La cumbre del Consejo Europeo que abordó el plan “Next generation EU” ha sido un éxito. Eso es al menos lo que se desprende de las declaraciones de los representantes de los diferentes estados, pese a mantener posiciones antagónicas.

De este modo, el Estado español considera histórico el acuerdo, ya que crea un nuevo instrumento por un monto muy significativo (750.000 millones), basado fundamentalmente en subvenciones a fondo perdido (52%), y sin la aparición estelar de la Troika condicionando los planes de reforma. Al mismo tiempo los Países Bajos, líderes de los autodenominados frugales, sitúan en su haber la rebaja significativa tanto de las expectativas de aumento del presupuesto comunitario para el período 2021-2027, como el volumen de subvenciones. Además, logra imponer un sistema muy exigente de condicionalidad a los programas de reforma, que incluye análisis de la Comisión y del Consejo por mayoría cualificada, estableciendo incluso un «superfreno de emergencia» que cualquiera puede activar si entiende que las propuestas de un país contravienen los sacrosantos principios de la UE: prioridad por los mercados y las grandes empresas, austeridad y alianza público-privada.

¿Cuál es la explicación? Pues la mismísima UE, proyecto en el que habitualmente todo el mundo gana en el relato, mientras que en la práctica ataca a las grandes mayorías sociales. En todo caso, ofrecemos cuatro claves para realizar un balance específico de lo aprobado y de su proyección a futuro, cuando la letra pequeña cobra más importancia que los titulares.

En primer lugar, es indudable que el fondo servirá para que los países más castigados complementen sus déficits con ayudas y préstamos comunitarios. Por ejemplo, los 209.000 millones que pudiera recibir Italia, o los 140.000 del Estado español, en función de su destino final, bien pudieran ser estratégicos para mitigar el drama que se avecina, así como para realizar necesarias transiciones estructurales. No obstante, y en segundo término, este volumen de fondos es insuficiente para abordar una crisis como la actual, sin parangón al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Cada nuevo informe publicado empeora las perspectivas de anterior, dentro de un horizonte que se agrava en términos globales. Así por ejemplo, lo asignado al Estado español para 6 años sería el equivalente al 11% del PIB de 2019, cuando las expectativas de recesión solo para 2020 superan ampliamente dicho porcentaje.

Tercero, los 360.000 en préstamos, sumados a las políticas expansivas del BCE desde hace más de una década, no harán sino agravar los estructurales problemas de deuda. De este modo, no son descartables nuevos ataques especulativos contra la deuda soberana italiana o española, una vez sus déficit públicos se hagan efectivos (recordemos la cantinela de la prima de riesgo), en el marco de un sistema-euro mucho más vulnerable. Y cuarto, el sistema de condicionalidad antes señalado se antoja especialmente draconiano, en un contexto en el que se mantiene la pujanza de los frugales y el blindaje de los principios europeos, mientras se evitan medidas más sustanciosas como los eurobonos o la tasa covid. Parece en este sentido bastante ingenuo que las reformas propuestas salgan del marco pro-poder corporativo de la UE.

En definitiva, la UE salva en principio los muebles, pero afronta un panorama nefasto sin alterar en lo sustancial su dogma neoliberal. No parece suficiente para estar a la altura de este momento crítico.

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.