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Sobre la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. La seguridad jurídica

Juan Hernández Zubizarreta

Lunes 19 de febrero de 2007

El uno de mayo de 2006 el gobierno de Bolivia hizo público el decreto de nacionalización del
petróleo y del gas. Todas las empresas petroleras que realicen actividades de
producción de gas y petróleo estarán obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) toda la producción de hidrocarburos. Esta es
una excelente noticia, aunque no puedo negar que me hubiese gustado mucho más la
expropiación pura y dura acompañada de la expulsión de las multinacionales, pero es
obvio que esa decisión requiere otro escenario regional e internacional. Pero todo se
andará.

Por otro lado, no salgo de mi asombro por el cinismo de las declaraciones de
representantes del gobierno español, del señor Solana, de contertulios varios que no
saben ni de lo que hablan y de los “magnates del petróleo”, así como del silencio de
parte de la sociedad civil de este país. También me llama poderosamente la atención la
línea editorial del periódico El País, o quizás no tanto teniendo en cuenta los intereses
del grupo Prisa en Bolivia, poniendo en duda la capacidad del presidente Morales
(nunca ha cuestionado, por ejemplo, a los presidentes neoliberales de México y Costa
Rica...), las formas de la medida, (se olvidan del referéndum del 2.004), la propia
nacionalización (ni un comentario sobre los índices de pobreza, enfermedades, trabajo
infantil, trabajo forzoso...) y las previstas del agua, minería, recursos forestales y
reparto de la tierra (es sorprendente hasta dónde puede llegar la socialdemocracia).
Pero vayamos por partes.

Antecedentes

El gobierno de Paz Estensoro puso en marcha a partir de 1.985 políticas de ajuste
estructural neoliberales que acabaron con la hiperinflación a base de privatizar el sector
público y la minería, despedir al 75% de su trabajadores y trabajadoras y el 45% de los
del sector energético y desmantelar los sindicatos. La década de los noventa profundizó
en las mismas políticas, (privatización del agua...) y el déficit publico llegó hasta los
430 millones de dólares en 1.997. La privatización de la compañía petrolera nacional
YPFB dejo al Estado de Bolivia en manos de las multinacionales. A partir de aquí, la
reducción de los royalties pasó en 1.995 del 50% al 18% en los contratos de
explotación, es decir, el 82% para las transnacionales, todo un escándalo apoyado por
los gobiernos ricos y las Instituciones Internacionales, las mismas que a la fecha de hoy
interpelan a Evo Morales por no respetar la legalidad internacional.

Mientras tanto, un país con importantes recursos naturales alcanzó el 65% de pobreza,
siendo del 90% en las zonas rurales, la esperanza de vida, durante primera mitad de la
década de los noventa, era de 58 años para las mujeres y 53 para los hombres y la
mortalidad infantil creció al 60 por mil. Las restricciones del derecho de sindicación y
huelga fueron denunciadas por la OIT, las discriminaciones salariales y laborales de
mujeres e indígenas junto al trabajo infantil y trabajo forzoso fueron hechos
constatables. Existía “materia prima” para que los reportajes televisivos, proyectos de
Ongs, declaraciones institucionales, indignaciones morales, apadrinamientos de niños y
niñas y un largo etcétera de hipocresía social tuviese cabida en el debate público.

El Estado Español

Los gobiernos Occidentales, y en concreto el Estado Español, tienen responsabilidades
directas en lo sucedido en Bolivia. Las empresas transnacionales españolas nacieron en
la década de los ochenta en el marco de la apertura comercial y al calor de la entrada
en la Unión Europea. Los sucesivos gobiernos fueron creando y adaptando todo el
entramado jurídico-económico para el despegue del capital español hacia, básicamente,
América Latina. Se redujeron todo tipo de requisitos legales para los flujos salientes de
capital, se privatizaron empresas públicas, se financiaron con dinero público, se
firmaron todo tipo de tratados bilaterales y multilaterales para blindar todos sus
beneficios y evitar cualquier riesgo; los intereses del capital se impusieron a los
trabajadores y trabajadoras del Estado y de los pueblos de América Latina.

