Este texto fue la ponencia inaugural del «V Seminario Internacional de Derechos Humanos y Empresas» que tuvo lugar en la Universidad Federal de Juiz de Fora (Brasil), los días 13 y 14 de septiembre de 2018.

La globalización neoliberal se construye sobre una asimetría política, económica y jurídica consustancial al capitalismo contemporáneo. La tesis central de esta intervención se sustenta en el fortalecimiento de los sistemas de acumulación del capital, frente a la retórica generalizada de la protección de los derechos humanos.

Algunas ideas fuerza sobre el capitalismo actual: de los derechos humanos a la necropolítica

El capitalismo evidencia serias limitaciones para iniciar una nueva fase expansiva de crecimiento económico que genere un círculo virtuoso de productividad, rentabilidad, inversión, empleo y consumo. En este sentido, la propia OCDE pronostica un lánguido desempeño económico global hasta 2060 (OCDE, 2014), lo que refuerza la idea de que cada vez es más complicado reproducir el flujo del ingente excedente generado por un sistema financiarizado, sobrecomplejizado y desregulado, además en un marco de austeridad y grandes desigualdades estructurales.

Por otro lado, a los problemas del sistema económico para reproducirse se le une un segundo elemento generador de incertidumbre, que no es sino el gravísimo colapso ecológico en ciernes. Se trata, en palabras de Tanuro (2015), de una catástrofe silenciosa provocada por el cambio climático y por el agotamiento de las tres fuentes de energía fósil sobre las que se ha asentado el patrón de desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial: el petróleo, el gas y el carbón. Es decir, no hay planeta que pueda “aguantar” las fantasías de la globalización.

En definitiva, nos encontramos con una trilogía diabólica que atraviesa la crisis del modelo capitalista: estancamiento, deuda y desigualdad. Dicho en palabras muy simples, “la tarta no puede seguir creciendo y si se quiere seguir manteniendo la tasa codiciosa de acumulación por parte del capital, eso exige endurecer las prácticas contra los pueblos y personas”.

En este sentido, la guerra de los ricos contra los pobres ha sido declarada de manera unilateral y sin el objetivo de obtener una victoria a corto o medio plazo, es una guerra que se instala en un ciclo de larga duración. No podemos olvidar que la desigualdad no es un fenómeno aleatorio, es el resultado de una violencia estructural y simbólica –que enlaza con la pedagogía de la sumisión- que permite que las clases dominantes obtengan una ingente acumulación de riqueza, que les aísla de cualquier preocupación sobre el devenir de los pueblos y de la tierra.

Por tanto, el capitalismo es estructuralmente muy violento y pretende acaparar “mucho” en muy “poco tiempo”. Y ahí, las personas se convierten en una mercancía más, y por tanto, susceptibles de ser desechadas, lo que implica situar a la mercantilización de la vida en el vértice de la jerarquía normativa.

Explotación, expulsión y necropolítica

El mecanismo clásico del capital para apropiarse de la plusvalía sigue siendo la explotación de la mano de obra que se produce en el mercado formal y en el informal, y que mantiene la división sexual del trabajo, las cadenas globales de cuidados y el trabajo reproductivo realizado gratuitamente por las mujeres y que, ahora en gran medida, ejecutan las mujeres inmigrantes. El desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de las pensiones, etc. son efectos permanentes del modelo neoliberal que sitúa la precariedad en el centro de las relaciones laborales. Además, esta explotación viene acompañada de fenómenos emergentes, como la trabajadora o trabajador pobre, un fenómeno que es habitual en América Latina y en África, pero menos conocido en Europa.

El patriarcado profundiza en la dinámica descrita. El Estado de Bienestar ha reducido las muy precarias políticas públicas de atención al trabajo reproductivo y al cuidado de las personas. Y esa quiebra recae una vez más sobre las mujeres. Además, como apunta Silvia Federicci, el patriarcado capitalista ofrece a los hombres el cuerpo de las mujeres como sustituto de la desposesión y la pérdida de poder que el modelo genera. Según esta autora, en el periodo de acumulación originaria, el capitalismo ofrecía a los hombres los cuerpos de las mujeres como contraprestación por la pérdida de la tierra y forzó a las mujeres a ocuparse de los trabajos del hogar, es decir, a reproducir la fuerza de trabajo como mandato “natural” no asalariado. Los feminicidios de Juárez, de Ciudad de México… se mueven en esta lógica.

