Las organizaciones, movimientos y redes que suscribimos esta carta manifestamos nuestro apoyo a la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, reconociendo la legitimidad de su labor de defensa frente a la instalación de un gran número de proyectos eólicos en su región, y que les ha colocado en una situación de riesgo cada vez más elevado.

La región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, México, ha sido objeto en los últimos años de la instalación de proyectos de energía eólica. Actualmente, se han instalado más de una veintena de parques en terrenos de propiedad social y donde habitan comunidades indígenas. Casi todos estos proyectos se han instalado sin llevar a cabo proceso de consulta previa, libre e informada a dichas comunidades.

La falta de planeación para la instalación de estos proyectos, además de la falta de acceso a información para las comunidades, así como falta de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas (la mayoría de capital europeo), ha generado diversos impactos negativos en las comunidades de la región.

En el caso de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, la instalación del parque Piedra Larga, operado por Desarrollos Eólicos de México (filial de la española Renovalia Energy), ha implicado una serie de impactos que van desde el desconocimiento por parte de la empresa de su calidad como comunidad indígena y la calidad de sus tierras bajo el esquema de propiedad social, hasta diversas acciones que pusieron en riesgo a varias personas de la comunidad: amenazas, hostigamiento, difamación, agresiones. Todo lo anterior provocó que la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca otorgara medidas cautelares comunitarias a Unión Hidalgo desde el año 2013, en un reconocimiento de este elevado nivel de riesgo.

Desde mediados de 2017, se dio inicio a una serie de trámites dirigidos a la ejecución de un nuevo proyecto en la comunidad, denominado “Central Eólica Gunaa Sicarú”, promovido por la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V., filial de la empresa francesa Electricité de France (EDF).

El proyecto pretende ocupar una extensión de 4700 hectáreas, lo que equivale a más de una tercera parte de la extensión total de Unión Hidalgo. Cabe destacar que tanto las evaluaciones como los contratos firmados y permisos autorizados a la empresa se han dado sin que hubiera de por medio diálogos con la comunidad ni un proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado. En diversos momentos, autoridades de los tres niveles de gobierno y la propia empresa han desconocido los derechos de la comunidad establecidos en la legislación agraria, y en los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas.

Aun cuando ya se observa una violación sistemática a los derechos de la comunidad, que ha sido denunciada ante tribunales y otras instancias con el acompañamiento de la organización ProDESC, el gobierno mexicano ha impulsado el inicio de un proceso de consulta indígena en Unión Hidalgo.

Como ya mencionaron la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura en el llamado urgente que emitieron el pasado 18 de junio, desde inicios del año 2019 la situación de riesgo de las y los defensores comunitarios en Unión Hidalgo se ha elevado significativamente, con incidentes directamente relacionados con el inicio de la consulta indígena. La falta de condiciones mínimas de seguridad sin duda constituye una clara violación al derecho a una consulta libre.

En este sentido, hacemos un llamado a las instituciones del Estado mexicano a reconocer la existencia de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo y el carácter comunal de sus tierras, así como a hacer un pronunciamiento público que legitime el valor de su labor de defensa, y condenando cualquier acto que tenga como objetivo intimidarles o limitar el ejercicio de sus derechos.

Organizaciones firmantes:

México:

 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
 Alianza Sierra Madre
 Centro de Derechos Humanos de los pueblos del sur de Veracruz Bety Cariño
 Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
 Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab)
 Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCADH)
 Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI)
 Red Solidaria de Derechos Humanos
 Comité de Defensa Integral Gobixha (Código DH)
 Mujeres Indígenas por CIARENA
 Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
 Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, AC (CODHOMAC)
 Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
 Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)

Internacionales:

 Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
 Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria
 Ecologistak Martxan (País Vasco)
 Tradener (País Vasco)
 Justicia y Paz Barcelona (Cataluña)
 Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Latinoamericanos (AIETI) (España)
 Ecologistas en Acción (España)
 Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad (España)
 Campaña Global Desmantelando el Poder Corporativo y Poniendo Fin a la Impunidad (más de 200 organizaciones, redes y campañas a nivel mundial)
 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-
 Mesa Nacional frente a la Minería Metálica -El Salvador-
 Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos en Centroamérica
 Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra -MOVITIERRA- (El Salvador)
 Centro Mexicano de Derecho Ambiental
 Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista (España)
 Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España)
 Asociación Paz con Dignidad (España)
 Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Alemania)
 Oxfam México
 Grupo Focal de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos