Sector privado

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Bajo la denominación sector privado se engloban empresas de todo tipo: microempresas, pequeñas y medianas empresas, sociedades cooperativas, organizaciones de economía social, sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, compañías multinacionales… Las formas jurídicas que pueden adoptarse dentro del sector privado son muy variadas, pudiendo ir desde el ejercicio individual de una actividad empresarial hasta la utilización de una amplia diversidad de sociedades mercantiles dependiendo de cada país. Lo que sucede es que, en el lenguaje habitual de la cooperación al desarrollo, el término sector privado suele emplearse de forma recurrente para hacer referencia a las grandes corporaciones.

En la mayoría de los encuentros y debates en los que, en los últimos años, se viene discutiendo acerca del papel que deberían jugar las empresas en la agenda de desarrollo surge muchas veces la misma pregunta: ¿de qué hablamos cuando nos referimos al sector privado? Porque «empresas hay muchas y de muy diversos tipos», suele decirse. Y efectivamente, como acabamos de decir, eso es así. Pero si de lo que se trata es de caracterizar la situación actual de la cooperación internacional, esa afirmación no refleja bien la realidad: la mayoría de los ejemplos de ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS, iniciativas de COOPERACIÓN EMPRESARIAL y proyectos de NEGOCIOS INCLUSIVOS, con los que se está potenciando la participación del sector privado en las políticas y estrategias de la cooperación al desarrollo, han sido concebidos por y para las EMPRESAS TRANSNACIONALES.

De manera análoga, ocurre algo parecido con la RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: en vez de RSC, es mucho más frecuente oír hablar de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), un término que hace referencia a todas las empresas y no sólo a las grandes corporaciones. Y se habla también de RSU (universitaria), RSO (de las organizaciones), etc. En realidad, se trata de distraer la atención sobre un hecho que parece incuestionable: la RSC es un paradigma de gestión empresarial puesto en marcha por y para las compañías multinacionales. No hay más que ver quiénes fueron las impulsoras del Global Compact, qué empresas tienen los departamentos de RSC más potentes y quiénes han sido las más interesadas en incorporar el modelo de la “empresa responsable” en la cooperación al desarrollo.

El sector privado en la agenda de cooperación internacional

«Nuestro tiempo exige una nueva constelación en la cooperación internacional: gobiernos, sociedad civil y sector privado trabajando juntos en pro de un bien colectivo mundial». En el año 2009, cuando se cumplía el décimo aniversario del lanzamiento del Pacto Mundial, el secretario general de NACIONES UNIDAS se presentaba en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) y, con estas palabras, asumía que la filosofía del “capitalismo inclusivo” era la idónea para avanzar hacia esa «globalización con rostro humano» a la que se había referido su predecesor en el cargo, Kofi Annan, en el mismo sitio diez años antes. El sector privado quedaba así consagrado, a partir de la validación de ese enfoque tripartito y junto a las instituciones públicas y las ONGD, como un agente de cooperación; como se ha ido confirmando después, la realidad es que, de hecho, se ha revelado como el dirigente de la cooperación, esto es, el que marca la estrategia que deben seguir todos los demás.

La situación actual es el fruto de una década de trabajo del LOBBY empresarial para conseguir que en la agenda de la cooperación internacional se haya incorporado la idea del «potencial de las empresas al servicio de los pobres». De este modo, instituciones multilaterales como la ONU, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han hecho suyo este discurso: «Las empresas son una poderosa fuerza en la lucha contra la pobreza», asegura Ban Ki-moon: «El trabajo de NACIONES UNIDAS puede verse como la búsqueda para crear el entorno ideal en el que los negocios puedan prosperar». Las agencias de cooperación de los principales países donantes de AOD han caminado en la misma senda: la agencia estadounidense (USAID), por ejemplo, viene desarrollando “alianzas globales de desarrollo” con corporaciones transnacionales como Coca-Cola, Wal-Mart, Starbucks, Chevron, IBM y Kraft; desde que esta agencia puso en marcha su programa de ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS hace más de diez años, esta herramienta de fomento del sector privado desde las instituciones públicas se ha convertido en una de sus principales estrategias de cooperación y, en la actualidad, dispone de 1.000 alianzas con más de 3.000 empresas.

El argumento fundamental para justificar la incorporación masiva del sector privado en la agenda global de desarrollo es porque, como decía Kofi Annan en 2003, se trata de «preparar las bases para que una actividad adecuada del sector privado genere los empleos e ingresos necesarios para dar lugar a una sociedad más equitativa y próspera». Empleo, lucha contra la pobreza, bienestar y desarrollo aparecen, una vez más, como los elementos centrales de un relato diseñado para favorecer la expansión internacional de los negocios de las corporaciones transnacionales. El PNUD, en esa misma línea, considera que «los actores del sector privado impulsados por incentivos del mercado tienen capacidad probada para contribuir a importantes metas del desarrollo». Sin embargo, desde el crash global que se inició en 2008 se ha demostrado que, cuando la economía y las finanzas se dejan en manos del mercado y del capital transnacional, los objetivos de desarrollo quedan en segundo plano y todo se subordina al negocio y al máximo beneficio del sector privado.

