Mercado o democracia

Aunque cada vez se presta mayor atención al CETA, al TISA o al TTIP, sigue siendo evidente la distancia entre el impacto que la implementación de estos nuevos acuerdos de comercio e inversión tendría sobre nuestras vidas y la relevancia política que movimientos, partidos y sociedad en general les otorgamos. De este modo, no deja de sorprender que esta nueva oleada de tratados no sea una de las prioridades de lucha de nuestras agendas, cuando amenaza con redefinir, desde lógicas mercantiles y reaccionarias, lo que hasta ahora hemos entendido por gobierno, sociedad e incluso democracia.

Esta distancia, no obstante, no es fortuita. Quienes detentan el poder la alimentan para que permanezcamos ajenos y ajenas a las notables transformaciones que estos acuerdos plantean. Amparándose en el secretismo y en la falta de transparencia con la que se realizan las negociaciones, fomentan y difunden una serie de mantras que tratan de evitar que la alarma se encienda entre las mayorías sociales.

En primer lugar, se apuntala la creencia de que los tratados deben abordarse desde una mirada tecnocrática. Estos serían así coto exclusivo de personas expertas, capaces de analizar miles de páginas, artículos y anexos de un lenguaje jurídico críptico y con alto contenido económico, incomprensibles por tanto para el común de los mortales. En segundo término, se abunda en la despolitización de los objetivos que la nueva oleada persigue, posicionando la idea de que simplemente se aspira a una revisión técnica de aquellas barreras que impiden el flujo natural de la inversión y del comercio internacional. Por último, se insiste en que cuanto mayor sea dicho flujo, mejor nos irá a todos y todas, a partir de la ya manida teoría del goteo o derrame: si las grandes empresas aumentan sus ganancias, eso se traduce directamente en inversión y empleo y, por tanto, en bienestar general. De esta manera, se nos recomienda delegar y confiar en una serie de tecnócratas bienintencionados que únicamente persiguen el bien común, en vez de enredarnos en cuestiones complejas y de escala global como la nueva oleada de tratados.

Nada más lejos de la realidad. Cometeríamos un grave error si cayésemos en la trampa de analizar los acuerdos comerciales desde una perspectiva tecnocrática y economicista. Muy al contrario, afirmamos categóricamente que su identidad es profundamente política. Hasta el punto de que juegan un rol fundamental en la agenda que trata de redefinir el proyecto capitalista. Este se encuentra hoy en un momento especialmente crítico, seriamente amenazado por el colapso ecológico en ciernes y por las magras expectativas de aumento de la tasa de ganancia para las próximas décadas. Ante este panorama, se apuesta por extender sin límites el proyecto de la globalización neoliberal, dando la puntilla al modelo de sociedad pergeñado en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Los parámetros de esta edad de oro del capitalismo aún mantienen cierta vigencia, pero se han convertido en trabas que dificultan en la actualidad la acumulación de capital, por lo que deben ser superados. Se trata de que todo cambie para que nada cambie. Una nueva fase que revise el proyecto económico-político-cultural del capitalismo en este turbulento contexto histórico, siempre con el crecimiento incesante en los mercados globales como referencia.

Y es ahí donde los acuerdos se posicionan como hito estratégico, planteándose un objetivo político clave para el proyecto del capitalismo del siglo XXI: impulsar un gobierno de facto de las empresas transnacionales, que posibilite la expansión de un mercado global blindado económica, política y jurídicamente en favor del poder corporativo. La nueva oleada se vincula pues a la recuperación del viejo sueño del mercado autorregulado.

Una autorregulación que, en realidad, oculta un reverso tenebroso de ultrarregulación. Esta supuesta paradoja, en la que se aúna un imaginario de libertad absoluta con otro de estricta intervención, no es tal en el marco del proyecto que abandera la nueva oleada. Las grandes empresas operarían de esta manera con plena autonomía (autorregulación), dentro de un marco jurídico-político que cercaría, impediría, penalizaría y amenazaría cualquier atisbo de injerencia democrática en las dinámicas de los negocios y los mercados globales (ultrarregulación). Aires de libertad en una partida completamente amañada a favor de las grandes empresas, y los tratados de comercio e inversión en el papel de crupier que reparte cartas marcadas.

Para llevar a cabo esta ambiciosa apuesta, la nueva oleada asume la tarea de hacer avanzar ese mercado auto-ultrarregulado a partir de una especie de constitución económica global. Esta, sin refrendo popular alguno y sin concretarse en documentos ni articulado específico, se impondría política y jurídicamente al conjunto de normativa vigente, tanto la internacional como la de carácter local. Se trataría así de una legislación de rango superior, de alta exigibilidad, eficacia y justiciabilidad, que define prioridades y acota el marco de lo posible, posicionando una serie de valores incuestionables derivados de la lógica económica capitalista.

