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Activistas de cinco países latinoamericanos denuncian un “capitalismo por despojo” a las comunidades indígenas

Guillermo Martínez (Público, 12 de diciembre de 2019)

Viernes 13 de diciembre de 2019

Ser activista en América Latina en defensa de la naturaleza entraña unos riesgos que cada vez asumen más personas autóctonas de esos territorios. La connivencia entre grupos armados, empresas y gobiernos hace tambalear la lucha a favor del medio ambiente en una zona donde la inestabilidad es lo único estable.

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Un panel formado por cinco activistas medioambientales latinoamericanos ha coincido en denunciar la represión que sufren los defensores de la tierra y el territorio en aquellas latitudes. La charla, organizada desde la Red Defensoras, donde participan diversos organismos como Ecologistas en Acción o el Consejo General de la Abogacía Española, ha contado con la presencia de ponentes de Colombia, Honduras, Guatemala, Perú y México.

El acto ha tenido lugar en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, enmarcado dentro del programa de la Cumbre Social del clima que se celebrará hasta el viernes. Premisas como el despojo por parte de grandes multinacionales del territorio natural latinoamericano; la connivencia entre gobierno, empresas y grupos armados; y la violencia que todo ello supone hacia las comunidades indígenas han marcado el ritmo de la charla.

Adil Meléndez, defensor de los derechos humanos en Colombia, el país con más asesinatos de líderes sociales de Latinoamérica, ha comenzado su intervención alertando de que “los líderes políticos están buscando la solución en las consecuencias del cambio climático y no en las causas, que principalmente es el modelo económico”. Desde su punto de vista, habría que reevaluar el verdadero significado de “desarrollo sostenible” e implementar lo que en Europa se conoce como “desarrollo sustentable”.

Presencia de actores armados

Haciendo referencia directa al título de la charla, “Defensores y defensoras de la tierra y el territorio: el peligro de defender el medio ambiente en América Latina”, al activista colombiano ha remarcado que en muchas ocasiones existe cierta relación entre las empresas, el Gobierno y diversos actores armados, ya sean legales como el ejército o ilegales como grupos paramilitares. Todo ello, según denuncia Meléndez, dificulta enormemente la defensa del medio ambiente.

Un ejemplo que ha aportado a la sala para hacer ver que los defensores de la naturaleza en América Latina no solo se enfrentan a acciones violentas directas, ha sido el caso de Aguas de Barcelona: “Esta empresa española se ha apropiado legalmente del abastecimiento hidráulico de una zona que cubre con el agua de otro lugar en el que hay asentamientos indígenas. La consecuencia -ha continuado Meléndez- es que el 95% de las especies de ese lugar han desaparecido, complicando enormemente la vida a los pueblos originarios de ese territorio”.

"Una nueva colonización"

Después, Víctor Fernández ha empezado su intervención recordando por qué la cumbre climática no se está celebrando en Chile, advirtiendo de que el estadio actual “no es la mercantilización de la naturaleza, sino la mercantilización de absolutamente todo”. Este hondureño ha hecho un ejercicio de historia cuando ha recordado que “desde los años 90 el modelo neoliberalista se ha asentado en el país”. “Ya son dueños de las telecomunicaciones, de las carreteras, los aeropuertos… Ahora solo les queda el extractivismo. Estamos ante una nueva colonización”, ha denunciado el activista de Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

Del mismo modo, Fernández ha querido recalcar lo siguiente: “Nosotros somos más que defensores de la naturaleza, somos sujetos políticos de derecho y así se nos tiene que reconocer”. A continuación, Jovita Tzul, procedente de Guatemala, ha sentado un halo de igualdad entre los ponentes al afirmar que “el modelo económico actúa del mismo modo en toda Latinoamérica”, una máxima que han aprobado sus otros cuatro compañeros.

Nuevo modelo de "capitalismo por despojo"

Según esta activista por los derechos humanos indígenas y de las mujeres, desde 1996, año en que se firmaron los acuerdos de paz en el país centroamericano, tan solo existen dos posturas en la sociedad respecto al conflicto por los recursos propios. Por un lado, “la acción violenta, criminalizadora y de despojo de las empresas”, en sus propios términos. En la otra cara de la moneda, “la voluntad de vida de las comunidades originarias”, ha dicho.

Uno de los aspectos que más se ha esforzado en denunciar Tzul ha sido el hecho de que “las comunidades indígenas siempre han dado la cara, no como los empresarios que se esconden en diferentes marcas, sociedades, nombres y siglas que nadie entiende”, ha espetado a la sala. Un apunte positivo al final de su intervención ha dado un toque de esperanza: “Esta lucha ha hecho que las pequeñas disputas internas desaparezcan fortaleciendo así la hermandad comunitaria”.

Por su parte, Mirtha Vásquez ha dicho claramente que “América Latina ha sido el patio trasero del planeta desde donde se extraen los recursos del primer mundo”. Esta activista y abogada peruana ha aseverado que “en Latinoamérica se está viviendo un nuevo modelo de capitalismo, esta vez por despojo. Aunque en Perú puede haber subido el Producto Interior Bruto (PIB) del país -ha continuado la letrada-, ese indicador esconde quién posee esa riqueza que no deja de crecer a costa del empobrecimiento de los demás”.

Las comunidades indígenas como bandas criminales

Refiriéndose a la estructura del modelo neoliberal, Vásquez ha lamentado que “no solo se trata del ámbito privado, sino también del público en tanto y cuanto el Gobierno respalda el sistema”. La peruana ha tildado como una de las peores consecuencias “la entrada de grupos armados que violentan y persiguen a los defensores de la naturales”, ha comentado. Al respecto, ha agregado que estos grupos “están amparados por un mecanismo legal que llega a afirmar que las comunidades indígenas en resistencia son bandas criminales”.

De esta forma, y siguiendo la lógica estatal peruana, la activista ha descrito que el líder de la tribu indígena sería el cabecilla de la banda, los indígenas en sí los delincuentes y los abogados estarían considerados como el brazo legal de la organización, tal y como ha expresado Vásquez.

México y la crisis de derechos humanos

Ernesto Palencia, otro abogado de comunidades indígenas, esta vez procedente de México, ha suscrito absolutamente todo lo relatado por sus cuatro compañeros porque “es una radiografía exacta de lo que pasa en Latinoamérica”, según sus palabras. Circunscribiendo la intervención a su territorio de actuación, el letrado ha expuesto que “en México hay una grave crisis de violación de derechos humanos desde al menos doce años, lo que serían dos legislaturas”. En este punto, Palencia ha comentado que las leyes mexicanas están muy poco desarrolladas en cuanto a derechos humanos se refiere, así que “la labor del abogados es crear, poco a poco, jurisprudencia en defensa de las comunidades indígenas”, ha señalado.

Asimismo, el letrado mexicano también ha comentado que “la minería, la deforestación y el desconocimiento que tienen los indígenas de los planes de desarrollo por culpa de aquellos que los quieren llevar adelante son el resorte que les hace saltar en defensa de sus territorios”. El acto, que ha finalizado con una ronda de preguntas realizadas desde el público, no ha concluido sin que Palencia incidiera en que “no hay tribunales competentes para litigar en cuestiones medioambientales, ni recursos suficientes para ello”.

Ver en línea : Público, 12 de diciembre de 2019.


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