financiero en materia de derechos humanos; ampliación de los criterios de exclusión de sectores que carezcan de efectos positivos sobre la calidad de vida de las personas y los ecosistemas; prohibición de financiación a empresas del sector de armas y defensa, energía nuclear, combustibles fósiles o bienes de lujo; exclusión de las compañías que tengan filiales en paraísos fiscales o desarrollen sus operaciones en países donde se violan los derechos humanos, entre otros ámbitos. Y establecer un baremo que priorice proyectos que apuestan por, entre otros, la transición energética, la protección laboral, la reinversión en la economía local. Junto a ello, el seguimiento de los proyectos habría de estar regulado por cláusulas socioambientales que fueran de obligado cumplimiento para la empresa y para sus contratistas y proveedores. En caso de que se probara su incumplimiento por la apertura de procesos legales o por resoluciones de las instituciones públicas, se establecerían de forma automática las sanciones contempladas.

Reforzar el marco regulatorio interno de la Unión Europea y del Estado español supone dar pasos esenciales para incrementar el control sobre la actividad de las empresas transnacionales. Al mismo tiempo, se hace necesario avanzar en regulaciones internacionales capaces de abarcar toda la complejidad de los grandes conglomerados económicos. En esa línea, numerosas organizaciones sociales y comunidades afectadas vienen reclamando la adopción de nuevos instrumentos jurídicamente vinculantes que obliguen a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos en cualquier país donde desarrollen sus operaciones.

Public funds, private businness

Financial support for the internationalisation of Spanish companies: organisations, instruments and impacts

This briefing summarises the financial support provided by the EU and the Spanish State to large Spanish companies for their internationalisation, as well as the lack of effective procedures to guarantee compliance with human rights in the activities of these companies. finally, it presents some proposals to reverse this situation and to stop the socio-environmental impacts associated with the global expansion of corporations.

Introduction

Multinational corporations’ governments of origin provide an array of policies, measures and bodies to help internationalise the business of big companies. States drive business internationalisation by encouraging exports of goods and services, promoting investments abroad or attracting foreign investment to their territory.

Financial support with public finds for the investments of Spanish companies abroad is materialised through various bodies: some acting as public banks, others managing guarantees on the state’s behalf, others providing specific funding for internationalisation. The chief agencies and mechanisms in place in the EU and Spain for worldwide expansion by big companies are the European Investment Bank (EIB) and in Spain the Official Credit Institute (ICO), the Spanish Export Credit Guarantee Corporation (CESCE), the Development Finance Corporation (COFIDES) and the Fund for Business Internationalisation (FIEM).

The Spanish state has provided huge funding for large-scale business internationalisation: in 2006-18 it channelled a total of 16.662 billion euros, chiefly in loans and equity participations. On top of this are the guarantees given by CESCE: the outstanding risk covered by the Corporation’s state guarantees in 2018 totalled 15.154 billion euros. In the same period the EIB granted loans for Spanish investments in Latin America worth 2.636 billion euros.

Officially, state backing for internationalisation is normally justified on account of its positive effects on small and mid-size companies. Yet the reality is that big companies are highly present in all these state support mechanisms. Such business internationalisation projects supported by public funds, as shown by the cases discussed in this report, are associated with a range of social, economic, environmental and cultural impacts. Despite complaints from civil society organisations, no significant progress has been made with putting in place effective mechanisms for the assessment, monitoring and control of the impact that such business activities have on human rights.

Financial support

■ The European Investment Bank (EIB) is a public agency that acts as a private credit institution. The EIB devotes nearly 90% of its budget to the EU. The projects that it funds are linked to the containment of migration from outside European frontiers and to promoting the EU’s interests in other regions in spheres such as transport, internal mobility or energy.

Its funding of projects in Latin America has grown in recent years: since 2006 the region has been targeted with credits and participations in investment funds worth 6.717 billion euros. This is where most funding of Spanish companies has been located: of the EIB’s total budget for Latin America, 39% has gone to projects involving Spanish transnational firms, chiefly in Brazil, Ecuador and Panama.

The lack of effective mechanisms for preventing human rights violations and holding companies accountable for abuses has been an ongoing concern of the European social organisations allied in the Counter Balance coalition. The EIB has made no progress with any complaints mechanism liable to effectively stop impacts, or with providing means of reducing and remedying harm.

■ The Spanish Official Credit Institute (ICO) acts as a public bank for financing business. Since 2012 it has disclosed where its international funding managed by intermediary banks goes: priority targets have been Europe, the US, Morocco, China and Mexico. As to direct funding, there is no reporting on what countries it goes to. The Institute is unforthcoming with detailed information on what it does.

In recent years the priority in its support for business internationalisation has been investment in sectors involving projects linked to climate change, infrastructure and transport. In 2006-18, of the 11.700 billion euros that the ICO spent on funding Spanish foreign investment, 65% was assigned to the projects of big companies, and 25% to small and midsize companies.

The terms and conditions of the ICO’s instruments for promoting Spanish investment abroad include no criteria linked to the environment, equality or human rights. For direct funding only is there a broad reference to compliance with the Equator Principles and other international standards. No procedure, resources or responsibility for monitoring of funding so as to ensure compliance are provided; nor are any measures to be taken in the event of non-compliance.

■ The Spanish Export Credit Guarantee Corporation (CESCE) is a mixed public-private firm. 50.25% of its capital is owned by the state, 24% by Banco Santander and 16% by BBVA; the remainder is held by other banks and insurers. CESCE is the export credit agency which, on the state’s behalf, manages credit guarantees for the internationalisation of the Spanish economy.