Los tratados comerciales tributarían a esta constitución económica por una doble vía. Por un lado, se convierten en el centro de su articulado, enmarañado y disperso, pero situado en la cima de la pirámide legislativa global. Por el otro, con ellos se pretende implantar una nueva forma de gobernanza corporativa mundial en desmedro de las instituciones públicas, que garantice el avance y asegure el cumplimiento de dicha carta magna corporativa.

Así, en primer lugar, la nueva oleada redefine y amplía el concepto de comercio internacional. A pesar de los diferentes matices de cada acuerdo concreto, la gran mayoría abunda en la mercantilización a escala global de nuevos ámbitos como los servicios, la compra pública, la inversión, los bienes naturales, las finanzas o el comercio digital, todavía no integrados plenamente en esta lógica. A su vez, eleva ciertos principios a un carácter cuasi-bíblico, convertidos en mandamientos incuestionables: la seguridad de las inversiones por encima de los derechos de los pueblos; las expectativas legítimas empresariales como prioridad frente al mandato popular; el igual trato para corporaciones de tamaño y poder profundamente desigual, por poner solo algunos ejemplos.

En segundo término, se pretende transformar la estructura de gobernanza a escala mundial. Se altera el procedimiento público de toma de decisiones, que ahora debería incorporar la participación de una serie de nuevas entidades multilaterales definidas en cada acuerdo. Estas ponen su enorme peso político al servicio de la convergencia reguladora de los territorios implicados; esto es, de la armonización de normativas en la lógica de facilitar el acceso al mercado. En definitiva, de hacer cumplir la constitución económica, considerando todo tipo de legislación laboral, ambiental y social como traba al comercio. Por si esto fuera poco, la presencia de estas entidades de gran capacidad legislativa y ejecutiva se complementa con la generalización de fórmulas de protección de las inversiones. Estas posicionan una justicia privatizada, paralela a la pública y con una gran capacidad coercitiva y punitiva. Únicamente las corporaciones tienen la potestad de denunciar a los Estados en estos tribunales ad hoc, exigiendo compensaciones millonarias en caso de ver lesionados sus intereses y beneficios, presentes y futuros.

De este modo, si la nueva oleada de tratados alcanzara sus metas, se amputarían notablemente las capacidades legislativas, ejecutivas y judiciales de las instituciones públicas, dando un salto exponencial en una tendencia que ya se inició en los años ochenta. Eso entronizaría definitivamente a las empresas transnacionales como protagonistas políticas globales. Estas no solo habrían logrado situar sus propuestas como una armadura jurídica inexpugnable y metapolitizada, relegando a simple retórica las legislaciones nacionales y el marco internacional de derechos humanos, escasamente eficaces y justiciables. También participarían activamente en la toma de decisiones incidiendo sobre las estructuras de convergencia reguladora, gozando además a nivel global —ya lo hacen en el marco de tratados bilaterales de inversión— de una justicia a su servicio, de uso exclusivo y de gran capacidad punitiva, que rompe con todo principio de igualdad ante la ley.

Estados, organismos multilaterales, estructuras regionales, grandes corporaciones y otros agentes seguirían formalmente actuando en el modelo de gobernanza disperso, híbrido y sin centro operativo que se ha ido pergeñando durante el proceso de globalización neoliberal. No obstante, serían las multinacionales quienes realmente pescarían en este río revuelto, al ser capaces de imponer la ley, tomar parte en su ejecución y gozar además de una justicia de parte que la haga cumplir. Se convertirían así en gobierno de facto, bajo un imaginario de soberanías compartidas.

Asistimos por tanto a una ofensiva capitalista que, a través de la nueva oleada de tratados comerciales, apunta contra los mínimos democráticos aún vigentes, el interés general, lo público y lo común. La democracia se mercantiliza, se jibariza, relegada a la gestión de los restos que no interesan a los mercados. Su radio de acción comenzaría allí donde acaban los negocios, ya explícitamente y sin subterfugios. La tensión entre capitalismo y democracia se escora finalmente hacia el primero; los acuerdos de comercio son la carga explosiva que hace saltar por los aires a la segunda.

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.

 Este es un extracto del libro “Mercado o Democracia. Los tratados comerciales en el capitalismo del siglo XXI”. Puede descargarse la publicación completa aquí >>