Después de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, el 26 de septiembre de 2016, han aumentado las violaciones a los derechos humanos, se han deteriorado el clima democrático y las libertades y se ha incrementado la represión sobre los movimientos sociales y las comunidades. Ante esto, el pueblo se ha movilizado y ha planteado la lucha por el cumplimiento integral de los Acuerdos de Paz y por la mejora de las condiciones de vida de la población.

Crisis humanitaria y exterminio de líderes y lideresas sociales

Hay un dicho en Colombia que dice “proteger la vida y defender los derechos humanos y los territorios, te cuesta la muerte”. La alarmante crisis humanitaria que padece el país por causa del sistemático asesinato de personas líderes sociales tanto por parte de la fuerza pública como de grupos ilegales, así como la reconfiguración de las dinámicas de los actores armados en su disputa por el control territorial, principalmente en la región del Pacífico y zonas fronterizas de Venezuela y Ecuador, entre los que se identifican grupos paramilitares, grupos disidentes de las FARC – EP y el Ejército de Liberación Nacional-ELN, están provocando violaciones sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Colombia (OADHNU) 2019 se cerró con la muerte de 107 líderes/as sociales y 77 exguerrilleros/as, en 25 departamentos. A estas cifras hay que sumar las 600 personas defensoras de derechos humanos que han sido amenazadas y los 35 atentados que se han producido en el país, según la ONG Somos Defensores. En lo que va de este año ya podemos contabilizar 23 personas líderes sociales asesinadas.

En este mismo sentido, 4.000 personas se han visto desplazadas por incursiones de grupos ilegales en los municipios de Tumaco (Departamento de Nariño) y Tarara y Nuqui (Departamento de Antioquia), se ha producido el confinamiento de las comunidades de Jiguamiandó, Curvaradó (Cauca) y Pogue (Chocó) y 8 menores perdieron la vida en la masacre de Jamundí (Caquetá).

Incumplimiento de los Acuerdos de Paz

En este año 2020 se cumplen los primeros cuatro años de implementación de los Acuerdos de Paz y será decisivo para consolidarlos o no. En el informe de abril de 2019 del Instituto de Paz Kroc, que fue la entidad designada oficialmente para verificar los avances de los Acuerdos, se constataba que sólo un tercio se habían completado o avanzaban sustancialmente y el resto se encontraba en su estado inicial o no se había iniciado su implementación. A día de hoy esta realidad no ha variado.

Si examinamos aquellas partes que han avanzado, vemos que tienen relación con la desmovilización de las 13.000 personas excombatientes y su proceso de incorporación a la vida civil, así como con la creación de herramientas institucionales que acompañen el proceso, pero el resto relativo a la reforma rural, el proceso de sustitución de cultivos ilícitos, la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, la implementación a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial para que las políticas públicas lleguen a las zonas donde hasta ahora han sido excluidas; los retos que se marca la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), el desafío de abordar la desaparición forzosa a través de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, la falta de definición de las Circunscripciones Especiales para la Paz y el desarrollo de la Comisión de la Verdad, o bien no se han iniciado o bien se está al principio de su desarrollo. Si a esto unimos el aumento de la violencia y el asesinato de 77 exguerrilleros/as en 2019, lleva al escepticismo el futuro de dicho proceso.

Deterioro democrático

El proceso de deterioro democrático del país se sigue profundizando con una restricción grande de las libertades y garantías democráticas, un menoscabo de las condiciones de vida de la población, un ataque sistematizado a las mujeres y al colectivo LGTBI, una desconsideración a las demandas del campesinado, de los pueblos indígenas y afroamericanos, un menosprecio a la soberanía nacional con un aumento de la dependencia a la política exterior de EE.UU y una profundización de las políticas agresivas contra la población y el medio ambiente, como se constata en el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango en Antioquia.

Las conocidas como “chuzadas”, interceptaciones ilegales, constituyen un ejemplo reciente del rumbo por el que transita el gobierno colombiano. Cuando parecía que ya eran cosa del pasado las “chuzadas” del DAS (2002) o la Operación Andrómeda (2014), ahora los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras denuncian que tanto ellos como personas líderes sociales, activistas de derechos humanos, periodistas y magistrados de la Corte Suprema son espiadas por el ejército a través de equipos donados por el Gobierno de Estados Unidos para perseguir la delincuencia en el país.

El Paro Nacional, ¡a parar para avanzar!

Ante la crisis de gobernabilidad, la vulneración de derechos humanos, la corrupción, los efectos de los Tratados de Libre Comercio, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y el deterioro de las condiciones de vida de la población, las organizaciones sociales han respondido con un Paro Nacional que se inició el 21 de noviembre de 2019 y que aún prosigue.

Un día antes del paro, el Secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo y el presidente de Colombia Iván Duque inauguraron en Bogotá la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, en la que estuvieron presentes personas delegadas de más de 25 países. En ella el presidente colombiano adquirió compromisos para seguir prestando el país en su agresión a Venezuela y, por otra parte, EE.UU. y Colombia estrecharon su alianza militar para combatir al ELN.

La gente constató después de la firma de los Acuerdos de Paz que su vida no dependía sólo del conflicto armado interno si no, también, de la falta de voluntad del gobierno por atender a sus demandas de mejora de la calidad de vida y por pasar de una democracia formal a una democracia real. Ante ello, el gobierno de Iván Duque responde con represión y se niega a instalar una mesa nacional, con presencia del comité de paro, para abordar las justas demandas de la población. Por ello, las organizaciones convocantes del paro han decidido seguir en la calle.

Conclusión

El pueblo colombiano, a través de sus organizaciones sociales y con su movilización, le pide al Gobierno de Iván Duque que mejore sus condiciones de vida, cese la represión y a la Impunidad, enjuicie a las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos y lleve a cabo una apuesta seria y decidida por abordar las causas estructurales que generaron y mantuvieron el conflicto armado interno, para poder hacer realidad los Acuerdos de Paz y avanzar hacia un país con democracia, igualdad, justicia social y respeto a los derechos humanos.

Luis Nieto es coordinador de Paz con Dignidad.