Durante varias semanas Teresa Castellanos Ruiz, Samantha Cesar Vargas y Juan Carlos Flores visitarán diversas ciudades europeas donde se reunirán con colectivos, asociaciones e instituciones públicas. El objetivo de la gira es visibilizar su lucha en defensa del territorio frente al Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto en el que han participado las empresas españolas Abengoa, Enagás y Elecnor, las dos últimas con financiación pública a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa Española (FIEM).

A su paso por España, las activistas socioambientales han realizado una protesta junto a Ecologistas en Acción, OMAL-Observatorio de Multinacionales en América Latina, CEDOZ, Y Retiemble, La Villana de Vallekas y Tierra y Territorio, frente a la sede de Enagás en Madrid para denunciar la participación de esta empresa en el Proyecto Integral Morelos. Este megaproyecto energético incluye la construcción de dos centrales termoeléctricas, un acueducto, una línea eléctrica y un gasoducto de 160 km que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos y que afectará a más de 80 comunidades.

En el Proyecto Integral Morelos participan las empresas españolas Abengoa, Elecnor, y Enagás. Las dos últimas recibieron financiación pública a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM) gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio. En concreto, Elecnor y Enagás recibieron en 2012 un crédito por valor de 39,7 millones de euros.

En teoría, el FIEM exige a los adjudicatarios de la financiación que certifiquen el cumplimiento de los tratados firmados por España en materia de derechos humanos, medioambientales y laborales. No obstante, Ecologistas en Acción ha denunciado que en el desarrollo de la obra se han producido graves violaciones de los derechos humanos y se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas.

Iniciado en 2011, el Proyecto Integral Morelos ha contado desde el principio con una fuerte oposición de las comunidades afectadas, que se han movilizado en defensa de su territorio y medios de vida tradicionales en un contexto muy complicado de criminalización de la protesta, amenazas, detenciones arbitrarias, represión e incluso, como en el caso de Samir Flores, asesinatos.

Para Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, "es inadmisible que se financien con dinero público proyectos como este, que destruyen el territorio y agravan la crisis climática, y en los que no se garantiza el respeto a los derechos humanos. Tanto las empresas como las administraciones implicadas deben asumir responsabilidades".

En el marco de esta campaña, más de 60 organizaciones españolas entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, también enviaron en el mes de febrero una carta a Elecnor y Enagás, al Gobierno español, a gobiernos autonómicos del Estado español y al Estado mexicano, exigiendo la retirada de las empresas del proyecto, la suspensión de la financiación pública a través del FIEM y la paralización definitiva del proyecto, entre otras demandas.

La organización ecologista denuncia la creciente criminalización de las personas Defensoras de la Tierra y los derechos humanos en todo el mundo y sobre todo en América Latina, donde más de 200 personas fueron asesinadas en 2019 por defender la vida frente a proyectos extractivos e infraestructuras. Además, recuerda -coincidiendo con una semana de reivindicaciones feministas- que las mujeres sufren especialmente las consecuencias de conflictos socioecológicos como el causado por el Proyecto Integral Morelos.