Las corporaciones con capital europeo están claramente interesadas en hacer buenos negocios y la promoción de energías renovables y no renovables es un gran negocio. Es interesante observar como se entiende el proceso de la Unión Europea como complementario al que desarrolla el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se extracta a continuación una parte del informe elaborado por la organización costarricense DITSÖ sobre la privatización de los servicios públicos y en especial el de la energía.

Introducción

A lo largo de la historia de la humanidad el dominio sobre los recursos naturales siempre ha sido central en los procesos de guerras, conflicto y negociación entre los países. En las últimas décadas los procesos de liberalización de algunos mercados y relaciones entre las naciones han tenido en los llamados “tratados de libre comercio” un instrumento idóneo para concretar en la vida jurídica y política estas relaciones.

Los tratados de libre comercio o los acuerdos de asociación, lo planteen explícitamente o no, comprenden una serie de aspectos que van mucho más allá de las meras relaciones comerciales. Bajo el manto del comercio se establecen relaciones de apropiación de recursos tangibles y no tangibles, algunos de ellos que hace pocas décadas aún no eran sujeto de disputa entre los países y las corporaciones transnacionales.

Los procesos de privatización de los otrora servicios públicos abren nuevas perspectivas para transnacionales europeas en especial en sectores como telecomunicaciones, energía, agua y servicios de construcción. El momento político en la mayor parte de la Región Centroamericana es propicio. En Costa Rica la privatización del mercado de la energía aún no se ha concretado ya que se trata de un mercado de generación muy regulado, existe monopolio de hecho en la transmisión y existen distribuidoras y comercializadoras que tienen exclusividad en sus áreas respectivas.

Costa Rica a nivel de la generación ha propiciado un esquema mixto en el que convive el Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, dos empresas públicas municipales (ESPH y JASEC), Cooperativas de Electrificación Rural y generadores privados que no pueden sobrepasar ciertos limites en la producción. La relación contractual con generadores privados en los últimos años le ha significado increíbles perdidas económicas al Estado siendo que se han utilizado esquemas de contratación sumamente desventajosos.

La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 121 inciso 14 establece que:

“No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional;
b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional;
c) Los servicios inalámbricos;

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa [1].

Numerosa legislación se ha promulgado para establecer el carácter de esas condiciones y estipulaciones para otorgar las concesiones del caso. Sin embargo, los acuerdos comerciales internacionales de “última generación” suelen ser bastante más abarcadores y sus implicaciones sobre estos recursos más profundas que la normativa interna.

El Acuerdo de Asociación entre Europa y Centroamericana estableció un piso muy alto en materia de extracción, aprovechamiento y utilización de recursos naturales para la generación de electricidad y para la exploración y explotación de hidrocarburos: el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamericana y Estados Unidos más conocido como DR-CAFTA por sus siglas en inglés. Si bien en este momento no se conoce el detalle de las negociaciones si es previsible que un piso en el DR-CAFTA implica una relación sumamente asimétrica y reduce sustantivamente las posibilidades de un país de establecer condiciones y estipulaciones sobre las concesiones de estos recursos.

El componente de cooperación no es ajeno a los intereses en el acceso a recursos naturales y la prestación de servicios. El documento de Estrategia Regional centroamericana de la Unión Europea 2007 - 2014 señala que

“hay un interés creciente en América Central por incrementar la cooperación regional en el sector energético de manera a reducir el impacto del aumento del precio del petróleo, mejorar la eficiencia del sistema y explorar las posibilidades de aprovechamiento de recursos energéticos y tecnologías alternativas, incluyendo la promoción de la energía renovable” [2].

Si bien esto es cierto, las corporaciones con capital Europeo están claramente interesados en hacer buenos negocios y la promoción de energías renovables y no renovables es un gran negocio. Es interesante observar como se entiende el proceso de la Unión Europea como complementario al que desarrolla el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el cuál el mismo documento señala lo siguiente:

“El BID es el otro principal donante que apoya la integración, pero la diversidad de sectores atendidos, con énfasis especial en la interconexión de sistemas de infraestructura, deja en claro que complementan las contribuciones de la UE. La CE y el BID mantienen una comunicación constante, a la que se incorporará un canal específico relativo a la integración. Finalmente, debe añadirse que el único sistema efectivo de coordinación en la región se encuentra en el plan de infraestructura que apoya el BID, el cual incluye dos sistemas principales de infraestructura -energía eléctrica y sistema vial-, comprendidos dentro del marco del Plan Puebla-Panamá.” [3]

La integración política de Centroamérica es lejana y las relaciones de infraestructura o el avance hacia una unión aduanera parecen ser las muestras más concretas en el corto plazo de cierta “unión” regional. Las instituciones políticas regionales son fuente de grandes críticas y la reciente dictadura en Honduras deja claro que la democracia misma es central en la discusión política cuando de integración regional se habla. Estas debilidades institucionales limitan a su vez la capacidad de negociar como región y hace que esta demanda por parte de la Unión Europea sea difícil de sostener. Con la salida de Honduras del proceso de negociación se pone en jaque la política europea de negociar con bloques y en cuestión el grado de importancia que se le dará al alejamiento de la democracia en ese país por estar bajo un régimen que llego al poder vía golpe militar. ¿Cuánto pesaran los intereses comerciales y de acceso a recursos como energía e hidrocarburos de la región para retomar negociaciones sin la participación de Honduras?

La Unión Europea ha sido clara y directa en sus intenciones en materia de energía:

“(...) Europa necesita importar para exportar. Afrontar restricciones para el acceso a recursos como energía, metales y materias primas incluyendo ciertos materiales agrícolas y pieles debe ser una alta prioridad. Las medidas tomadas por algunos de nuestros principales socios comerciales para restringir el acceso al abastecimiento de estos insumos están causándole a las industrias de la UE grandes problemas. Excepto que estén justificadas por razones ambientales o de seguridad, las restricciones sobre estos recursos deben ser removidas”. [4]

Al respecto el informe “ Posibles sectores perdedores en la Región Centroamericana y Panamá, de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA)” promovido por . CIFCA es claro en que:

“En el caso centroamericano, el tema de los servicios en energía eléctrica es uno de los más importantes para la UE, lo que se debe a la proporción de la presencia europea en la región y a la existencia de lucrativos planes de interconexión regional. En materia de servicios eléctricos, las empresas multinacionales europeas controlan porcentajes importantes en los cuatro mercados sujetos a privatización en los países centroamericanos.
En Guatemala, Nicaragua y Panamá, es importante observar la participación de Unión FENOSA, de origen español, que adquirió un 80% de la empresa estatal de electricidad de Guatemala, un 95% de la nicaragüense y más de la mitad del mercado panameño. Esto hace que sea la empresa con mayor potestad sobre el mercado de la región centroamericana, proveyendo casi 4,7 millones de MWh superando por mucho a la estadounidense AES con 2,6 millones. Otra empresa que ejerce un control importante es Iberdrola, también española, que maneja un 33% del mercado guatemalteco de electricidad y proporciona una fracción del mercado salvadoreño, es el tercer grupo más importante en comercialización eléctrica en la región con 2,5 millones de MWh (CEPAL, 2002).”

En estos momentos las negociaciones están en un stand by dado el golpe de Estado en Honduras y la imposibilidad que ha tenido la presión internacional de hacer desistir a la dictadura de Micheletti de sostener el golpe. En principio faltan 2 rondas de negociación y ninguno de los tres ejes del acuerdo se ha cerrado.

DITSO

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