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Audiencia Centroamericana del Tribunal Permanente de los Pueblos: Políticas Neoliberales, Transnacionales y Grupos Económicos

Guatemala (del 9 al 11 de octubre de 2008), Foro Social de las Américas

Martes 14 de octubre de 2008

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS: AUDIENCIA CENTROAMERICANA
POLÍTICAS NEOLIBERALES, TRANSNACIONALES Y GRUPOS ECONÓMICOS

En el marco del Foro Social de las Américas celebrado en Guatemala entre el 7 y el 11 de octubre de 2008, se llevó a cabo una audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar a empresas transnacionales europeas, estadounidenses, canadienses y grupos económicos regionales de Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras.

El Panel de Jueces del Tribunal estuvo compuesto por:

- Marcelo Ferreira (Argentina)
- Luis Nieto (OMAL-Paz con Dignidad, Estado Español)
- Blanca Chancoso (Ecuador)
- Edgardo Leander (Venezuela)
- Alfonso Bauer (Guatemala)
- Camille Chambers (Haití)

En el transcurso del Tribunal numerosos testigos y organizaciones sociales demostraron la vulneración de los Derechos Humanos cometidos por las empresas transnacionales que operan en sus comunidades.

Es evidente que la violación de estos derechos se beneficia de vacíos jurídicos en el derecho internacional, lo que ha permitido que muchos niveles de decisiones fundamentales para la supervivencia de los pueblos, y de enormes capas sociales dentro de ellos, queden en manos de la voracidad rentista de los grandes capitales.

En el transcurso del Tribunal se examinaron los casos siguientes:

CASO 1:

- Denunciada: Transnacional Unión Fenosa, Origen España, Filial Guatemala: DEOCSA (GRUPO FENOSA)
- Acusación: Altas tarifas, cobros indebidos, baja calidad del servicio, falta de inversión en mantenimiento de redes,
- Denunciantes: Comunidades de San Pablo, 17 Municipios, Tacana, Malacatán, San José Ojetenam, San Marcos

CASO 2:

- Denunciados: Empresas fabricantes: Dow Chemical Company, Occidental Chemical Corporation, Amvac Chemical Corporation y Shell Oil Company.
Empresas que la aplican en la producción de Banano: Estándar Fruit Company, Dole Food Company, Chiquita Bransds y Del Monte Fresh Produce.
Estado de Nicaragua, por omisión en la aplicación de las leyes en materia ambiental y protección de los derechos humanos.
- Acusación: Aplicación del Agrotoxico DIBROMO CLORO PROPANO, D.B.C.P (conocido como Nemagón y Fumazone) para la producción de Banano en Honduras y Nicaragua. Que ha provocado daños en la salud humana de las personas que trabajaban en las plantaciones de Banano y vecinos de las comunidades por contaminación de los recursos hídricos.
- Denunciantes: Asociación de Trabajadores y ex Trabajadores Afectados por el Nemagón y Fumazone (ASOTRAEXDAN) y Movimiento Social Nicaragüense “Otro mundo es posible” y Asociación de extrabajadores Bananeros de Honduras (ASEXTBANH)

CASO 3:

- Denunciados: Empresa Holcim; Transnacional de Origen Suizo, Empresa Cementos Progreso propiedad de la Familia Novella de Guatemala, Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Guatemala, Autoridades militares y policiales.
- Acusación: Invasión de la Propiedad comunal, ausencia de consulta previa informada, represión sistemática reiterada en contra de la comunidad y apropiación y contaminación de las aguas,
- Denunciantes: Comunidades Mayas Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez. Guatemala

CASO 4:

- Denunciado: Empresa Goldcorp, Transnacional de origen Canadiense, Explotación de Minería a cielo abierto, Metal Oro y Plata,
- Acusación: Explotación minera a cielo abierto, contaminación ambiental, contaminación de las fuentes de agua por el uso de productos químicos, explosiones subterráneas que provocan daños a las viviendas de los habitantes de la comunidad, apropiación de las tierras y viviendas de la comunidad bajo engaño y amenazas.
- Denunciantes: Comunidades y victimas de los pueblos indígenas Maya Mam y Sipacapense, Alcaldía del pueblo de San Miguel Ixtahuacan y Consejos de Alcaldías comunitarias de SipaKapa, de Guatemala.

