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Diplomacia económica

Miércoles 26 de diciembre de 2012

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Se conoce como diplomacia económica al conjunto de acciones de presión e intermediación que las instituciones públicas de un Estado realizan al servicio de los intereses en el exterior de las empresas multinacionales con sede en dicho Estado. Supone el despliegue del aparato diplomático y de la intervención de las más altas autoridades y representaciones del poder público con el objetivo de facilitar la INTERNACIONALIZACIÓN de esas empresas. Y es un ejemplo más del papel fundamental que el Estado juega en la expansión del capital transnacional y en la salvaguarda de los intereses de las compañías multinacionales, que priman sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El Derecho Internacional Público define las misiones diplomáticas como un instrumento de los estados para su representación en otro Estado, la protección de sus intereses y los de sus nacionales en ese territorio, la negociación con su gobierno, la información acerca de los acontecimientos y circunstancias del Estado receptor, el fomento de las relaciones amistosas y el desarrollo de relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor.

Históricamente, los intereses económicos han tenido peso en el ejercicio diplomático y aunque las cuestiones comerciales se han tratado de forma preferencial, los principales temas abordados han sido la cooperación política internacional, la seguridad y el mantenimiento de la paz. Sin embargo, a finales del siglo XX comienza a generalizarse la intervención diplomática de gobiernos y jefes de Estado en apoyo a sus empresas nacionales en el exterior, de cara a obtener contratos, licitaciones y condiciones favorables para sus inversiones. Se trata de la diplomacia económica.

En el marco de la globalización neoliberal, la defensa de los intereses económicos de las empresas en los mercados internacionales mediante el uso de la influencia política se convierte en parte consustancial y motor principal de la política exterior de los estados. Cabe matizar que, en la etapa actual de desmantelamiento y PRIVATIZACIÓN del sector público, lo que se defiende en el exterior no son compañías estatales, sino principalmente privadas, en particular grandes transnacionales. Las empresas, sus organizaciones representativas y el propio gobierno explican, a pesar de ello, que la diplomacia económica tiene como objetivo la defensa del interés general, de los intereses de Estado. Según este discurso, la prosperidad de los negocios de estas compañías en el exterior se traduciría necesariamente en el crecimiento de la economía nacional y este, a su vez, en bienestar general. Es decir, para legitimar la puesta en escena y el despliegue de todos los recursos políticos, económicos y militares del Estado al servicio de la expansión de las transnacionales, se produce la identificación y la confusión entre los intereses públicos, los de las mayorías sociales, y los intereses privados de las empresas y sus élites dirigentes.

Mecanismos de diplomacia económica

La diplomacia económica parte de una colaboración estrecha entre los organismos gubernamentales con competencia en el ámbito del comercio internacional y aquellos que se ocupan de los asuntos exteriores, consiguiendo movilizar diversos mecanismos para promover mejores condiciones jurídicas, políticas y económicas para las transnacionales. Uno de ellos son las misiones diplomáticas, los viajes oficiales de las instituciones gubernamentales o de la jefatura del Estado a aquellos territorios en los que las grandes corporaciones tienen intereses, que van precedidos de reuniones con sus directivos y cuando se realizan lo hacen con el acompañamiento de nutridas delegaciones empresariales. Este carácter comercial contrasta con lo que debería ser el cometido natural de la diplomacia: velar por el interés público. En ese sentido, unas misiones diplomáticas que atendieran al mismo estarían dotadas de una agenda consensuada con las organizaciones sociales y sindicales, se orientarían a la observación y defensa de los derechos humanos, y contarían con el acompañamiento de expertos juristas, grupos feministas, colectivos ecologistas, etc.

La implementación de programas e instrumentos específicos de apoyo a la INTERNACIONALIZACIÓN de las empresas es otra de las vías de la diplomacia económica. Resultado de ello son cuerpos diplomáticos que conocen y manejan las reglas y acuerdos internacionales del comercio y de inversión. Cabe mencionar en este punto algunos de los viajes que realizan autoridades gubernamentales a países empobrecidos, que son reportados como viajes humanitarios. A menudo, lo que se produce fuera de foco es la negociación de acuerdos comerciales y de condiciones ventajosas para las empresas multinacionales en estos territorios receptores de AOD.

