En el marco del relanzamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, entrevistamos a Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina. En diálogo con Revista PPV, analizó cómo influyen las grandes corporaciones internacionales en nuestra región, quiénes son los principales actores y cuáles son las alternativas de cara al futuro.

¿Cómo surgió la idea de crear un Observatorio de Multinacionales en América Latina?

El OMAL se creó en el año 2003, en el marco de la Asociación Paz con Dignidad. Esta asociación ya contaba con proyectos de cooperación internacional de apoyo a organizaciones latinoamericanas, que por esas fechas empezaban a ver cómo diferentes empresas multinacionales, de las que no sabían nada, llegaban a sus países y compraban buena parte de sus empresas estratégicas. Se asentaron fundamentalmente sobre sectores como los servicios públicos: agua, electricidad, telefonía, energía, banca, seguros. Allí empezaron a sentirse los impactos, especialmente en Nicaragua y Guatemala, donde los servicios públicos empeoraron su calidad y aumentaron sus tarifas. Estos servicios estaban siendo operados por empresas de matriz española como Unión Fenosa, Iberdrola y otras.

A partir de allí, se crea el OMAL, para estudiar esta situación. De hecho, la primera investigación que hicimos fue precisamente sobre la presencia de las eléctricas españolas en Centroamérica. Y de ahí en adelante, es lo que venimos haciendo en muchos países de la región, estudiando los impactos de las empresas españolas que operan, sobre todo, en los sectores de los hidrocarburos, la electricidad, el agua, la construcción, el turismo, las finanzas, la telefonía. En muchos países hemos hecho estudios: Colombia, Bolivia y en América Central. Hemos estudiado compañías como Repsol, BBVA, Indesa, Iberdrola, Telefónica. Hablamos de compañías que se expandieron y se convirtieron en multinacionales, multiplicando sus beneficios que eran repatriados a España, pero con impactos que parecían invisibles. Este es fundamentalmente el ánimo con que creamos el OMAL, que luego fue ampliando el foco. Ya no sólo hacia la caracterización, investigación y sistematización de los impactos de estas empresas, sino también hacia el estudio de sus estrategias con una perspectiva de largo alcance. Estrategias de responsabilidad social corporativa, de apoyo a la marca país, de expansión a través de la cooperación internacional con un fuerte apoyo de los estados centrales. La idea fue caracterizar la oleada de inversión extranjera a la región de las compañías europeas y estadounidenses, como un fenómeno de carácter global y con impactos sistémicos que se extienden por todo el mundo.

Una de sus principales líneas de investigación es el poder corporativo en sus diferentes manifestaciones: económico, político, jurídico y cultural. ¿Cómo se materializa ese accionar en la vida cotidiana de las y los latinoamericanos?

Nosotros lo que caracterizamos como poder corporativo, es el poder de las multinacionales en alianza con los estados donde tienen sus casas matrices y que las apoyan decididamente en su expansión internacional. Este poder se basa en alianzas con los estados-destino de sus inversiones, donde desarrollan sus operaciones, y también con las instituciones financieras internacionales. Ese poder corporativo tiene una clara materialización en el aspecto económico. Es bastante claro que estas empresas, en muchos casos, manejan un volumen de ingresos anual superior al producto interno bruto de muchos países, que nos da una idea del inmenso poder económico de estas compañías.

Ese tremendo poder económico se traduce, indudablemente, en un inmenso poder político, en una gran influencia a la hora de crear normativas, poner y quitar representantes públicos, se materializa en este fenómeno global de “la puerta giratoria”, donde los gobernantes una vez que terminan sus mandatos son contratados por las mismas empresas a las que favorecieron cuando estaban en los gobiernos. O al revés, antiguos empresarios que dirigían el poder financiero, hoy son los representantes de los bancos centrales. Esto pasa en Europa, lo vimos con el caso de Mario Draghi que ha sido el presidente del Banco Central Europeo después de haber sido durante mucho tiempo un ejecutivo de Goldman Sachs. Bueno, un fenómeno que no es sino la expresión de ese poder político y económico de las grandes corporaciones.

