«Queremos señalar la responsabilidad que existe por parte de las empresas españolas que participan en el proyecto, y del Estado español que las financia, en la violación de los derechos humanos y el riesgo que supone el Proyecto Integral Morelos», señalaron más de 60 organizaciones en España, a un año del asesinato del defensor nahua Samir Flores, quien se oponía al PIM y luchó por la autonomía de los pueblos de Morelos.

En un comunicado, las organizaciones exigieron que las empresas Elecnor y Enagas se retiren del PIM y su renuncia a presentar litigios en tribunales de arbitraje internacional en el caso de paralización y reversión del proyecto, «pues son corresponsables de la vulneración de los derechos humanos en su actividad empresarial».

De igual forma, pidieron a los gobiernos español y mexicano el cese al financiamiento por parte de las empresas extranjeras al proyecto y la suspensión definitiva del PIM, así como la investigación de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en lucha y el cese al hostigamiento y la violencia contra quienes se oponen a los megaproyectos.