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Delitos económicos

Miércoles 26 de diciembre de 2012

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Pueden englobarse en este término aquellos negocios o actos delictivos cometidos con engaño con el objeto de buscar un beneficio propio en perjuicio de terceros, tales como la apropiación indebida de activos, la manipulación contable, la estafa, el soborno y la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, la posición abusiva de mercado… Son prácticas frecuentes en el mundo de las grandes empresas, que pueden generar graves crisis económicas si no existen mecanismos eficaces de control público.

La última etapa del siglo XX, cuando mayor auge ha tenido la liberalización y la desregulación económica, ha sido la de mayor crecimiento de la criminalidad económica. La envergadura del problema, como se ha visto en la crisis financiera global iniciada en 2008, tiene dimensiones sistémicas. En este contexto, los delitos económicos pueden ir desde la corrupción y el soborno para la obtención de concesiones y compra de empresas, hasta los flujos ilícitos de dinero que mueven montos del orden de billones de dólares, pasando por los fraudes empresariales que se multiplican en las burbujas especulativas, especialmente cuando se atisban los inicios de su colapso.

Soborno y corrupción

Ambas son prácticas habituales en las grandes transnacionales; según el informe del año 2011 de Transparencia Internacional, «el soborno en el extranjero sigue siendo una práctica rutinaria para muchas compañías en todo el mundo». Especialmente si hablamos de los hidrocarburos, el sector en el que más se generalizan este tipo de mecanismos para lograr contratos y negocios exitosos. Los ejemplos de las petroleras Total, que realizó sobornos en Irán para conseguir explotaciones de gas, y ExxonMobil, que hizo lo propio en Kazajstán, así como las acusaciones de corrupción a Shell en Nigeria, así lo demuestran. Es frecuente la presencia de grandes empresas de la construcción en las tramas de corrupción descubiertas en torno a las obras públicas y el urbanismo, especialmente en el marco de la “burburja inmobiliaria” de los últimos años: por ejemplo, altos cargos de las constructoras FCC —involucrada en el “caso Palma Arena” de corrupción en Baleares—, ACS y OHL —modificación de licitaciones para quedarse con la concesión en la construcción de carreteras—, entre otras, han estado involucrados en este tipo de delitos.

Flujos ilícitos de dinero

Según la organización Global Financial Integrity, en el período que va del año 2000 al 2009, los países del Sur perdieron 8,4 billones de dólares en flujos ilícitos que proceden del crimen organizado y tráfico de drogas, de sobornos, corrupción y de la evasión fiscal. En esto las grandes transnacionales tienen un papel destacado: más de la mitad de tales montos de dinero —concretamente el 53,9%— proceden de la facturación fraudulenta en el comercio internacional, generalmente entre matrices y filiales de las transnacionales, para evitar el pago de impuestos. Además, se calcula que los países periféricos pierden 124.000 millones de dólares al año por la fuga de capitales a PARAÍSOS FISCALES. La dimensión de este fraude fiscal tiene gravísimas consecuencias sociales y económicas en los países periféricos, ya que el dinero defraudado impide, sin ir más lejos, la inversión en SERVICIOS PÚBLICOS y en la reducción de la pobreza.

Fraude empresarial

Los fraudes empresariales de gran envergadura han estado asociados en su mayoría a la generación de burbujas especulativas cuyo crecimiento, en número y tamaño, ha sido favorecido por la liberalización y la desregulación financiera y económica. Es en la quiebra de cada una de estas burbujas cuando se conocen públicamente un conjunto de irregularidades económicas, como la manipulación contable y la obtención fraudulenta de financiación, donde el soborno y la corrupción también juegan un papel importante.

Por otro lado, los escándalos financieros y económicos ponen de manifiesto la relación privilegiada entre la élite empresarial y los responsables políticos. La ausencia de una correcta supervisión, la inexistencia de medidas que eviten tanto la formación de burbujas especulativas como de delitos económicos y, directamente, la connivencia de los poderes públicos en dichos delitos, hablan por sí solos. A pesar de que el dinero defraudado es compensado con fondos públicos, detrayéndolo de otras partidas presupuestarias necesarias para la mayor parte de la población, los responsables suelen terminar impunes, o con penas mínimas. En ello tiene que ver, y mucho, esta privilegiada relación entre políticos y empresarios.

Si bien las EMPRESAS TRANSNACIONALES derivan los fraudes a cargos subalternos, quien puede realizar la manipulación contable y la malversación de fondos es la alta dirección. Según un estudio publicado en Critical Perspectives on Accounting, los presidentes ejecutivos participaron en el 70% de los 276 fraudes que la Comisión de Valores de Estados Unidos detectó entre 1987 y 1999.