También ese poder tiene una evidente traslación hacia lo cultural, en lo que tiene que ver con los imaginarios colectivos y con la construcción de subjetividades. No sólo a través de la publicidad, que es la vía clásica de la ideología de la sociedad de consumo, sino a través del propio control de los medios de comunicación y de las redes sociales. Las grandes corporaciones ya controlan qué es noticia y qué no, cómo se estructura la información, determinando el curso y el sentido de esa información que vemos cada día. Por ejemplo, esto hace que a los negocios de las multinacionales en otros países se le llame “inversión”, y no se le llame privatización, especulación, desposesión o compra de empresas para el enriquecimiento de sus accionistas. Y, sin embargo, a la parte del presupuesto que tiene que ver con los derechos sociales, se le llama “gasto social” y cuando se recorta se habla de “techo de gasto”, de “control de gasto” o de “austeridad”. Esto muestra las consecuencias culturales sobre las narrativas que ejerce el poder corporativo.

Durante mucho tiempo se ha dicho que con la globalización, los estados nación poco menos que habían desapareciendo, cediendo cualquier posibilidad de soberanía a las trasnacionales. Esto es cierto en cuanto a derechos sociales, ambientales, culturales, ya que los estados han otorgado capacidad de decisión en estos temas. Pero al mismo tiempo, ha habido una fuerte regulación impulsada por los estados para favorecer a ese capital trasnacional. El inmenso poder de las corporaciones no se entendería sin el apoyo de los estados en forma de créditos, diplomacia, intervenciones militares que han permitido su expansión, y sobre todo, mediante una intensa disputa jurídica creando una normativa internacional que favorece la expansión de estas empresas. Dicho de otro modo, mientras que a nivel internacional no hay una normativa universal jurídicamente vinculante para defender los derechos humanos (si es cierto que existe la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, pero no existen instancias de seguimiento ni formas de evaluar su incumplimiento), sí que hay regulación internacional destinada a proteger los derechos del capital. Por ejemplo, con el recurso a tribunales internacionales de arbitraje, estas compañías pueden acudir cuando les han lesionado intereses en algunos países, ante el aumento del salario mínimo o ante nacionalizaciones o expropiaciones. En estos casos, mientras las comunidades locales no tienen instancias a nivel internacional para demandar a estas empresas, las empresas sí las tienen para demandar a los estados y exigirles compensaciones económicas.

¿Cuáles son las principales corporaciones que influyen en los gobiernos de América Latina?

La influencia no es sólo sobre los gobiernos, sino más bien en todo el territorio. Como decía antes, no sólo es en plano político, sino en el jurídico, cultural, social, ambiental, sobre los pueblos originarios. En ese marco de impactos sistémicos y de violaciones de los derechos humanos, sobre todo habría que destacar hoy a la grandes corporaciones de los recursos naturales, o sea, las multinacionales extractivas, petroleras, mineras, hidrocarburíferas. Al mismo tiempo, las grandes financieras. Hoy los dos mayores bancos trasnacionales de origen español en América Latina son el banco Santander y el BBVA. Luego, están las relacionadas a los servicios públicos y ahí las españolas tienen un gran liderazgo a través de Telefónica, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola. Después, las compañías de la construcción como AFS, FCC y Ferrovial. Y, por supuesto, las grandes compañías tecnológicas dominadas por el capital chino y estadounidense.

En el caso de Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue posible recuperar cierta presencia estatal en algunos sectores estratégicos. Tal fue el caso de la nacionalización de YPF. Sin embargo, con la asunción del gobierno de Mauricio Macri se dio un giro radical. Durante su gestión ha designado como ministros a muchos CEOs de multinacionales tales como LAN, Shell, Bridas, JP Morgan, entre otros. ¿Qué análisis hacen sobre la situación argentina?

En Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández, efectivamente hubo una recuperación de la presencia estatal en algunos sectores estratégicos de la economía del país. El caso de YPF es el momento clave. Privatizada allá por el año 1999, y comprada por Repsol, fue durante una década y media la principal filial de Repsol en todo el mundo. De hecho, se llamaba Repsol-YPF, y fue gracias a esta adquisición que se convirtió en una trasnacional. La recuperación de YPF en 2012 por parte de Cristina Fernández se enmarca en una oleada de cambios en los gobiernos de la región, gobiernos progresistas que pretendieron recuperar parte de la soberanía estatal sobre sus propios recursos y que, en el sector carborífero, emprendieron una política de nacionalización. Es también lo que pasa en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

En aquel momento (2012), desde el OMAL, publicamos diferentes análisis que fueron bastante seguidos en América Latina, particularmente en Argentina, pero que aquí en España fueron prácticamente ignorados. El informe mostraba la capacidad del estado argentino para nacionalizar una compañía como YPF, dado que la cesión a una trasnacional de un sector estratégico había afectado los intereses del pueblo argentino. El gobierno de Cristina Fernández estaba mandatado por su propia Constitución para intervenir en favor de la soberanía económica. Es algo que está en las constituciones de muchos países. Pero este accionar fue contestado por Repsol a través de demandas internacionales ante tribunales de arbitraje y contó con todo el apoyo diplomático, político y económico de los estados centrales.

Estas políticas de los gobiernos progresistas están en franco declive debido al cambio de ciclo que atraviesa la región como el caso de Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina. Los gobiernos de izquierda fueron sustituidos por gobiernos derechistas y pro empresariales. No deja de ser una expresión de una ola a nivel mundial que podríamos llamar “neofascismo” con políticas pro empresariales, que incluyen en sus gobiernos a ex directivos de corporaciones. El caso de Trump en Estados Unidos y de la Comisión Europea, muestran la penetración del capital transnacional en las instituciones públicas.

Hay que insistir en que esto debe regularse, creando nueva normativa y aplicando la existente. Son empresas que tienen sede en un país, y que operan a través de una sociedad pantalla en un paraíso fiscal, de filiales o a través de una compañía externalizada en el país de destino. ¿Con qué legislación juzgamos estas situaciones? ¿Con la legislación del país de origen o con la del país de destino? Seguramente, lo que necesitamos es una legislación internacional que establezca estándares, los mismos en todos los países, para que las compañías no puedan ir evadiendo las legislaciones y deslocalizando sus responsabilidades por todo el globo.

¿Qué alternativas vislumbran en una región cada vez más influenciada por las decisiones de las empresas multinacionales?

Seguramente, las posibilidades de cambio pasan por un triple perspectiva: resistencia, regulación y alternativa. Una perspectiva, en primer lugar, de denuncia de los impactos del capital transnacional, de los acuerdos comerciales y de inversión que favorecen su expansión por todo el planeta, de las puertas giratorias. La resistencia tiene que ser en todos los territorios, todos las actividades humanas, en todos los saberes.

En segundo término, la perspectiva de regulación se aplica desde la legislación nacional e internacional para controlar a estas compañías, y debemos lograr que, por lo menos, los derechos humanos estén al mismo nivel de los derechos de estas empresas y que además se hagan cargo de sus obligaciones. Esta no es una discusión técnica, sino de voluntad política.

En tercer lugar, la construcción de alternativas socio-económicas puede servir para ir arañando parcelas de soberanía económica al mercado. Debemos crear laboratorios de experiencias que permitan disputar espacios en el mercado global, pero que al mismo tiempo, sirvan para crear imaginarios de que otra economía es posible, que otras economías son posibles. Como dice aquella conocida frase: “A veces es más fácil imaginar el fin del mundo, que el fin del capitalismo”. Y eso es así porque parecería que después del capitalismo no hay nada. En este escenario de imaginarios postcapitalistas, es central la visibilización de las alternativas que ya existen: empresas sin patrón, empresas recuperadas, finanzas éticas, empresas de la economía social y solidaria. Bueno… múltiples experiencias que existen a pequeña escala, pero que pueden proyectarse a nivel internacional para disputar amplios espacios de poder a las grandes compañías. Estas experiencias van a prefigurar lo que seguramente serán las nuevas economías: más descentralizadas, localizadas, no tan dependientes de unas pocas empresas y puestas al servicio de las mayorías sociales y no de los dividendos de unos cuantos accionistas que cada año se hacen más ricos, mientras que la mayoría de la población mundial sufre sus impactos.