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Nicaragua: Privatiza que privatizarás, que sin luz los dejarás

Jesús Carrión Rabasco

Jueves 2 de agosto de 2007

Condicionados por el espejismo del alivio de la deuda que prometían las Instituciones Financieras Internacionales y los países ricos, durante los años noventa la mayoría de los países empobrecidos sufrió una ola de privatizaciones de empresas estatales vinculadas a servicios básicos o recursos naturales. Estas privatizaciones debían traer la modernización de los sectores, mejoras en el servicio, competencia y hasta reducciones de precio. Con el tiempo se ha demostrado que lo que han provocado ha sido una recolonización y un nuevo expolio que ha favorecido a las grandes corporaciones del Norte, causando más pobreza y desequilibrios en los países del Sur.

En este artículo abordamos el caso del sector eléctrico en Nicaragua como ejemplo paradigmático, porque muestra cómo un país ahogado por la deuda externa en los noventa asume los condicionantes marcados tanto por el Banco Mundial (BM) como por el Fondo Monetario Internacional (FMI), iniciando un proceso de privatizaciones que acaba sumiendo el sector en una crisis que provoca graves impactos sociales [1].

La matriz energética de Nicaragua es altamente dependiente del petróleo (79,6 por ciento) en la generación de electricidad, a diferencia de otros países de la región centroamericana: Costa Rica (1,8 por ciento), Panamá (32,2), El Salvador (50,5), Guatemala (50,1) y Honduras (61,3 por ciento). Las fuentes energéticas nicaragüenses determinan que casi el 80 por ciento de la generación eléctrica se haga a partir de centrales térmicas, que utilizan combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). El gran peso del petróleo en la generación eléctrica provoca que sus costes dependan de forma directa de las oscilaciones de precio del barril de crudo.

Lejos de lo que pudiera parecer, esto no deriva de una supuesta incapacidad para utilizar otras energías, ya que datos de estudios desarrollados en la época del dictador Somoza indican que el potencial en generación eléctrica renovable que tenía Nicaragua ya en aquellos años podía llevar al país a conseguir su independencia en este sentido e incluso convertirse en exportador sin depender del petróleo. Así, el potencial de generación geotérmica era de 1.000 MW y de hidroeléctrica de 1.760 MW, datos que contrastan con la realidad en 2004, con una capacidad real de generación de 742,2 MW. Es decir, que existieron intereses económicos y una elevada incompetencia política para la planificación de un sistema energético estable y eficaz.

Siguiendo con el análisis, en el sistema eléctrico nicaragüense el elevado índice de pérdidas y fugas técnicas en el transporte y la distribución [2] es del 30,4 por ciento en el 2004. Este índice es el más elevado de la zona si lo comparamos con las pérdidas que tienen Costa Rica (9,4 por ciento), El Salvador (14,5 por ciento) u Honduras (22,7 por ciento).

Nicaragua es el último país de la zona en cuanto a índice de electrificación, con un 52,1 por ciento. Es decir, hay más de 2,7 millones de nicaragüenses sin acceso a electricidad (467.500 hogares) [3]. Este dato nuevamente contrasta con la situación en Costa Rica (97,9 por ciento), El Salvador (81,4) u Honduras (65,9 por ciento). Por otro lado, Nicaragua tiene la tarifa eléctrica más elevada de toda la zona: 124,5 dólares el MW/h, frente a los 73 de Costa Rica o los 96,7 de Honduras.

Desde el verano de 2006, las empresas encargadas de la distribución eléctrica, propiedad de Unión Fenosa, están siendo incapaces de garantizar el suministro continuado a la parte de población nicaragüense que tiene acceso al mismo. Los cortes en agosto de 2006 llegaron a ser de entre cuatro y catorce horas diarias, afectando esto incluso al suministro de agua potable, además de producir graves impactos en la economía local. ¿Qué es lo que ha llevado a esta situación al sector eléctrico en Nicaragua?

Deuda externa y condicionantes

Nicaragua era en la década de los noventa uno de los países más endeudados del mundo. Su deuda externa total ascendía a 10.745 millones de dólares en 1990, mientras que su producto nacional bruto era de 988. El servicio de la deuda [4] alcanzó en 1995 el 38,1 por ciento de sus exportaciones, llegando a ser el sexto país del mundo en peor situación.

