Las presas de Endesa y el progreso de Chile

Endesa es la empresa responsable de uno de los puntos calientes en ríos establecidos por la International Rivers Network durante el 2006 [1], que corresponde al polémico proyecto de construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia Chilena, llamado Proyecto Aysén. Las centrales tendrán una capacidad total de 2.355 MW y costarán 3.500 millones de dólares, si se tiene en cuenta la construcción de la línea de transmisión de Aysén al centro del país, que es donde se consumirá la energía producida.

La multinacional justifica tamaña obra por el crecimiento de la demanda de la energía debido a nuevos proyectos mineros [2] y utiliza la resistencia que están poniendo los empresarios turísticos y salmoneros del lugar para presentarse como el adalid del interés general. Acusa a estos grupos de imponer los intereses privados sobre la necesidad de una mayor autonomía energética para el progreso del país. Califica, finalmente, su resistencia como antipatriótica. Desde luego, en este artículo no se pretende dar legitimidad al negocio turístico y salmonero, tan impactante social y ambientalmente como el negocio hidroeléctrico. Pero es curioso que Endesa, multinacional con sede social en otro país, tache de antipatrióticos a estos empresarios, y más cuando las presas que van a construir privatizarán miles de hectáreas de una zona con alto valor ecológico y expulsarán a la población local por inundación.

Estos dos hábiles argumentos, el progreso y el interés general, se han utilizado durante décadas para llevar a cabo la construcción de grandes presas hidroeléctricas. El modelo de progreso dictado por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y por EE.UU. y la Unión Europea, se fundamenta en la economía de exportación, la entrada de capitales externos y la concentración urbana necesaria para una economía de servicios competitiva. Un ejemplo claro de los beneficiados de este progreso en Chile es el principal uso del agua, donde el 16% se destina a la población, mientras el resto se destina mayoritariamente a la industria minera. El recurso fundamental para sustentar este tipo de economía es la disponibilidad de un gran volumen de agua para los cultivos de regadío que se destinan a la exportación o para la creciente demanda eléctrica del sector industrial y de las grandes urbes. La construcción de presas permite la explotación del agua y además es una vía de entrada de capitales extranjeros a través de las constructoras y consultoras que llevan a cabo la obra.

El “progreso” justifica los medios

Más de 47.000 grandes presas detienen el 60% de los ríos del planeta. Sólo en Brasil, más de 2.000 represas, la mayoría hidroeléctricas, han desplazado a un millón de habitantes, mientras veinte millones viven sin luz eléctrica [3]. Desde el punto de vista ambiental esta infraestructura rompe el río, altera el ecosistema de tal manera que reduce la diversidad vegetal y animal y deteriora su calidad ecológica. Por otro lado, el embalse creado tiene problemas de contaminación, a medio y largo plazo, por la acumulación de materia orgánica. Desde el punto de vista social, las presas han obligado a millones de personas a desplazarse de los lugares donde vivían y tenían su sustento. Las comunidades locales desplazadas vivían de las tierras productivas cercanas a los ríos, de la pesca y de la cosecha de productos forestales.

Mientras los gobiernos, empresas y bancos presionan para construir una presa, los afectados y afectadas pierden recursos, trabajo y sufren de un gran desgaste psicológico que afecta a su salud [4]. El impacto social se agrava, aún más, para las mujeres, ya que no tienen acceso legal a la propiedad de las tierras, de forma que cuando se las quitan no se las tiene en cuenta para posibles compensaciones o reasentamientos.

Los mecanismos corruptos de imposición de los intereses económicos se repite en cada proyecto: la empresa ejerce una elevada presión sobre el poder político, que modifica los procedimientos para obtener una valoración positiva del proyecto aunque todos los informes técnicos tengan evaluaciones negativas. Las buenas relaciones multinacional-gobierno se traducen en el cambio de la ley para favorecer a las trasnacionales, la utilización de las fuerzas de seguridad contra los movimientos de oposición, la difamación a los líderes sociales que promueven la resistencia a la inundación de sus tierras o la persecución, intimidación y amenazas que sufren éstos. Los ejemplos son múltiples: la presa de Chixoy en Guatemala, de Urrá en Colombia, de Itaipú en Brasil o de Ralco en Chile.