Pero el apoyo incondicional a las empresas transnacionales no termina aquí, los
gobiernos españoles, con el silencio cómplice de los autonómicos, apoyaron los planes
de ajuste de las instituciones multilaterales (FM, BM y bancos regionales) para los
pueblos de América Latina. Las empresas transnacionales españolas aun siendo muy
jóvenes han operado de forma muy agresiva en el continente americano. Destacan
algunas actuaciones que han tenido el aval absoluto de las autoridades públicas. En los
procesos de privatización de las empresas públicas latinoamericanas, inducidos por los
planes de ajuste, la participación española ha sido central y la adquisición de las
mismas ha estado plagada de irregularidades y corruptelas de todo tipo. Así, la
adquisición de YPF por Repsol costó diez veces menos de lo que valía a cambio de un
cheque en blanco y una residencia en Barcelona que Alfonso Cortina presidente de
Repsol pagó al gobernador responsable de la compañía vendida.

Por otra parte, son evidentes las vinculaciones de las multinacionales con los
sucesivos gobiernos españoles que se ponen de manifiesto en la conformación de los
consejos de administración de las mismas, en la composición del ”séquito” en viajes
oficiales y comerciales así como en el contenido de las entrevistas y acuerdos
bilaterales con gobernantes latinoamericanos. Las negociaciones Repsol-gobierno de
Bolivia estarán “fiscalizadas” por una comisión gobierno de Bolivia-gobiernos
español, en la que éste representará, exclusivamente, los intereses de la multinacional
en contra de los hombres y mujeres de Bolivia.

El viaje del presidente Evo Morales en enero de 2.006 a España generó reiteradas
declaraciones de representantes del gobierno en el respeto al “buen hacer” (un simple
dato, la Asamblea del pueblo Guaraní exige a Repsol 42 millones de dólares por daños
ambientales, culturales, sociales y económicos causados en los diez últimos años) de
“nuestras multinacionales”. Se le exigió al nuevo presidente boliviano que acate la
normativa de comercio internacional y garantice la estabilidad de las inversiones. Las
reacciones ante el decreto de nacionalización no se han hecho esperar. El Gobierno
español reitera el respeto a la legalidad y el señor Solana, con la prepotencia que le
caracteriza, ha incidido en la falta de interés del presidente Morales por sus “consejos”.
Por último, hay que tener en cuenta que junto a Repsol tienen presencia en el país
latinoamericano multinacionales como Red Eléctrica Española (REE) e Iberdrola,
Unión Española de explosivos, BBVA, AENA y el grupo Prisa y que España es
además el tercer país donante de ayuda a la cooperación para el desarrollo de Bolivia,
con más de 30 Ongs y con cientos de cooperantes. Era de esperar que el actual
gobierno intentara condicionar al máximo el programa social y económico de Evo
Morales en nombre de la seguridad jurídica de las inversiones españolas. El tres de
mayo el secretario de Estado de Asuntos Exteriores anunció que va a viajar a Bolivia
para actuar con firmeza en defensa de los intereses de las empresas españolas y el
presidente Rodríguez Zapatero ha mantenido “contactos” al más alto nivel, el guión
estaba escrito de ante mano. Pero lo más preocupante es la falta de reacción de ongs,
movimiento sindical...¿será que sus intereses están más cercanos a Repsol y al
gobierno español que al pueblo de Bolivia?

Ayuda al desarrollo sí, Ongs sí, admiración por los indígenas de Bolivia sí, compasión
por los pobres también, pero, simplemente respeto por las decisiones democráticas de
un pueblo que recupera sus recursos, ¡ni soñar!

[...]

Juan Hernández Zubizarreta
16 de mayo de 2006

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