La expansión del capital transnacional español

Para la defensa de los intereses comerciales en el exterior, el ministerio de Economía y Competitividad cuenta con una amplia red de oficinas comerciales y centros de negocios, así como con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Desde 2010 cuenta, además, con el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). A esta estructura estatal se suman las oficinas comerciales de las comunidades autónomas y sus planes de INTERNACIONALIZACIÓN de la empresa, que se traducen en ayudas fiscales, asesoramiento y otras iniciativas. En cambio, no existen oficinas que traten específicamente las denuncias de organizaciones sociales y sindicales sobre los impactos de la INTERNACIONALIZACIÓN de las empresas. Es más, a todo este despliegue hay que añadir la diplomacia económica, ejercida por los gobiernos central y autonómicos, así como por la jefatura de Estado, que desarrollan una intensa actividad diplomática para fomentar la entrada y las condiciones que permitan maximizar los beneficios de las transnacionales en territorios estratégicos. En el caso español, la corona ha jugado un papel fundamental en la expansión de los intereses coloniales españoles en el pasado y aún hoy tiene un peso estratégico en este tipo de misiones, especialmente en América Latina.

En el contexto de crisis actual los gobiernos en el poder están intensificando esta labor que esgrimen como receta para salir de la recesión y que se ha venido consolidando como política de Estado. En marzo de 2011 el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley que «insta al gobierno a que lidere, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas, el desarrollo de acciones encaminadas» a promover la diplomacia económica mediante una batería de medidas, entre las cuales figuran la de «incentivar la cooperación público-privada» y la intensificación del apoyo institucional a la «INTERNACIONALIZACIÓN de la empresa y la defensa de los intereses españoles en áreas geográficas de especial interés para España». Esta línea de actuación constituye un consenso institucional, al que el actual gobierno del Partido Popular ha dado continuidad, marcando como prioridad la acentuación y/o asignación de un mandato específicamente económico a embajadas y consulados. Su implementación se plasmó en junio de 2012 en una misión diplomática a Brasil conformada por el ministro de Asuntos Exteriores, el monarca y veinte directivos de transnacionales españolas entre las que estaban Iberdrola, Repsol, Santander, BBVA y Telefónica.

De esta manera, las instituciones públicas ponen al servicio de los intereses empresariales todos los instrumentos e influencias de los que disponen. El caso más significativo y reciente ha sido la estrategia desplegada frente la expropiación de YPF a Repsol en abril de 2012 por parte del gobierno argentino: tanto los ministerios del gobierno como el propio jefe de Estado han ejercido una fuerte presión y han movilizado todos los resortes a su alcance para proteger los intereses de esta empresa, de la que, por lo demás, cabe cuestionar su “españolidad”: se trata de una compañía privada con más de la mitad de su capital social en manos de inversores extranjeros, que evade impuestos a través de filiales en PARAÍSOS FISCALES y que se acoge a numerosas deducciones fiscales en su país de residencia. Y Repsol ha gozado también del apoyo de las más altas instancias diplomáticas españolas en Bolivia ante cada uno de sus contenciosos en el país andino.

Por último, cabe subrayar que el actual ambiente de recesión ha dado pie a llamar públicamente a la alineación de las políticas de cooperación para el desarrollo con los intereses empresariales en el exterior, una asociación que en otros tiempos se trató de ocultar a la opinión pública. Así, hoy las propias instituciones no esconden que en un mismo viaje el jefe de un gobierno visite los proyectos de cooperación internacional que financia y al mismo tiempo participe de una misión de negocios acompañado de decenas de empresarios que buscan hacer un hueco a sus inversiones y productos. Esta tendencia ha quedado reflejada en los presupuestos generales del Estado para el año 2013: si la cuantía destinada a la cooperación por parte del ministerio de Asuntos Exteriores se ha reducido el 74% desde 2011, la destinada a la acción exterior —es decir, la que se dedica al fomento de la presencia y representación de España en el extranjero— ha subido el 52% en el mismo período.

 


  • CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2012): “Comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación”, Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, nº 42, 22 de febrero.
  • MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (2011): “Diplomacia económica como estrategia en las relaciones internacionales”, Miradas al exterior, nº 17.
  • NACIONES UNIDAS (1961): Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, 18 de abril.