La arremetida extractiva es innegable a nivel latinoamericano, aunque asume distintas expresiones de acuerdo a las características específicas de cada territorio. Para el caso antioqueño, parece perfilarse una inserción en el mercado globalizado basado en la generación de energía hidráulica y la extracción de oro. Así la frontera extractiva se amplía a partir de otros commodities, Antioquia presenta mayores ventajas comparativas tanto en lo relación con la hidroelectricidad como con el oro; tiene el mayor potencial del país en ambos. Acá, nos centraremos, sin embargo, en el primer caso: hidroeléctricas.

La región hidrográfica Antioquia [1] genera actualmente el 29,54% de la energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) prácticamente a partir de hidroeléctricas. (UPME, 2016: 14-15). Por sus 50 ríos y cientos de miles de corrientes hídricas, geografía accidentada y contando con los principales agentes del sector energético en el país, en el departamento se desarrollan una buena cantidad de iniciativas en ese sentido (BIRD, 2009: 60) que ampliarían la capacidad instalada para generación eléctrica.

De forma privilegiada, la generación de energía hidráulica se ha centrado en el sistema interconectado de embalses de la subregión Oriente del departamento, donde, desde los años ochenta se construyeron las centrales de Playas (210MW) y Guatapé (420MW) de EPM y Calderas (26MW), Jaguas (170 MW) y San Carlos (1240MW) de Isagen [2], pero la reconstrucción de la historia social y ambiental de estos proyectos escapa a los propósitos de este trabajo.

Si bien el proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango Hidroituango sería el más grande de Colombia [3], proyectos de menor envergadura avanzan de forma preocupante en el Oriente. Nos aventuramos a identificar una crisis de las grandes hidroeléctricas en el país por varios motivos:

1. Económicos. Desde el año 2000 el Informe de la Comisión Mundial de Represas alerta acerca de los sobrecostos, indicando que, de su amplia muestra, “casi tres cuartas partes de las represas presentaron costos superiores a lo (sic) presupuestado”. En abril de 2016, BNamericas se refiere a un estudio propio de 39 grandes hidroeléctricas, en construcción, según el cual el 75% de los proyectos hidroeléctricos en América Latina presentan sobrecostos o retrasos. Para el caso colombiano podemos referirnos a las hidroeléctricas de El Guavio, El Quimbo, Hidroituango o Porvenir II.

2. Políticos: Generalmente proyectos más ambiciosos impactan más comunidades y ecosistemas, generando alianzas entre la población y configurando amplios y visibles movimientos sociales que logran hacer llegar a la opinión pública cuestionamientos acerca de las bondades de las hidroeléctricas. El costo político va asociado también a costos económicos, como puede verse en la suspensión indefinida de Porce IV, en los fallos sancionatorios contra Hidrosogamoso por las denuncias de secar el río y de generar malos olores, en las negociaciones con diferencias instancias estatales, o en la pérdida de imagen favorable repercutiendo en los precios de las acciones de las empresas; acciones impensables sin procesos organizados para fines específicos.

3. Ambientales: Son incontables los documentos que dan cuenta de los fuertes impactos de las hidroeléctricas, a lo cual, sin embargo, parecieran no prestar atención las autoridades colombianas. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha negado la licencia ambiental para los proyectos Cañafisto o Porvenir I y la Corte Constitucional ha emitido sentencias como la T-135 de 2013, la T-348 de 2012 o la T-274 de 2012, ratificando los derechos de las comunidades y el ambiente sobre los empresariales.

Valdría aclarar que los motivos mencionados no son las razones por las cuales consideramos que las grandes hidroeléctricas son contrarias a la vida, sino la lectura de un conjunto de circunstancias que nos llevan a la hipótesis antes planteada.

Como consecuencia de esta crisis y ante la voracidad energética del modelo de desarrollo, consideramos que la matriz hidroenergética tiende a centrarse en Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH). En este punto cobra nuevamente importancia el Oriente antioqueño, una nueva forma de violencia corporativa, nuevas modalidades de despojo vinculadas a aprovechamientos hidroeléctricos, en su gran mayoría, de PCH. A continuación pretendemos realizar un breve panorama de esta situación y sus repercusiones.

La amenaza a la que nos enfrentamos es grande; como la misma Unidad de Planeación Minero Energética dice: mientras actualmente la generación hidráulica del país es de unos 10 gigavatios, el potencial es de otros 56.189 megavatios (56 gigavatios) en centrales hidroeléctricas a filo de agua, es decir, se plantea la posibilidad de aumentar en más de cinco veces la generación de energía sólo con este tipo de proyectos, privatizando muchísimos de los ríos y quebradas de Colombia [4].

 Extracto de un texto más amplio sobre los impactos de las presas hidroeléctricas en Colombia. Puedes leer el documento completo aquí >>

Andrea Echeverri es parte de Movimiento social por la vida y la defensa del territorio (MOVETE) y también de la Corporación Jurídica Libertad.