Un debate recurrente en los últimos años es el de la transparencia fiscal y el de la capacidad insuficiente de recaudación por parte de los Estados, especialmente de la aportación de las grandes corporaciones que, a través de complejas operaciones de ingeniería fiscal, eluden, bordeando la ilegalidad, cantidades ingentes de capitales. Prácticas fiscales agresivas que generan una caída en la recaudación de impuestos en la mayoría de los países donde las multinacionales operan. Si a estos datos sumamos las cifras de fraude fiscal, la cantidad es desorbitada. Solo en Europa más de un billón de euros se pierden cada año como consecuencia de la elusión fiscal a través de operaciones de ingeniería fiscal y fraude [1].

“Un billón de euros en pérdidas de impuestos repercute sin duda en la protección social, en la construcción del Estado de bienestar de cada país”, declara el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), Carlos Cruzado, poniendo de manifiesto la importancia de la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, en un contexto en el que la mayor presión fiscal recae sobre la ciudadanía media mientras grandes corporaciones protegen sus capitales disminuyendo o evitando su responsabilidad. Desde el comienzo de la crisis, organismos internacionales vienen planteando poner coto a estas prácticas, pero pasados cinco años seguimos en el mismo punto.

España es uno de los países de la Unión Europea con mayores tasas de impuestos pero con una recaudación un 9,2 por ciento menor que la media de la eurozona, situándose en el 37,1 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB). Si atendemos a su distribución, más del 75 por ciento proviene de los impuestos sobre el consumo y de las rentas del trabajo [2]. Lo que tributan las grandes empresas sobre su ejercicio contable, un 4 por ciento en el año 2012, está muy lejos del 30 por ciento de tipo nominal del impuesto de sociedades. Las pymes (pequeñas y medianas empresas) soportan una carga fiscal del 25 por ciento.

En el caso español, se observa que los efectos más perniciosos no vienen derivados de un aumento de los gastos, sino que son consecuencia de falta de ingresos. De 2007 a 2009 la recaudación cayó un 30 por ciento. Casi 70.000 millones de euros se dejaron de ingresar, cifra que no se corresponde con la caída de la actividad económica. Hoy podemos hablar de un fraude fiscal que permite que se dejen de recaudar más de 80.000 millo nes al año, lo que sitúa al país en los primeros puestos en fraude y evasión fiscal de la UE. Ponernos al nivel de los países europeos de nuestro entorno supondría recaudar más de 36.500 millones de euros cada año, cantidad similar, según los Presupuestos Generales del Estado para 2014, a la partida destinada al pago de intereses de la deuda, la segunda después del pago de pensiones y superior a la destinada a educación o sanidad. Las mayores bolsas de fraude se focalizan en las grandes empresas y grandes patrimonios, más del 70 por ciento del total.

En este panorama en el que se pone de manifiesto la insuficiencia de la Agencia Tributaria, aumenta el déficit y se recortan servicios públicos, las multinacionales españolas aumentan su inversión en paraísos fiscales y, con ello, la falta de transparencia de sus operaciones. A pesar de dar pequeños pasos, las informaciones que vuelcan las grandes empresas del Ibex-35 siguen siendo insuficientes. Uno de los problemas principales es la opacidad que cubre sus operaciones. Una de las demandas que se viene haciendo en los últimos años es la de contar con informes desglosados de sus cuentas país por país. Aunque alguna multinacional española está dando pequeños pasos hacia una mayor transparencia de sus cuentas, empujada por iniciativas que impulsan una mejora en la voluntad de sus acciones, en cuestión de fiscalidad estos datos siguen siendo complejos, insuficientes y, en casos, llevan a la confusión.

La información por países que se ofrece es, las más de las veces, de forma agregada, como ocurre con el informe que aporta Repsol. Incluso en ocasiones se incluyen en esa cifra otros impuestos existentes en el país, como los que gravan el consumo o los soportados por los trabajadores, como es el caso de BBVA, a pesar de ofrecer un informe desglosado [3].

Estos datos llevan a cuestionarnos las prácticas fiscales de las multinacionales españolas en América Latina y su responsabilidad en los países de residencia. Saber qué impuestos se pagan y qué aportan al desarrollo es necesario para conocer su impacto en las sociedades latinoamericanas, donde la brecha de la desigualdad alcanza niveles significativos pero que podrían disminuirse a través de una buena gestión fiscal.

Fiscalidad y responsabilidad

Las políticas fiscales regresivas o la evasión son problemas globales que se recrudecen en los países periféricos. En América Latina, el porcentaje del PIB vía impuestos es del 18 por ciento, frente al 35 de media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En cuanto a su distribución, dos terceras partes de la recaudación provienen de impuestos indirectos.

Estos datos chocan con la cuantía de flujos ilícitos: entre 2001 y 2010, según Global Financial Integrity, se contabilizan unos 869.900 millones de dólares, capital que podría haberse empleado en la reducción de la pobreza, en educación o en sanidad. En cuanto a las prácticas fiscales de las multinacionales en América Latina, hay que tener en cuenta la competencia fiscal unida a la idea de atracción de inversión extranjera como vía de desarrollo, que hace que los países bajen sus tipos para las grandes multinacionales o los supriman. Igual ocurre con la flexibilidad de los Estados para facilitar el flujo de capitales. Estas situaciones son posibles por la adhesión a normativas internacionales de carácter bilateral, que los sitúa en una posición de desventaja.

Ante tales situaciones, diferentes colectivos tanto de América Latina como del Estado español presentan propuestas alternativas para avanzar hacia una fiscalidad justa a nivel local, regional e internacional. “Los impuestos promueven una fuerte relación Estado-ciudadanía en la que el gobierno está al servicio del pueblo y las políticas públicas orientadas a honrar los derechos económicos, sociales y culturales. En este marco, la sociedad civil juega un rol preponderante para garantizar que estas premisas se hagan efectivas, promoviendo políticas inclusivas y que éstas se desarrollen con los mayores niveles de transparencia posible”. Así está contemplado en la Declaración de Principios de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, a la que nos remite Luis Moreno [4], manifestando cómo la sociedad civil tiene en su mano la capacidad para ejercer presión e influir en la agenda pública para que se pongan en marcha acciones regulatorias que afecten a la transparencia fiscal y, con ello, a las estrategias fiscales de las multinacionales.

Estas medidas son parte del marco de propuestas en el que coinciden numerosos colectivos, en las que se abordan la mejora de los sistemas tributarios y su funcionamiento, a través de la regulación de vacíos legales, la modificación de normativas internacionales que perpetuán situaciones de desigualdad y desventaja entre países, y el favorecimiento de la cooperación internacional en cuestión de transparencia e intercambio de información tributaria, la lucha contra el fraude o el impulso de sistemas tributarios justos, progresivos, solidarios e inclusivos.

Beatriz Jiménez es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

 Artículo publicado en el nº 60 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2014.