Además, el capitalismo utiliza la expulsión como forma de mantener la tasa de ganancia del capital. Es lo que Harvey llama la desposesión o la acumulación por desposesión. Las empresas transnacionales usurpan los recursos naturales y la tierra como objeto de negocio y de mercantilización, es otra forma de obtener la plusvalía y mantener la acumulación de capital. Los pueblos y las personas son expulsados de sus casas y de sus tierras para generar beneficios en la agroindustria, en la minería, en las petroleras, en las eléctricas, en el turismo, etc. La adquisición de tierras a gran escala por parte de las corporaciones transnacionales destruye las economías locales y redefine vastas extensiones de tierra como lugares para la extracción y el negocio, lo que provoca espacios desnacionalizados que expulsan a sus habitantes.

Achille Mbembe considera que “la extracción y el pillaje de recursos naturales por las máquinas de guerra van parejos a las tentativas brutales de inmovilizar y neutralizar espacialmente categorías completas de personas o, paradójicamente, liberarlas para forzarlas a diseminarse en amplias zonas que rebasan los límites de un Estado territorial”.

La raíz colonial de las políticas económicas promueve el extractivismo y la acumulación de tierras, y fomenta, también, -en suelo europeo- la mercantilización de la vida que provoca la expulsión del mercado de trabajo, la pobreza y exclusión social, los desahucios y la pobreza energética. La expulsión por desposesión también tiene rostro europeo; es una lógica corporativa global que se expande a lo largo del planeta con diferentes intensidades y efectos.

El modelo económico capitalista está generando millones de personas que tienen que huir de sus casas y tierras por la imposibilidad física de subsistir. Son personas pobres y no tienen dónde ir. El cambio climático afecta especialmente a las mujeres porque, por lo general, son ellas quienes se ocupan de cultivar la tierra. De acuerdo a datos de Naciones Unidas (2008) las mujeres y los niños y niñas tienen 14 veces más posibilidades de morir durante una emergencia o desastre que los hombres.

Es decir, nos encontramos con personas y pueblos que sufren desplazamientos forzados que en ocasiones son de carácter temporal y provocados por terremotos, inundaciones, ciclones, etc.; aquellos otros que emigran porque el deterioro ambiental destruye sus modos de vida cotidianos y los desplazados y desplazadas por la destrucción total de su “hábitat tradicional” por la degradación progresiva de los recursos naturales.

No obstante, en relación a las personas desplazadas por causas generadas por el cambio climático, se corre el riesgo de diluir la responsabilidad de las mismas, -“son problemas del clima”- por eso conviene tener muy claro que resulta muy difícil separar las diferentes causas -guerras, cambio climático, modelo de desarrollo extractivista y agroindustrial, prácticas de empresas transnacionales y gobiernos cómplices, acaparamientos de tierras, especulación alimentaria, etc.- que provocan los desplazamientos medioambientales. Las modificaciones climáticas no son ajenas a un capitalismo que extrema la presión sobre los ecosistemas, el agua, la tierra y la apropiación de recursos naturales, energía, minerales… lo que provoca daños irreparables sobre las personas.

El cambio climático también se vincula con la seguridad y los ejércitos y no con las personas. Se priorizan las bases militares, las zonas de alta actividad económica y las vías marítimas, pero como afirma Buxton (2017), “Se habla poco de la necesidad de proteger a la gente vulnerable y no se habla de la justicia climática o de reestructurar nuestra economía para prevenir el cambio climático

La necropolítica es la tercera vía decidida por el modelo capitalista, que ya no solamente explota y expulsa, sino que deja morir a la gente. Como afirma Achille Mbembe (2011) “los dirigentes de facto ejercen su autoridad mediante el uso de la violencia y se arrogan el derecho decidir sobre la vida de los gobernados”. La violencia se revela como un fin en sí misma y se utiliza para discernir quién tiene importancia y quién no, quién es fácilmente sustituible y quién no.

En el Mediterráneo se está abandonando a las personas y en el desierto del Sahara, también. No podemos creer que los sistemas militares y de control de fronteras, no detecten las naves o embarcaciones que navegan clandestinamente. Y eso se llama necropolítica, dejar morir por falta de atención a quienes tienen hambre, o por falta de socorro a quienes se ahogan en el mar. Pensamos que en el Mediterráneo se están acuñando verdaderos crímenes contra la humanidad. Se abandona a quienes huyen de la guerra en territorios supuestamente de paz como es el Mediterráneo, y eso se acerca mucho a una nueva tipificación de lo que podríamos denominar “crímenes de paz”.