CASO 5:

- Denunciado: Empresa ENEL GREEN POWER, Empresa Italiana de Energía Renovable, propiedad de la empresa eléctrica estatal ENEL, que opera en las comunidades de la Subcuenca de San Simón, El Salvador en la generación geotérmica de Electricidad.
- Acusación: Emanación de gases tóxicos, profundización de mantos acuíferos, tala de bosques, deterioro y apropiación de las fuentes de agua, dejando a las comunidades sin acceso a esta.
- Denunciantes: Coordinadora de Mujeres del Norte de Usulután, CODECO, Junta de Agua los 9 Milagros, Junta de Agua Proyecto Múltiple, Casa Pastoral Comunitaria, Las Dignas, Pro-Vida, Unidades Ambientales de Berlín y Alegría y Unidad Ecológica Salvadoreña.-

CASO 6:

- Denunciado: GRUPO ECONOMICO PELLAS NICARAGUA: opera en el Municipio de Chichigalpa y la región de Occidente de Nicaragua
- Acusación: Aplicación de Agrotóxicos que han causado la violación del Derecho a la Vida y a la salud de miles de trabajadores/trabajadoras y habitantes de la comunidad que han fallecido o se encuentran severamente afectados por Insuficiencia Renal Crónica, alergias de la piel y enfermedades respiratorias, contaminación de los Recursos Hídricos y expansión de monocultivos.
- Denunciantes: Asociación de Trabajadores afectados por la Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC)

CASO 7:

- Denunciados: EMPRESA CALVO CONSERVAS El Salvador, perteneciente al Grupo Calvo, Transnacional Española de la Industria Pesquera (ATUN)
- Acusación: Contaminación de los recursos hídricos, destrucción de las fuentes de vida y la biodiversidad. Intoxicación de los trabajadores por el uso de productos tóxicos, violación de los Derechos laborales de los trabajadores.
- Denunciantes: Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), Seccional por empresa Calvo conservas El Salvador del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pesquera y conexas (SGTIPAC) y Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

En el curso de la audiencia se presentaron numerosas pruebas testimoniales, periciales y documentales. La prueba documental incluyo numerosos audiovisuales que exhibieron de modo elocuente la vulneración de derechos de las comunidades afectadas.

El día 11 y ante cientos de afectados, delegados de países latinoamericanos y organizaciones sociales de Guatemala, el Tribunal entregó su veredicto y resolvió:

1. Acusar ética y moralmente a los Estados y Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, a las empresas Transnacionales mencionadas anteriormente, a los Estados cuya nacionalidad tienen las empresas matrices de las corporaciones transnacionales analizadas, a la Unión Europea, y a las Instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco de Integración Desarrollo, Banco Centroamericano de integración económica) OMC y Acuerdos de Libre Comercio.

2. Exigir a los Gobiernos que han otorgado permisos y concesiones que afectan los territorios y condiciones de vida de comunidades de pueblos campesinos e indígenas, sin cumplir con la consulta previa informada y la aprobación pertinente, la suspensión de los mismos hasta que se encuentre debidamente cumplimentado dicho procedimiento consultivo.

3. Exigir igualmente a los gobiernos el cumplimiento de la normativa nacional internacional en materia medioambiental.

4. Exigir imperativamente a los Gobiernos Centroamericanos el respeto irrestricto a la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

5. Instar a los Gobiernos y a la Organización Internacional del Trabajo a cumplir y hacer cumplir la legislación nacional e internacional en materia de derechos laborales.

6. Recomendar a las organizaciones sociales y sindicales trabajar por la creación de un marco jurídico internacional donde sea posible regular y juzgar las actividades de las empresas transnacionales, como así mismo implementar los mecanismos para lograr el resarcimiento, la indemnización y el pago de la deuda social, económica y ecológica generada por las empresas transnacionales a los pueblos centroamericanos.

7. Comunicar el presente dictamen a los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. A los países de nacionalidad de las casas matrices a las propias empresas transnacionales acusadas a la Unión Europea, a la Corte Ínter América de Derechos Humanos y a los organismos financieros internacionales indicados.


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