La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi ha denunciado que la política de internacionalización empresarial del Gobierno vasco, base de la marca ’Basque Country’, es "prácticamente ajena a criterios sociales, laborales, ecológicos y de derechos humanos, primando variables exclusivamente técnico-empresariales".

Así se recoge en la primera investigación que ha promovido la coordinadora formada por 80 ONG vascas que trabajan en cooperación internacional, bajo el título ’Análisis de la política de internacionalización empresarial del Gobierno Vasco: coherencia de políticas para el desarrollo’, realizada junto al Observatorio de Multinacionales en América Latina (Paz con Dignidad-OMAL).

El estudio señala que la política de internacionalización empresarial vasca "se rige por la competitividad y la captura de nuevos mercados, sin coherencia con los compromisos asumidos en torno al desarrollo humano y a la sostenibilidad, por lo que este enfoque no es una referencia en el conjunto de políticas de la acción exterior".

Alerta también de que "la política de internacionalización no busca el bien común en los territorios donde operan las empresas, siendo su única meta el fortalecimiento de la inversión empresarial vasca".

Por ello, la Coordinadora de ONGD de Euskadi ha invitado al Gobierno vasco a que haga "todo lo posible para que las dos principales políticas de acción exterior en particular (internacionalización empresarial y cooperación al desarrollo), y la acción de gobierno en general, vayan de la mano para lograr que el desarrollo de nuestro país y de los países en los que se actúa sea sostenible y equitativo".

Recuerdan que es fundamental proyectar a todos los niveles, y de manera "muy significativa hacia el exterior, una identidad común coherente con los retos globales que afrontamos en este mundo globalizado".

"Sabemos que el reto no es sencillo, pero sí posible, por lo que ofrecemos la experiencia, el conocimiento y la colaboración de las ONG de desarrollo vascas. La aplicación de estas recomendaciones nos ofrece la posibilidad de diferenciarnos en positivo. De lograrlo, podríamos situar a Euskadi a la cabeza de los principios de justicia y responsabilidad social de un gobierno, en definitiva, con la defensa de los derechos humanos como base de su acción", han concluido.