Por otra parte, se están produciendo verdaderos crímenes internacionales en una alianza perversa entre la economía criminal y la economía legal, entre la economía mafiosa que lava su dinero en la economía legal. Y se asesina a líderes y lideresas de los movimientos ecologistas, feministas, LGTBI, campesinos e indígenas, por liderar respuestas en defensa de su tierra, en contra de los grandes proyectos hidroeléctricos -300 activistas asesinadas en 2017-, pero también se elimina a gente, simplemente porque son personas que al sistema económico le sobran. Las personas que no puedan consumir o producir le estorban al sistema capitalista y se convierten en desechos humanos, tal y como afirma Bauman.

Sin duda alguna, los ricos han declarado la guerra a los pobres, y ésta pasa a formar parte de la propia esencia del modelo capitalista y patriarcal.

Crisis del sistema internacional de los derechos humanos: de la mercantilización de la democracia a la destrucción de los derechos humanos

La profunda crisis normativa en la que nos encontramos se ha convertido en un campo más de experimentación donde transformar el Derecho en una armadura jurídica de dominación, pasando a formar parte –de manera expresa y con funcionamiento autónomo– del conjunto de mecanismos de opresión de las mayorías sociales y de la destrucción de los derechos humanos. La mercantilización de la democracia y la arquitectura de la impunidad son dos de sus expresiones más preocupantes.

La mercantilización de la democracia

Con la crisis económica y financiera que se inició en 2008 se ha ido consolidando esa tendencia por la que los gobiernos deben acatar “normas inviolables” que sustraen las reglas del mercado al control de la democracia representativa. Se trata de aprobar y constitucionalizar una serie de límites no negociables por la soberanía popular. Y así parece que la democracia se convierte en un procedimiento de designación de gobernantes, cuyas decisiones quedan constreñidas por una armadura jurídica infranqueable al margen de la alternancia electoral. Son normas que permiten al mercado actuar sin límites y garantizar la acumulación de riqueza por parte de las grandes corporaciones transnacionales. No podemos olvidar que, al fin y al cabo, las constituciones son “mecanismos estabilizadores” que formalizan jurídicamente las relaciones de fuerza en el combate socio-político.

Desde esta perspectiva, las normas privadas pasan a situarse en la cúspide de la pirámide normativa. Y se convierten en una “constitución económica” que se impone –en la mayoría de las ocasiones sin ninguna oposición de los gobiernos– a los poderes ejecutivo y legislativo, sometiendo la soberanía popular al sistema económico capitalista. Por su parte, el poder judicial queda vinculado a la mera interpretación de esa sacrosanta constitución económica. Como afirman Laval y Dardot, se sustituye el gobierno de las personas por el gobierno de las leyes privadas.

Esta constitución económica, eso sí, no se encuentra formalizada en ningún texto jurídico. Es una suma de normas, disposiciones, decisiones, pactos, tratados, resoluciones judiciales, planes, recomendaciones, rescates, deudas soberanas, indicadores riesgo-país, tratados comerciales y acuerdos de inversión, laudos arbitrales, etc. Todos ellos entrelazados, “amontonados” y superpuestos, de forma que desacoplan las reglas de la jerarquía normativa, el imperio de la ley y el Estado de Derecho.

De la reforma del artículo 135 de la constitución española hasta la aprobación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), pasando por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Japón que se ha anunciado hace unos días, se trata de normas que se sustraen a la democracia y a los derechos de las mayorías sociales. Un nuevo marco institucional que fortalece el mercado, la propiedad privada, la privatización y la desregulación de los derechos sociales. Y que se vincula, a la vez, con acciones públicas que incorporan a la armadura jurídica de dominación la estabilidad monetaria, el control de la inflación, la austeridad fiscal, el no endeudamiento, la “independencia” de los bancos centrales, el pago de la deuda… Normas privadas constitucionalizadas que todo el mundo debe obedecer, al margen de los vaivenes de la democracia representativa. Lo que resulta novedoso es que se formaliza constitucionalmente la protección de los intereses de las clases dominantes y se disciplina la soberanía popular a las reglas de derecho privado.

Esta es una tendencia que viene fraguándose desde hace años y que el modelo neoliberal ha ido implementando poco a poco. Sería muy interesante disponer de un análisis detallado sobre los límites que las armaduras jurídicas globales heredadas por los gobiernos progresistas en América Latina han supuesto para el ejercicio de las políticas públicas a favor de las mayorías sociales, ya que nos podría dar mucha luz respecto a las dificultades que conlleva poner en práctica la voluntad popular.

