Comparecencia en el Parlamento Andaluz sobre derechos humanos y empresas transnacionales

Luis Espinosa, consejero de la Misión Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, comparece este martes en la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento andaluz para exponer el proceso que se está impulsando en la ONU para crear normas que obliguen a las multinacionales a cumplir con los derechos humanos.

El objetivo de la comparecencia, solicitada por IULV-CA, es presentar el mandato de Naciones Unidas para crear normas vinculantes que obliguen a las empresas transnacionales a cumplir los derechos humanos, según ha indicado el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

El mandato tuvo su origen en junio de 2014 a través de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y uno de los principales impulsores de esta resolución fue Ecuador a través de su Misión Permanente en Ginebra.

Luis Espinosa Salas, consejero de esta Misión, es muy buen conocedor del trabajo que se está realizando en este sentido en la ONU y detallará cómo se está desarrollando el proceso para crear las normas vinculantes y qué apoyos gubernamentales son necesarios.

En la solicitud de comparecencia, consultada por Europa Press, IULV-CA lamentaba la negativa expresada por la UE el pasado mes de julio en la primera reunión del grupo de trabajo intergubernamental para la creación de un "instrumento vinculante" en materia de derechos humanos dirigido a las empresas transnacionales.

Otro de los objetivos de la comparecencia es iniciar el debate y el posicionamiento en el Parlamento, pues a partir de la información y el debate, se pretende ampliar el respaldo a este proceso. Se busca así incidir en el gobierno español y la UE con el fin de que apoyen la elaboración de normas que eviten los episodios de violación de derechos humanos cometidos por la actividad de las empresas transnacionales.Un comisionado de la ONU comparece esta semana en el Parlamento

La federación de izquierdas consideraba "fundamental cambiar la posición" de la UE porque su apoyo "permitiría un avance más sólido y rápido hacia la rendición de cuentas y el control de las grandes corporaciones en la violación de los derechos humanos".

En su opinión, "es imprescindible que el proceso sea difundido a la sociedad civil y al mayor número posible de gobiernos locales y autonómicos para, a partir de la información y el debate, ir ampliando el respaldo a este proceso".

Su objetivo, en último término, no es otro que "señalar a la UE y los gobiernos europeos la importancia de sumarse y avanzar hacia normas que eviten nuevos episodios de violación de derechos humanos cometidos por la actividad de las empresas transnacionales".