As to the types of company that normally make use of CESCE, notable clients are big banks such as HSBC, BNP Paribas, Caixabank, Santander and BBVA. The outstanding risk covered by the state via this financial instrument attained 17 billion euros in 2011. In 2018 it was quantified at 15.154 billion euros, with 84% corresponding to active projects and the remainder to debt on account of unpaid capital and refinanced amounts. As to the projects for which credit is guaranteed, the big companies that appear most often are Elecnor, Técnicas Reunidas, Abengoa and Acciona.

The criteria for accessing risk coverage are linked to compliance with the Corporation’s various internal instructions and recommendations by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) for export credit agencies. According to the potential impact, CESCE says its guarantees are conditional upon the implementation of measures for prevention, mitigation and monitoring.

■ The Spanish Development Finance Corporation (COFIDES) is a mixed public-private company. Its capital includes a 54% public share (through ICEX, 26%; ICO, 20%; the National Innovation Company (ENI), 8%), and the remainder is spread across the banks Santander (20%), BBVA (17%), Sabadell (8%) and CAF (1%). COFIDES manages the Foreign Investment Fund (FIEX) and the Fund for SME Foreign Investments (FONPYME).

FIEX represented 78% of the COFIDES budget in 2006-18. Since 2006, COFIDES has approved 2.626 billion euros for funding business internationalisation projects. 39% of its project budget goes to large corporations. The company funds projects located chiefly in Latin America, especially Brazil, Mexico, Peru and Chile. The preferred sectors are those involving infrastructure for transport and energy, and the automotive and other industries followed by the agri-food and financial sectors. The big companies that have received most support notably include Abengoa, OHL, Isolux Corsán, Gestamp, Cie Automotive and Pescanova.

According to the company itself, COFIDES has established a procedure for environmental and social analysis and monitoring that it claims to have been applying for 20 years. It says it is committed to economic, social and environmental sustainability in its investments, and seeks to make a positive impact with the Sustainable Development Goals. Greater assessment, project by project, would be needed to ascertain whether it is indeed helping provide solutions to the ecological crisis.

■ The Fund for Business Internationalisation (FIEM) is heir to the Development Aid Fund (FAD), a public international cooperation fund through which grants and concessional loans were channelled to countries until its reform in 2010. FIEM is managed by the Trade Department, which is responsible for selecting projects and their funding, supervision and assessment. Initially the support it gave included non-refundable grants for technical advice and viability studies, though this was stopped in 2012. Today it gives concessional loans with a 35% grant component to countries with mediumlow and lower incomes. These loans, granted to peripheral states, are normally used for infrastructure under concessions held by Spanish firms.

The amount of operations approved by FIEM peaked in 2012 at 474 million euros, and since then it has been about 200 million euros a year. The Fund’s financial support has been concentrated in Latin American countries such as Ecuador, Mexico and Uruguay. The most funded sectors are energy, transport, infrastructure and equipment goods. Since it was set up, 63% of FIEM’s funding has gone to transnational companies, notably firms such as Técnicas Reunidas, CAF, Siemens Gamesa or Acciona.

For monitoring, FIEM refers us to a company statement and a tool that it uses for evaluating whether a project is liable to have major environmental impact. Like CESCE and COFIDES, it classifies projects by their potential impact, with a similar procedure. Its rules include the requirement that before each loan pay-out there be reporting which may include social and environmental clauses, with a review of compliance.

Impacts in human rights and proposals

The effectiveness of programmes and measures for human rights protection is questionable when complaints come from social and community organisations affected by the business projects funded through the above state instruments for promoting internationalisation. Examples are complaints concerning the La Venta III project (Mexico), promoted by Iberdrola with funding from EIB; the Occidente tunnel (Colombia), built by a consortium with participation by Sacyr and funding from ICO; the Porto Sudeste project (Brazil) led by the public company Defex and funded by CESCE; the Conmex and Mayakoba projects, built by OHL in Mexico with funding from COFIDES. This is also the case of the Morelos gas pipeline, built and operated by Enagas and Elecnor in Mexico with funding from FIEM, involving systematic violations of the human rights of communities opposing the megaproject’s expansion in their territories.

Responsibility for harm caused by large corporations extends to the states that support their international business with public funds. The procedures provided with regard to socioenvironmental impacts, both for preventing them and evaluating and monitoring them, do not seem to ensure effective control over projects (such as major infrastructure or industrial ventures) involving the occupation of large tracts of land, changes in land use, deterioration of affected ecosystems, loss of livelihood and displacement of the rural and indigenous population.

Socioenvironmental conflicts and the irregularities associated with state-funded companies point to the inefficacy of control procedures. In response to this, we recommend adopting alternative measures such as:

• A binding framework for public funding as regards human rights;
• Project monitoring should be regulated with socioenvironmental clauses that are binding for the company and its subcontractors and providers. If non-compliance is proven through legal processes or decisions by public institutions, penalty arrangements would automatically apply.
• Establishing a scale to give priority to projects engaged in fields such as energy transition or labour protection or reinvestment in the local economy;
• A ban on funding for companies operating in the arms and defence, nuclear, fossil fuels or luxury goods industries;
• Extension of criteria for the exclusion of sectors with no positive effects on quality of life or ecosystems;
• Exclusion of companies with subsidiaries in tax havens or that operate in countries that disregard human rights, among other areas;

Strengthening the internal regulatory framework in the EU and Spain would involve taking vital steps to increase control over the business of transnational companies. At the same time progress needs to be made with international regulations able to embrace all the complexity of large economic conglomerates. Along these lines, many affected social and community organisations have been calling for the adoption of new legally binding instruments requiring transnational companies to respect human rights in whatever countries they operate in.

* Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad única del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad y en ningún caso puede considerarse como un reflejo de la posición de La Unión Europea.