Esta afirmación implica limitar los cambios sustanciales que pueda generar la alternancia electoral y, al mismo tiempo, consolidar de facto las reglas económicas por encima de las normas que protegen los derechos humanos y socioambientales que también forman parte de los mismos tratados. Y como nos demuestra la experiencia reciente de Grecia, representa una amenaza latente para toda opción política que pretenda modificar los intereses corporativos constitucionalizados. ¿Qué papel jugaron la Carta Europa de Derechos Fundamentales de la UE o la Convención Europea de Derechos Humanos en las decisiones que la troika impuso al pueblo griego que, por cierto, había ejercido su soberanía por medio de un referéndum democrático? Absolutamente ninguno.

Además, la propuesta de las instituciones comunitarias y de la mayoría de los gobiernos miembros de la Unión incide en la necesidad de filtrar la voluntad de las mayorías al ejercicio “responsable” de la política de los gobernantes, que deben ajustar la soberanía popular a las reglas privadas de carácter económico que consolidan la armadura jurídica de dominación.

La arquitectura jurídica de la impunidad

En el feudalismo el poder político se fractura y es asumido por los grandes propietarios de la tierra, los señores feudales. Estos se convierten en jueces, administradores, recaudadores, legisladores, jefes militares, etc. En definitiva, concentran el poder al margen de toda regla democrática. El poder político por tanto se disgrega, lo que da lugar a la total privatización de funciones públicas en beneficio de una minoría de privilegiados. Obviamente, se juega con una metáfora para poner en evidencia la profunda crisis civilizatoria por la que atravesamos.

La privatización de las normas jurídicas está dislocando los núcleos centrales y garantistas del Derecho. Así, el “derecho oficial” pierde su centralidad y se desestructura al coexistir con otro derecho no oficial dictado por diversos legisladores –no democráticos, como el Banco Mundial, el FMI, la OMC, el Banco Central Europeo, etc.– en el ámbito de la globalización neoliberal. A eso hay que añadir la “contractualización” de la ley y de las relaciones económicas, lo que provoca la anulación de los procedimientos legislativos, la dislocación de la separación de poderes y la mutilación de la soberanía de los pueblos y naciones. De este modo, se van suprimiendo las normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión, muy especializados, fragmentados y de una altísima complejidad técnica. Todos ellos, atravesados por las relaciones de poder que imponen las clases dominantes.

Como colofón, los acuerdos y tratados de comercio e inversiones van privatizando el poder judicial mediante los tribunales arbitrales. Igualmente, van “administrativizando” el poder legislativo, subordinándolo a instituciones y procedimientos que profundizan en la libre competencia y en la mercantilización de todas y cada una de las esferas del sector público y el interés general.

La fragilidad de los mecanismos de control, la irresponsabilidad de los poderes públicos, la sustitución de instituciones democráticas por instituciones tecnocráticas y la aprobación de técnicas y procedimientos que evalúan los derechos en función de su eficacia económica, además, provocan que las legislaciones se impregnen de oscuridad y “confusión democrática”.

El secreto y la opacidad son elementos constituyentes del nuevo Derecho Corporativo Global y forman parte de su metabolismo funcional. De hecho, las reglas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y muy alejadas de la ciudadanía. Casi nunca se conocen los negociadores concretos, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre los negociadores”. Las decisiones se toman a espaldas de las mayorías sociales y al margen de los procedimientos parlamentarios, “secuestrando” los textos en discusión incluso a los representantes públicos.

En este contexto, los derechos humanos sufren una triple reconfiguración. Por un lado, se desregulan en función de la explotación generalizada de los seres humanos y de los procesos de privatización. Por otro lado, se expropian en base a la acumulación por desposesión en un contexto colonial y, por último, se eliminan en función de un racismo extremo vinculado a la necropolítica de los seres humanos.

Resulta muy evidente que las instituciones globales y la mayoría de los gobiernos no sólo están eliminando y suspendiendo derechos, también están reconfigurando quienes son sujetos de derecho y quienes quedan fuera de la categoría de seres humanos y eso provoca una nueva etapa en la desregulación del sistema internacional de los derechos humanos. Todo ello tiene una profunda conexión con la lógica colonial y racista de diferentes derechos para diferentes categorías de personas.

Miguel Urbán y Gonzalo Donaire (2016) consideran que en la UE se están construyendo dos concepciones de la identidad, “… o la identidad entendida de manera esencialista, en tanto que característica etno-cultural y deshistorizada correspondiente a un pueblo, o la identidad como atributo cívico-político que, sin embargo, se considera un producto original y exclusivo de la tradición europea y nacional”. Todo ello provoca restricciones manifiestas respecto a quién pertenece a la comunidad europea, lo que desarrolla la exclusión de derechos del “no nacional europeo” y abre la puerta a la exclusión legal, apuntalando las bases programáticas de la xenofobia. No podemos olvidar que el racismo ha formado parte de las políticas occidentales y que estas políticas regulan la distribución de la muerte y han hecho posible, entre otros motivos, que las funciones represivas del Estado se legitimen. Se ha construido lo que Mbembe denomina la larga noche del mundo africano postcolonial.