En este contexto es fácil visualizar cómo la historia de la deuda externa en Nicaragua y las privatizaciones van juntas de la mano durante toda la década de los noventa y hasta la fecha. Para poder avanzar en las iniciativas de alivio de la deuda para países altamente empobrecidos, actualmente llamadas ESAF I y II [5], los diferentes gobiernos electos (Chamorro, Alemán y Bolaños) se sometieron a los condicionantes impuestos por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) en forma de paquetes de políticas económicas de corte neoliberal. Dichas medidas, denominadas Planes de Ajuste Estructural, conllevan aplicar políticas regresivas para los sectores más vulnerables al reducir el gasto público y a su vez aumentar las entradas de capital, vía privatización y desmantelamiento de las empresas públicas (siguiendo las directrices del Consenso de Washington).

El gobierno de Chamorro fue el primero en preparar el camino a las privatizaciones al reformar la ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía con el Decreto Ejecutivo 25/92 de abril de 1992, para permitir la entrada del sector privado. En 1998 el gobierno de Alemán entra en la ESAF II, en la que, para alcanzar el punto de culminación, uno de los condicionantes que se van a exigir es que haya una clara estrategia privatizadora. Ese mismo año, la empresa internacional Price Waterhouse & Coopers finaliza un estudio encargado por el gobierno en el que se recomienda segmentar la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) en siete: dos de distribución, una de transmisión y cuatro de generación. A partir de ese momento se reforman los instrumentos jurídicos del sector energético y, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se crea la Unidad de Reestructuración de ENEL, que será la encargada de llevar a cabo la privatización.

Durante este periodo se produce la privatización de una parte importante de las plantas generadoras, que pasan a manos de la oligarquía nicaragüense y de capital norteamericano. El BID apoya los procesos de privatización o de concesiones de contrato de generación a inversionistas privados bajo los plazos y condiciones de un Acuerdo de Compra de Potencia (PPA) [6], normalmente de quince años de duración y en dólares. El PPA entre las empresas generadoras privadas y ENEL proporciona ingresos por dos conceptos: pagos por capacidad (fijos) y pagos de energía (variables). Como los PPA garantizan al generador la compra de su producción térmica, éste no tiene ningún tipo de estímulo para invertir en energías renovables; mientras que, al no efectuarse ningún tipo de control sobre la capacidad fija contratada, puede ser frecuente que su capacidad real esté por debajo de la nominal.
Como un proceso paralelo al impulso de las privatizaciones y entrada de capital foráneo, las inversiones públicas en generación fueron negativas en esta época. Se ha apostado de forma continua por las concesiones para instalar más plantas térmicas cofinanciadas por el BID, ya que necesitan de una inversión inicial menor y, por lo tanto, garantizan más rápidamente la generación de beneficios.

La privatización de Unión Fenosa

Siendo Enrique Bolaños presidente de la junta directiva de ENEL, se vendieron a Unión Fenosa las dos empresas encargadas de la distribución de energía en el país por 115 millones de dólares. El proceso de compra fue un tanto dudoso: Unión Fenosa fue la única empresa que se presentó al concurso de adquisición. Además de adquirir Disnorte y Dissur, y con ellas el monopolio de la distribución en régimen de concesión por un período de treinta años, la venta incluyó buena parte de los activos de ENEL: redes, subestaciones, bienes inmuebles y laboratorios de calibración, entre otros muchos

Según fuentes periodísticas nicaragüenses, el ingeniero Gabriel Pasos (presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua) y Róger Cerda (experto en temas energéticos), coincidieron en valorar que el segmento vendido a Unión Fenosa del sector eléctrico podía haber sido valorado fácilmente en más de 200 millones de dólares. Con anterioridad a la privatización se hace una modificación de la ley, con el fin aparente de “acomodar” en uno de sus artículos la presentación de un único ofertante: “será declarada automáticamente desierta aquella licitación en la cual no se presentare al menos una propuesta” [7].