El sector privado en la cooperación española

«Uno de los actores cuya integración en el sistema de cooperación para el desarrollo es fundamental y supone un reto por su potencial como actor de desarrollo es el sector privado empresarial», leemos en el III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012). Y es que este plan constituye la conclusión de un proceso, iniciado en la última etapa del ejecutivo de Aznar y completado en las dos legislaturas de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, destinado a situar la cooperación pública al servicio de los intereses de las grandes empresas españolas presentes en el extranjero. Toda esta evolución ha ido acompañada de una adopción de los valores y principios mercantiles, hasta el punto de que en dicho plan director se afirma que uno de los objetivos es «promover la expansión del sector privado en los países en desarrollo».

El instrumento fundamental para la participación del sector privado en la cooperación pública para el desarrollo son las ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS. En la cooperación española, ya en el II Plan Director (2005-2008) se incluían menciones a estas «iniciativas de colaboración entre el sector público y el sector privado», de las que se decía que tendrían el fin de «conjugar los esfuerzos de la empresa privada y del Estado para la consecución de objetivos de desarrollo en los países socios». Y en el III Plan Director, finalmente, se concretó la línea estratégica de «fomentar el diálogo, la coordinación y la acción conjunta entre el sector privado, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil». Así, son multinacionales como Telefónica, BBVA, PRISA, Aguas de Barcelona, Santander o Repsol las que están protagonizando los primeros casos de asociaciones entre las organizaciones de desarrollo y el sector privado. Y son también las mayores empresas españolas las que están en el patronato de la Fundación Carolina, la institución más activa en este país a la hora de buscar la integración del sector privado en la agenda de desarrollo. Es decir, son estas compañías, y no las pequeñas cooperativas ni las empresas de la economía social, las que están modelando el discurso oficial sobre esta cuestión y están marcando la línea a seguir.

De nuevo, se observa que la base de esta orientación es considerar el crecimiento económico, «sustentado en la actividad empresarial del sector privado», como el factor fundamental en la lucha contra la pobreza. Y eso significa, sobre todo, aumentar el beneficio empresarial: «La INTERNACIONALIZACIÓN de las empresas españolas es clave en la recuperación de la economía», decía en 2010 el entonces secretario de Estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet, dando por hecho que el crecimiento de las ganancias de las grandes multinacionales redundará en una mejora general de la situación socioeconómica, cuando la experiencia de la crisis capitalista ha demostrado que no existe correlación entre ambas.

Hace ya tiempo que se viene hablando de la necesidad de que, desde las instituciones y los poderes públicos, se asuma la COHERENCIA DE POLÍTICAS para el desarrollo. Pero esa declaración de intenciones, que nunca ha llegado a traducirse en medidas concretas, ya no tiene valor ni siquiera en el terreno de lo simbólico. «Soy el tercer comercial de España después del Rey y el presidente del gobierno», dijo el actual ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación justo antes de convocar la que él propuso como su primera acción relevante al frente del ministerio: una reunión con los mayores empresarios de este país para potenciar la “marca España” en el exterior. Ahí reside hoy la verdadera COHERENCIA DE POLÍTICAS: integrar plenamente a las grandes empresas en el sistema de cooperación internacional con el fin de apoyarlas en la expansión global de sus negocios. Aunque eso signifique poner los intereses del sector privado por delante de los derechos de la mayoría de la población.

 


BIBLIOGRAFÍA:

  • FERNÁNDEZ ORTIZ DE ZÁRATE, G.; PIRIS, S. Y RAMIRO, P. (2013): Cooperación internacional y movimientos sociales emancipadores: Bases para un encuentro necesario, Hegoa, Universidad del País Vasco, Bilbao.
  • NIETO, L. (coord.) (2002): La ética de las ONGD y la lógica mercantil, Icaria, Barcelona.
  • ROMERO, M. (2009): “Partenariados tóxicos: La función de la RSC en la subordinación de las ONG al ‘sector privado’”, en HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Y RAMIRO, P. (eds.), El negocio de la responsabilidad, Icaria, Barcelona.
  • ROMERO, M. Y RAMIRO, P. (2012): Pobreza 2.0. Empresas, estados y ONGD ante la privatización de la cooperación al desarrollo, Icaria, Barcelona.