El discurso empresarial y gubernamental de fomento a las energías renovables presenta diversas contradicciones y ambigüedades, como incluir a la energía nuclear y los biocombustibles dentro de las ER; ignorar sus afectaciones socio ambientales; y ocultar los intereses privados en juego.

Las energías renovables frente al cambio climático

La energía eólica [1] es la energía renovable de mayor crecimiento a nivel mundial en términos de capacidad eléctrica instalada con 159 Giga Watts (GW) acumulados en 2010, y con el 62 % de la inversión global en energías renovables (ER) durante el mismo año [2]. El reciente impulso a la energía eólica forma parte de las medidas nacionales e internacionales de relativa promoción a las ER de cara al cambio climático global y la llegada al punto máximo de producción de petróleo convencional o de fácil acceso. De esta manera, los principales argumentos que justifican el desarrollo de las ER son: la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI); la sustitución del uso de combustibles fósiles; y garantizar la seguridad energética de los países.

Sin embargo, aún persisten múltiples dificultades para que las ER puedan hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático. Por un lado, en 2009 las ER representaron solamente el 3% de la generación de electricidad mundial, mientras que los combustibles fósiles el 69%, la hidroelectricidad el 15%, y la energía nuclear el 13% [3]. Por otro, los elevados subsidios que reciben industrias altamente contaminantes como la petrolera y la automotriz, así como la ausencia de contabilidad económica de los costos ambientales involucrados en el uso de combustibles fósiles [4], generan altos costos de inversión en ER.

Aunado a lo anterior, el discurso empresarial y gubernamental de fomento a las ER presenta diversas contradicciones y ambigüedades, como incluir a la energía nuclear y los biocombustibles dentro de las ER; ignorar sus afectaciones socio ambientales; y ocultar los intereses privados en juego. Y es que la producción de ER constituye un nuevo campo de acumulación de capital en el que países como Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Italia, Japón, España, entre otros, y sus empresas trasnacionales del sector energético, se disputan la hegemonía en el mercado de las ER.

El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec

Ahora bien, los problemas de las ER señalados anteriormente están presentes en el desarrollo de la energía eólica en México a escala comercial, en particular en la región del Istmo de Tehuantepec, localizada en el estado de Oaxaca, donde existe uno de los mayores potenciales de generación de energía eólica en el mundo. [5] Este potencial esta siendo aprovechado por empresas trasnacionales, en especial de España, como Iberdrola, Acciona, Endesa y Gamesa, mediante la construcción de parques eólicos [6] que integran el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, ubicado en tierras ejidales y comunales que son propiedad de comunidades campesinas e indígenas.

Los objetivos del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec son: avanzar en el proceso de integración energética en Mesoamérica a través del suministro de electricidad a las actividades productivas de tipo maquilador y los corredores de desarrollo (incluyendo la infraestructura carretera, portuaria, eléctrica y en telecomunicaciones que los compone) que demandan cada vez más energía. Y por otro lado lado, vender electricidad “verde” a precios subsidiados a empresas privadas mediante esquemas de intercambio de bonos de carbono.

De esta manera, gran parte de la energía eléctrica que producen los parques eólicos no es para distribuirla a la población del Istmo de Tehuantepec sino para los propios fines del capital privado, que a través de las figuras jurídicas de autoabastecimiento y productor independiente puede participar en la generación de energía eléctrica, lo cual constituye una violación al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala la exclusividad del Estado en las actividades del sector eléctrico.

Este panorama es delicado considerando que la energía eólica se perfila como un recurso estratégico a medida que desciendan aún más las reservas petroleras nacionales, la producción interna y las exportaciones de petróleo en México, situación que afectará a la economía nacional dada su dependencia al petróleo en la producción de energía y como fuente de ingresos públicos para el país. Por lo tanto, la producción de energía eólica es un asunto de soberanía nacional porque pone en juego la capacidad del Estado para diseñar y conducir la política energética en función de un proyecto de nación y no de los intereses del capital privado. [7]

Y es que El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto impulsado a través de los programas de inversión en ER del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que presionan al Estado mexicano para que permita la participación del capital privado en la gestión del recurso eólico en detrimento de la intervención del Estado. Así, los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec al ser financiados prácticamente en su totalidad por la inversión extranjera implica que las ganancias se transfieran al país de origen de la inversión (añadiendo las que se contabilizan por el ahorro de emisiones de GEI producto de la inversión para comprar derechos de emisiones); y que México pague por el uso de derecho de patentes debido a que la tecnología empleada en los parques eólicos, en especial los aerogeneradores, es desarrollada por los países centrales.