Las denuncias contra Fenosa, la penosa

Desde que entró en el país, Unión Fenosa ha tenido múltiples controversias con consumidores y administraciones públicas nicaragüenses. Fruto de su proceder, Fenosa está siendo denunciada por una campaña internacional, articulada por organizaciones de Nicaragua y del resto del mundo. La campaña se llama “La Ir-Responsabilidad Social de Unión Penosa. Capítulo I: Nicaragua a oscuras”.

Sus denuncias se basan en una serie de impactos provocados con su actividad, entre los que destacan, además de la incapacidad para garantizar el suministro eléctrico continuado, que no ha invertido lo necesario para incrementar la tasa de cobertura de electrificación y mejora de la red de distribución para reducir las fugas técnicas. Además, las inversiones que dice haber hecho las ha realizado en contadores o se ha apropiado de las ya realizadas y, ante el proceso de arbitraje abierto por el INE por estos incumplimientos, intenta hacer chantaje al gobierno del recientemente elegido Ortega amenazando con denunciarlo ante diversas instancias del Banco Mundial.

A modo de conclusión

Sorprende el papel de las IFI y la connivencia de los gobiernos nicaragüenses que han ejecutado sus directrices sin tener en cuenta que la electricidad es un servicio básico. No han tratado de fijar criterios como la mejora de la cobertura de la electrificación ni la reducción de las pérdidas de energía, y tampoco han promovido el uso de plantas generadoras limpias para desvincular a Nicaragua de su gran dependencia del petróleo. Pareciera que las privatizaciones hubiesen tenido dos únicos objetivos desligados de la población: liberar recursos para pagar la deuda externa y privatizar por privatizar, para obtener el máximo lucro en el mínimo tiempo para los capitales implicados, ya sean los de Fenosa o los de las oligarquías nicaragüenses.

La empresa distribuidora de energía eléctrica Unión Fenosa tiene un monopolio garantizado a treinta años, pero no le salen las cuentas porque no ha realizado la inversión que debería haber hecho en la mejora de la red de distribución eléctrica. Por esta razón no paga a las generadoras y prefiere dejar a la población sin suministro, como medida de chantaje al gobierno (tanto al anterior de Bolaños como al actual, de Ortega), sin importarle los impactos que ello provoca.

Lo miremos por donde lo miremos, podríamos decir que los procesos de privatización como éste, de un servicio público de primera necesidad, en un país con más de la mitad de su población viviendo con menos de un dólar al día, no pueden hacer otra cosa que fracasar. Parece que hubiese que garantizar beneficios desproporcionados para que el capital privado se sienta atraído para invertir en el país, sin ponerle limitaciones y, por lo tanto, sin tener en cuenta criterios sociales ni ambientales.

Estas medidas provocan el efecto contrario al deseado y el Estado queda enredado en la trampa de la deuda externa, sin tener independencia económica y política para garantizar derechos universales como el acceso al suministro eléctrico a la totalidad de sus ciudadanos. Debe acabar cediendo al chantaje de las empresas transnacionales y hacerse cargo de su ineficiencia, demostrándose de nuevo la máxima: “algunas empresas transnacionales privatizan los beneficios y socializan sus pérdidas”.


Jesús Carrión Rabasco pertenece al Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Este artículo ha sido publicado en el nº 27 de la revista Pueblos, julio de 2007, Especial América Latina.


Notas

[1Artículo basado en diferentes estudios aportados a la campaña “La Ir-Responsabilidad Social de Unión Penosa. Capítulo I: Nicaragua a Oscuras”. Las fuentes principales son los estudios de D. Adolfo José Acevedo Vogl y la Red Nacional Defensa de los Consumidores de Nicaragua.

[2Las redes de transporte se diferencian de las de distribución en que las primeras hacen servir una red de alto voltaje y las segundas, que están conectadas a los centros de consumo, la hacen servir de medio y bajo.

[3Según cálculos de CEPAL, en 2004 vivían 5,8 habitantes de promedio por vivienda.

[4El servicio de la deuda es la cantidad devuelta en un año teniendo en cuenta la amortización del préstamo más los intereses.

[5Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF): Programa de Ajuste Estructural Ampliado.

[6Power Purchase Agreements (PPA): Acuerdo de compra de Potencia.

[7Artículo del Decreto Ejecutivo 129-99 que reforma el reglamento de la ley 272


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