Breve historia del fraude empresarial

El caso del banco Overend, Gurney & Company, que colapsó en 1866, ya mostró cómo la desregulación financiera y la ausencia de supervisión pública en el sistema capitalista facilitaba la comisión de delitos financieros con graves consecuencias económicas y sociales. Los gestores de este banco fueron juzgados por fraude debido al falseamiento de la información en la emisión de acciones; sin embargo, fueron absueltos. Otro ejemplo se sitúa en la antesala de la crisis de 1929: en los años veinte se generó una burbuja especulativa en el sector inmobiliario de Florida, que colapsó, entre otras causas, por una serie de fraudes.

En la década de los ochenta, la burbuja especulativa de los llamados “bonos basura” quebró y con ella sus creadores —los denominados “señores de la avaricia”—, que fueron procesados por cargos de fraude, estafa y otros delitos financieros. Más tarde, en los años noventa, se desarrolla una gran burbuja financiera y tras su implosión, entre los años 2000 y 2001, quedó un largo rastro de casos de fraude empresarial. El ejemplo más conocido es el de la transnacional Enron, que quebró en 2001 por la manipulación contable y la creación de empresas ficticias para ocultar las ganancias fraudulentas. En este escándalo estuvo involucrada tanto la auditora Arthur Andersen, que destruyó documentos que mostraban irregularidades durante las auditorias a la compañía, como el propio gobierno de George W. Bush. Y además de Enron, hubo numerosos casos de fraude contable en esos mismos años: pueden citarse, entre otros, los de la transnacional estadounidense de las telecomunicaciones WorldCom, la compañía francesa Vivendi Universal y la empresa italiana Parmalat.

La quiebra de la burbuja especulativa de las hipotecas subprime, que ha originado una gran crisis financiera y económica desde el año 2008, especialmente en los países centrales, también ha llevado aparejados diversos casos de corrupción y fraude. En 2010, la Comisión de Valores de EE.UU. acusó a Goldman Sachs de un fraude en relación con instrumentos de deuda vinculados a las subprime. A su vez, la agencia que supervisa los MERCADOS hipotecarios de Estados Unidos preparó una demanda contra Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Deutsche Bank, entre otros bancos, acusándolos de tergiversar la calidad de las hipotecas que vendían durante la burbuja inmobiliaria. Por último, están las AGENCIAS DE CALIFICACIÓN, las transnacionales de los seguros como AIG, las empresas de inversión como Fannie Mae y Freddie Mac, entre otras, que no han sido aún juzgadas pero que, según todos los indicios, contribuyeron a la manipulación de información que derivó en la crisis financiera.

Las transnacionales españolas también cosechan denuncias por casos de fraude empresarial. La directiva del BBVA, por ejemplo, fue juzgada por la Audiencia Nacional, entre los años 2001 y 2005, por el falseamiento de cuentas, por valor de 225 millones de euros que se enviaban a PARAÍSOS FISCALES. Asimismo, en 2006 se acusó a Emilio Botín y a otros tres directivos del Banco Santander por el caso Banesto, que constaba de 38 delitos contra la Hacienda Pública cometidos a finales de los años ochenta, delitos continuados de falsedad en documentos oficiales y mercantiles; el caso fue finalmente archivado en 2012. Botín fue de nuevo investigado por haber cometido presuntamente delitos de fraude fiscal y de falsedad documental en junio de 2011. Otro caso en el que se manifiesta la impunidad habitual que suele rodear a estos delitos económicos es el del actual vicepresidente del Santander, Alfredo Sáenz: a pesar de ser condenado por el Tribunal Supremo a una pena de tres meses de cárcel e inhabilitación por considerarle responsable de un delito de acusación falsa cuando era presidente de Banesto, a finales de noviembre de 2011 fue indultado por el gobierno Zapatero en su último consejo de ministros.

 


  • BAKER, R.W. (2005): Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market System, Wiley, Londres.
  • CULLINANA, C.P. Y SUTTONB, S.G. (2002): “Defrauding the public interest: A critical examination of reengineered audit processes and the likelihood of detecting fraud”, Critical Perspectives on Accounting, vol. 13, nº 3.
  • GARCÍA NEUMANN, J. (2010): “La especulación financiera como delito contra la humanidad. Fundamentos en la Historia de la Economía”, Via Inveniendi et Iudicandi, nº 11.
  • GLOBAL WITNESS et al. (2009): “The links between tax evasion and corruption: How the G20 should tackle illicit financial flows”, Briefing Paper, Global Witness, Tax Justice Network, Christian Aid y Global Financial Integrity.
  • IGLESIAS, J. Y BADENES, X. (2011): Apuntes sobre la economía furtiva del capitalismo, Seminario de Economía Crítica Taifa, Barcelona.