La oposición social a los parques eólicos

La construcción del Corredor Eólico en el Istmo de Tehuantepec requiere de la modificación de la propiedad de las tierras ejidales y comunales para permitir que el capital privado pueda usufructuar la tierra sin necesidad de la autorización de la asamblea ejidal. Para ello, los capitales eólicos trasnacionales en complicidad con el gobierno mexicano y de algunos comisarios ejidales han despojado de sus tierras a las comunidades campesinas e indígenas mediante la firma contratos individuales de arrendamiento realizados en condiciones de desventaja para los propietarios de las tierras debido a la falta de información transparente y veraz sobre las implicaciones de los propios contratos; y a que el pago anual por hectárea a los campesinos es mínimo en comparación con las ganancias que obtienen las empresas eólicas.

De este modo, el despojo de tierras y la distribución desigual de las ganancias han sido las principales causas que han llevado a las comunidades afectadas y a diversas organizaciones y colectivos como el Grupo Solidario La Venta, La Ventosa Vive, Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, el Consejo de Ancianas y Ancianos de Ranchu Gubiña (Gubiña XXI), el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, entre muchos otros, a organizarse para demandar al gobierno mexicano la nulidad definitiva de los contratos de arrendamiento; la suspensión de los parques eólicos; la protección de sus derechos estipulados en ordenamientos jurídicos internacionales ratificados por México, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y la construcción de un proyecto alternativo de energía comunitaria.

La respuesta del gobierno mexicano se ha caracterizado por ignorar o minimizar las demandas de los afectados negando a éstos el acceso a la impartición de justicia ágil e imparcial; utilizando la intimidación y el uso de la violencia; y sobre todo, alentando la expansión territorial del Corredor Eólico; lo que ha generado un conflicto entre las comunidades, el gobierno y los capitales eólicos trasnacionales.

Los impactos ambientales de los parques eólicos

Además de las afectaciones socio-económicas, los opositores al Corredor Eólico también han protestado por los impactos ambientales al territorio y las actividades que son fundamentales para su sustento material e identidad cultural. En contraposición, las empresas eólicas y el gobierno se empeñan en minimizar el alcance, intensidad y duración de los impactos, señalando que la energía eólica es una fuente energética totalmente limpia porque reduce GEI y no consume combustibles fósiles. No obstante, los parques eólicos generan impactos significativos, tales como:

• 1) Degradación de la calidad escénica del paisaje por la creciente introducción, expansión y acumulación de parques eólicos en una zona;
• 2) Generación de ruido mecánico y electromagnético producido por los aerogeneradores cuyos efectos en la salud de personas y animales aún se desconoce;
• 3) La muerte de avifauna por colisión con aerogeneradores debido a que el Corredor Eólico se localiza en una de las rutas migratorias de aves más importantes de Mesoamérica;
• 4) La contaminación de suelos por el derrame de litros de aceite como resultado del re-cambio de los aerogeneradores, puede afectar las actividades agrícolas, una de las principales fuentes de ingreso de la población local;
• 5) Daños por el manejo de desechos y retiro de la infraestructura eólica; entre otros más.

El conflicto socio ambiental en el Istmo de Tehuantepec revela que si bien la energía eólica puede ser menos contaminante que los combustibles fósiles, su uso está siendo definido más por la obtención de ganancias en el corto plazo que por un real interés en contribuir a mitigar los efectos negativos del cambio climático. Por esto, los criterios para determinar qué tan viables y deseables son los parques eólicos en términos sociales y ambientales no se pueden restringirse a la potencial reducción de emisión de GEI.

La viabilidad socio ambiental de los parques eólicos

Otros criterios que se consideran útiles son los siguientes: En primer lugar, es necesario producir conocimientos que permitan realizar valoraciones más integrales acerca de los beneficios, riesgos e implicaciones de la producción de energía eólica en distintas escalas espaciales y periodos de tiempo. En segundo, es indispensable que la implementación de parques eólicos este respaldada por una base de legitimidad social que asegure la equidad en la distribución de las ganancias; la resolución de conflictos a través del diálogo, y la negociación; la participación de los afectados en la toma de decisiones; y un acceso equitativo al suministro de electricidad generada con energía eólica.

En tercero, diseñar un proyecto de energía eólica nacional con el objetivo de garantizar a largo plazo el suministro confiable de la energía eléctrica a la población y el aparato productivo nacional; así como impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías eólicas nacionales. Y en cuarto, rediseñar las normas que legitiman las formas de propiedad sobre el recurso eólico por otras como la propiedad colectiva de la energía eólica y los sistemas descentralizados de energía eólica.

En conclusión, la viabilidad socioambiental de la producción de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec implicaría la construcción de relaciones sociales y ambientales más justas mediante una ética que respete los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y campesinas, y protega el medio ambiente por encima de intereses privados.

Emiliano Castillo Jara
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México