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Tres casos que demuestran que los marcos voluntarios no han funcionado

Aportación de Tom Kucharz (Ecologistas en Acción) en la 2ª Sesión del grupo intergubernamental de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos (26 de octubre)

Jueves 27 de octubre de 2016

- Intervención de Tom Kucharz (Ecologistas en Acción) a partir del minuto 1:59:15.


Segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental de carácter abierto sobre empresas transnacionales y otros negocios de carácter transnacional con relación a los derechos humanos (24-28 de octubre de 2016).

Panel III: Obligaciones y responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas de negocios en relación a los derechos humanos.

Subtema 1 – Ejemplos de instrumentos internacionales que adjudican responsabilidades y obligaciones a los actores privados.

Sus excelencias, señora presidenta, intervenimos en representación de la campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad.

Nos gustaría presentarles tres casos que demuestran que los marcos voluntarios de la Responsabilidad Social Corporativa, el Pacto Mundial de las empresas y los Principios Rectores de Naciones Unidas no han funcionado.

1. La empresa transnacional Ferrovial (obtuvo en 2015 un beneficio neto de 720 millones de euros), a través de su filial australiana Broadspectrum, gestiona el centro de detención de solicitantes de asilo de Nauru, donde se han denunciado abusos sexuales y automutilaciones.

Amnistía Internacional concluyó que el sistema al que están sometidas las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru es constitutivo de tortura. Amnistía Internacional ha denunciado que el gobierno australiano –y las empresas gestoras de los centros- están sometiendo a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a un sistema cruel de abusos —violando sistemáticamente el derecho internacional de Derechos Humanos.

¿Los marcos voluntarios han impedido violaciones a los derechos humanos graves como el caso de Broadspectrum en Nauru?

2. Soborno de la transnacional española ACS (725 millones de euros de beneficios en 2015) para conseguir contratos en el sector petrolero.

Una investigación periodística titulado La fábrica de sobornos, reveló que la empresa Unaoil (con sede en Monaco) usó prácticas ilegales con la multinacional española Técnicas Reunidas y Leighton Holdings, filial de ACS, una de las mayores empresas de construcción y multi-servicios del mundo. La compañía australiana Leighton Holdings, renombrada como CIMIC en 2015 y cuyo 74% de las acciones pertenece a la constructora alemana Hochtief, propiedad de la española ACS.

La firma Unaoil cobra de grandes corporaciones para conseguir contratos en países de gran inestabilidad política y guerras como Irak, Libia o Siria donde se están cometiendo graves crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Una vez cobrada una tasa de varios millones de dólares por sus servicios, usaban ese mismo dinero para sobornar a altos cargos de los países productores con el fin de obtener los contratos deseados por las multinacionales. Con este método, compañías de la talla de Samsung, Hyundai, ACS o Rolls Royce pagaron millones a Unaoil con el objetivo de asegurar sus negocios en estos países.

Documentos filtrados prueban dos pagos de Leighton Holdings a Unaoil por valor de 87 y 25 millones respectivamente y consiguieron un contrato de construcción de un oleoducto en Irak.

¿Qué medidas jurídicamente vinculantes se han realizado mediante los Principios Rectores de Naciones Unidas para evitar casos de soborno como estos?

3. El fraude fiscal y los paraísos fiscales

La investigación de los papeles de Panamá, llevada a cabo por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicó datos de unas 200.000 sociedades opacas gestionadas desde el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. Detrás de estas empresas se esconde la posibilidad de evitar al fisco y de obtener ventajas fiscales, buscando maximizar los beneficios en detrimento de las cargas tributarias.

El sistema fiscal internacional actual está obsoleto, privilegia las corporaciones transnacionales y los intereses de los actores financieros transnacionales, e impide a los gobiernos nacionales recaudar los recursos suficientes de forma no-discriminatoria, transparente y responsable. Más aun, en una economía globalizada, ningún país puede combatir la evasión y la elusión fiscal, como subrayaron los recientes y actuales escándalos sobre los paraísos fiscales: Offshore Leaks (2013), LuxLeaks (2014), Swiss Leaks (2015) y Panama Papers (2016).

La legalidad de los paraísos fiscales profundiza la desigualdad en el mundo, facilitan el aumento de la concentración de la riqueza, de forma que quienes más tienen mueven su riqueza a lugares donde no tienen que declararla y evitan cargas fiscales. La evasión y el fraude fiscales de las empresas transnacionales afectan negativamente los presupuestos públicos reduciendo los fondos públicos necesarios para asegurar los derechos humanos - incluyendo los derechos de las mujeres y de los grupos vulnerables, un medio ambiente sostenible y saludable, niveles altos de protección social y servicios públicos de calidad para el bienestar común de todas y todos.

¿Los marcos voluntarios han evitado el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y tráfico ilegal de armas a través de empresas financieros y bancarias en paraísos fiscales?

¿Qué ha hecho la Organización Internacional de Empleadores y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible contra el fraude y la evasión fiscal?

Hay un gran vacío legal en el derecho internacional de los derechos humanos que necesita ser subsanado con el fin de terminar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales. Este tiene que ser el objetivo principal de este nuevo instrumento internacional vinculante elaborado por el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respeto a los derechos humanos de la ONU.

Ver en línea : Naciones Unidas, 26 de octubre de 2016.


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