La primacía de los intereses de las grandes multinacionales sobre los derechos de la población es claramente visible en las declaraciones del presidente de Endesa, Manuel Pizarro, en las que brinda todo su apoyo a la gestión de la presidenta de la República de Chile Michele Bachelet. La declaración se realizó cuando la mandataria recibió un premio en el Estado español en reconocimiento a los "esfuerzos" de Bachelet en pro de un “nuevo orden mundial”, valorando su trabajo en favor el “desarrollo económico”, la “promoción del papel de la mujer en la sociedad”, la “cohesión y el equilibrio social” [5].

El trabajo de Endesa en pro de un “nuevo orden mundial”, en Chile

Endesa entró en el grupo latinoamericano Enersis en 1997, y esto le permitió iniciar su andadura privatizadora en toda América Latina. Actualmente, el 60% de Enersis es propiedad de Endesa y, a través de ella, es el accionista mayoritario de Endesa Chile, principal generadora de electricidad del país.

La expansión internacional de la multinacional ha hecho que en la bolsa de Madrid sus ganancias se hayan incrementado un 80% en los últimos 4 años [6], por lo que la primera misión mencionada en su página web (“hacer máximo el valor de la inversión de nuestros accionistas”) está cumpliéndose. Los sustanciosos beneficios se construyen con varias líneas de negocio, que son principalmente, la compra de empresas clave en el sector energético de la región, la subcontratación de tareas que conlleven mayores gastos para reducir costes y la construcción de megaproyectos que hagan negocio a sus principales accionistas: consultoras, constructoras y bancos. El principal megaproyecto de Endesa en Chile, hasta ahora, ha sido la presa de Ralco.

Esta presa es parte de un gran embalse en la cuenca superior del Alto Bio-Bio. El territorio había sido habitado ancestralmente por comunidades mapuches pehuenches. La población mapuche lleva resistiendo en sus tierras ancestrales las distintas oleadas de colonización por parte de conquistadores, latifundistas y empresarios, por lo que representa un símbolo de supervivencia de su cultura. La tierra era propiedad comunitaria y plurifamiliar donde tenían los cultivos y practicaban el pastoreo. El impacto de la inundación de 3.500 hectáreas de esta región determinó que todos los informes técnicos que encargó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) rechazaran el proyecto. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo creado para defender la cultura de las poblaciones indígenas y hacer respetar la Ley Indígena 19253, también se opuso de manera contundente a la venta de las tierras mapuches para la construcción de la presa.

Ante el fuerte rechazo del proyecto, Endesa empezó a mover hilos dentro de los poderes políticos y mediáticos. La respuesta del gobierno a la presión ejercida por la compañía fue el permiso del CONAMA para la construcción de la presa; la expulsión del Director Nacional de la CONADI, que se oponía al proyecto, para sustituirlo por un representante indígena favorable al mismo; la construcción de un poderoso marketing publicitario que mostraba a las familias pehuenches que no querían desplazarse como refractarios al desarrollo; el abuso de poder al realizar el llenado del embalse sin avisar, de modo que se inundó un cementerio mapuche; la criminalización de los líderes indígenas acusados de terrorismo y la obtención de las tierras a través de procesos irregulares con familias que no entendían el contrato. El resultado fue la inauguración de la presa hidroeléctrica en el año 2004.

Dos años después de la inauguración de Ralco, Endesa quiere construir y poner en marcha las 5 presas en Aysén, que tendrán una potencia cuatro veces superior a Ralco. Tiene a favor el poder político y empresarial chileno, no en vano se acaba de asociar a una de las grandes empresas eléctricas chilenas, Colbún, para repartir el coste económico. La jugada es muy inteligente, se comparten gastos y desmontan el discurso de megaproyecto realizado por una empresa extranjera.

Pero también tiene en contra un creciente movimiento social que resiste la construcción de las presas: la Red Latinoamericana contra las represas (Redlar), el Movimiento mexicano Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), el grupo de “Mujeres con la Fuerza de la Tierra”, cuya resistencia a Ralco fue muy importante, o la última marcha de estudiantes de Aysén, en la que rechazaban la construcción de este megaproyecto hidráulico. Estos grupos van avanzando en la visibilización de las graves consecuencias de este tipo de negocios, dificultando o ralentizando la libre actividad de las multinacionales. Ralco supuso la pérdida de todo un símbolo de resistencia mapuche, ahora el proyecto de Aysén está siendo cuestionado por los afectados y movimientos sociales. Su trabajo se dirige a hacer tan fuerte su voz que no pueda ser ignorada por las instituciones políticas que son, en última instancia, quienes deciden aprobar la construcción de megaembalses.

Erika González
Observatorio de Multinacionales en América Latina