Las redes contrahegemónicas

Afrontar los desafíos descritos en las líneas anteriores requiere construir espacios globales donde disputar la hegemonía al capital y donde reconfigurar el sistema internacional de tutela de los derechos humanos.

La construcción de redes contrahegemónicas es un elemento central de la confrontación con el capital. La solidaridad internacional debe vincularse con la idea de construir agendas comunes contra el “enemigo común”. Es una idea basada en las “relaciones de ida y vuelta” entre los movimientos sociales y pueblos y en la anulación de los “cheques en blanco” entre los sujetos de transformación, es decir, de las prácticas acríticas entre los mismos. Hay que diferenciar el “realismo” en las relaciones internacionales de los gobiernos, de las relaciones entre pueblos y movimiento sociales. Y hay que poner en valor la idea de proceso y de horizontalidad y de mantener el equilibrio necesario entre un idealismo ingenuo y un realismo exacerbado.

Por otro lado, el uso alternativo del Derecho implica el uso legal, alegal e ilegal del mismo. La reinterpretación conceptual de la legalidad frente a la legitimidad vuelve a reaparecer en el marco de los derechos humanos. Resulta difícil limitarse al uso legal en, por ejemplo, el marco del derecho a la subsistencia frente a la “ocupación legal” de tierras por transnacionales, realizada al margen de la legitimidad internacional de los derechos humanos. La desobediencia civil regresa con toda la fuerza transgresora que requiere la tutela popular de los derechos humanos.

Todo ello implica una concepción del Derecho Internacional radicalmente diferente a la “oficial.” Una perspectiva que se aleja de la diplomacia de los Estados y de los organismos interestatales. Hay que transcender los marcos estatales e internacionales en pos de nuevas relaciones basadas en soberanías entendidas como nuevos vínculos entre pueblos y comunidades. El Derecho Internacional y las relaciones internacionales no nacen y mueren en el Estado Nación ilustrado. Los pueblos, las comunidades y los movimientos sociales buscan ser sujetos y no meros objetos de derecho, buscan su espacio constituyente y normativo en el devenir de la humanidad.

La categoría de los Estados no puede ser por tanto el principio y el fin del Derecho Internacional, por lo que el protagonismo y el reconocimiento de los movimientos sociales y pueblos en resistencia deben ocupar el lugar que les corresponde, reconstruyendo formas de acción pública al margen de la visión tradicional del Estado.

Por otro lado, los derechos humanos no pueden desvincularse del telón de fondo en el que fueron aprobados: el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Muchos de sus imperativos universales conectan con la emancipación y la resistencia de los pueblos, pero otros colisionan con la falta de empatía de otras categorías de derechos y de maneras de entender las relaciones humanas.

Los derechos humanos contrahegemónicos requieren por tanto de una nueva reinterpretación que responda a las propuestas de los movimientos sociales. Deben, a su vez, vincularse a un concepto fuerte de paz, que excluya la violencia física, estructural y cultural. Así, la dignidad de los seres humanos queda fuera de visiones coloniales, patriarcales y capitalistas, asumiendo las agendas propuestas por los movimientos sociales. Estas otras miradas basculan entre lo individual y lo colectivo, entre la naturaleza y la sociedad, entre lo inmanente y lo trascendente. También sitúan en el centro de las relaciones humanas, la sostenibilidad de la vida, la negativa a su mercantilización y al carácter patriarcal de los derechos humanos.

Todo ello requiere diálogos y narrativas comunes entre hombres, mujeres, movimientos sociales y pueblos del planeta, que permitan reconfigurar los derechos humanos en categorías alejadas de las lógicas estatales, siempre vinculadas al realismo en las relaciones internacionales. El feminismo, el ecologismo, el movimiento a favor de los derechos humanos, el sindicalismo, las comunidades indígenas y afrodescendientes, el movimiento campesino, anticolonial, etc., deben en este sentido establecer diálogos y convertirse en los protagonistas de una nueva configuración de los derechos humanos. Se convierten de esta manera en sujetos constituyentes de una nueva declaración sobre la dignidad de los seres humanos.

En definitiva, la protección de los derechos de los pueblos y de las mayorías sociales requiere transitar de la crueldad del modelo capitalista y patriarcal, hacia la reconfiguración y “tutela” popular del sistema internacional de los derechos humanos.

Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)