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UE y grandes corporaciones: ¿negocios o derechos humanos?

Enriq Llopis (Contrainformacion.es, 7 de enero de 2019)

Jueves 17 de enero de 2019

¿Se da una mezcolanza de intereses entre los lobbies empresariales y las instituciones comunitarias? Transparency International informa, a partir de los datos declarados por la compañías en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, de las empresas que más gastan anualmente en cabildeo (datos al cierre de 2018): Google (6 millones de euros), Microsoft (5 millones), Shell (4,5 millones), ExxonMobil Petroleum & Chemical (3,7 millones), la química Basf (3,3 millones) y la tecnológica Siemens (3,2 millones). La ONG tambien cuantifica las reuniones “de alto nivel” que las compañías han mantenido, desde diciembre de 2014, con la Comisión Europea; encabeza la ratio Google (203 reuniones), seguido del grupo aeroespacial Airbus (138), Microsoft (110), Facebook Ireland Limited (103) y Deutsche Telekom (102).

El Observatorio Europeo de las Corporaciones (CEO) calculó en el informe “Planeta Lobby”, de 2017, que en Bruselas operan cerca de 25.000 lobbistas, “la mayoría al servicio de las corporaciones”. Entre las patronales que más invierten en lobby figuran, según Transparency International, el Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC), Insurance Europe (federación de aseguradoras), la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas (EFPIA), la asociación de empresas de ingeniería mecánica en Alemania (VDMA) y la Asociación Alemana de la Industria Química (VCI).

Un potente grupo de presión es BusinessEurope, patronal constituida en 1958 que hoy representa a 39 federaciones empresariales de diferentes países. Otro lobby destacado es la Red Europea de Negocios CSR para la Responsabilidad Social Corporativa, de la que forman parte –además de 41 organizaciones nacionales (en España el Club de Excelencia en Sostenibilidad)- 45 corporaciones como Walt Disney, Volkswagen, Toyota, Orange, Iberdrola, el BBVA y Coca-Cola. El presidente de CSR Europe, el conde Etienne Davignon, fue vicepresidente de la Comisión Europea y, según la página Web de CSR, ejerce o ha desempeñado altos cargos en Brussels Airlines, la Compagnie Maritime Belge (CMB) y el foro Bilderberg, que reúne anualmente a la élite mundial. Al listado de lobbies podría agregarse Eurochambres, que reúne a 42 asociaciones nacionales de comercio e industria y otras dos transnacionales.

Las instituciones europeas no son ajenas a las llamadas “puertas giratorias”. El exprimer ministro de Portugal (2002-2004) y expresidente de la Comisión Europea (2004-2014), José Manuel Durao Barroso, fichó en el verano de 2016 por el banco de inversión Goldman Sachs, como presidente no ejecutivo de la filial londinense; además es miembro del Comité Directivo del Club Bilderberg. Connie Hedegaard fue ministra de Clima y Energía de Dinamarca (2007-2009) y comisaria de la UE en el área de Acción Climática (2010-2014); actualmente es miembro del Consejo de Sostenibilidad del grupo VolksWagen y de la dirección de la empresa de ingeniería alemana Danfoss. Otro ejemplo es el político belga Karel de Gucht, comisario europeo para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria en 2009 y de Comercio entre 2010 y 2014; hoy forma parte de la junta directiva de ArcelorMittal, del grupo de telecomunicaciones belga Proximus y es asesor del fondo de inversiones CVC (también ha estado en la dirección del fondo de inversión belga Merit Capital).

Tal vez esta simbiosis explique la posición de la UE ante un Tratado internacional vinculante que regule la actividad de las transnacionales (y otras empresas comerciales) respecto a los derechos humanos. La cuarta reunión del grupo de trabajo intergubernamental promovido por Naciones Unidas sobre este instrumento jurídico (vinculante) se celebró entre el 15 y el 19 de octubre en Ginebra, con la participación de 94 países y cerca de 400 delegados de organizaciones de la sociedad civil. Pese a que el Parlamento Europeo aprobó una resolución el cuatro de octubre en la que apoyaba el proceso e instaba a los representantes de la UE y sus Estados miembros a “participar de buena fe y constructivamente en las negociaciones”, la delegación de europarlamentarios integrada por de Die Linke, el Partido Socialista holandés y Podemos, entre otras formaciones de izquierda, calificó como “pasivo” y “decepcionante” el papel de la Unión. En octubre de 2019 está prevista la quinta sesión.

La Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo-Stop Impunity, que reúne a 250 movimientos sociales y comunidades afectadas, presentó una propuesta de Tratado y defiende, entre otros puntos, la constitución de una Corte Internacional para juzgar a las multinacionales que violen los derechos humanos y la primacía de las obligaciones de derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversión; además la Campaña organizó en Ginebra, entre el 13 y el 20 de octubre, la semana de movilización de los pueblos. En julio, 36 movimientos sociales y ONG de todo el mundo hicieron un llamamiento a la UE y los estados miembros para que pusieran fin a las “estrategias de obstrucción”.

La Red Europea de Observatorios de las Corporaciones ENCO, la ONG Amigos de la Tierra-Francia, el centro de investigación Europa-Tercer Mundo (CETIM), Transnational Institute (TNI) y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) han publicado un informe sobre “El vínculo entre la UE y la impunidad empresarial”. Respecto al proceso de negociaciones en torno al Tratado de la ONU, que comenzó en junio de 2014, concluye el documento: “El Gobierno de Estados Unidos ha expresado su rechazo rotundo (…)”, mientras que la Unión Europea “ha adoptado la estrategia de torpedearlo de manera activa desde dentro”. De hecho, las posiciones de la UE están “en estrecha consonancia con las de lobbies empresariales activos en la ONU, en especial la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE)”; “el papel de la UE (básicamente la Comisión Europea, el Consejo y la mayoría de los Estados miembros, mientras que el Parlamento europeo es más favorable a la normativa) es el reflejo del acaparamiento empresarial que sufre la Unión”, añade el informe.

El documento de las cinco organizaciones menciona ejemplos de la “huella” de las corporaciones; 260 trabajadores muertos y 30 heridos fue la consecuencia del incendio ocurrido en 2012 en la factoría textil de Ali Enterprise, en la ciudad de Karachi, al sur de Pakistán; el 70% de las ventas de Ali Enterprise se dirigía a la cadena de tiendas alemanas Kik (la agencia Efe señaló, citando a “diversos medios”, que en el inmueble de cerca de 2.000 metros cuadrados “trabajaban hacinadas entre 1.500 y 2.000 personas, entre ellas menores, y no había prácticamente medidas básicas contra incendios”). Otro caso es el derrumbe de la represa de residuos Fundao, en el estado brasileño de Minas Gerais, en noviembre de 2015, que supuso -además de 19 muertos- el vertido de 45 millones de metros cúbicos de lodo tóxico en el río Doce, afluentes y comunidades; la titularidad de la infraestructura correspondía a Samarco Mineraçao SA, controlada por la compañía brasileña Vale y la anglo-australiana BHP Billiton. Fue considerado el mayor desastre ambiental en la historia de Brasil.

El informe da cuenta asimismo de los agricultores que perecieron o enfermaron en el distrito de Yavatmal (estado de Maharashtra, India), en el segundo semestre de 2017, por el uso de pesticidas tóxicos en el cultivo del algodón; las ONG han apuntado la responsabilidad de Syngenta, multinacional suiza adquirida en 2017 por la química ChemChina, ya que fabrica uno de los plaguicidas empleados –“Polo”, cuyo ingrediente activo es el diafentiuron. Por otra parte, la filial argentina de la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell participa en la exploración y extracción de hidrocarburos en el Neuquén (Patagonia argentina); por ejemplo, la Shell ha realizado perforaciones en el entorno del área natural protegida de Auca Mahuida, en el noreste de la provincia. A los proyectos petrolíferos, de Shell o YPF, se enfrentan las comunidades mapuches. En el Neuquén se halla el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, que la empresa YPF caracteriza como “la principal formación de shale (roca de esquisto: formación sedimentaria que contiene gas y petróleo)- en Argentina”.

La investigación sobre “El vínculo entre la UE y la impunidad empresarial” subraya además el rastro de “contaminación” y “violencia” que acompaña a la multinacional Glencore en Perú; este gigante con sede en Suiza, especializado en materias primas y metales, desarrolla el proyecto minero Antapaccay-Tintaya para la explotación del cobre en la provincia de Espinar (Cuzco); Glencore desarrolla la iniciativa minera desde 2015, tras la fusión ese año con el consorcio minero anglosuizo Xstrata. El informe de Front Line Defenders de 2017 da cuenta del asesinato de más de 300 defensores de derechos humanos, en 27 países, durante 2017; dos tercios de los asesinados eran defensores de la tierra, los pueblos indígenas y el medio ambiente; en un 12% de los casos se procedió a la detención de los sospechosos. Otro informe de Front Line Defenders y HRD Memorial (septiembre de 2018) eleva a más de mil los defensores pacíficos que han resultado víctimas de un “asesinato selectivo” desde 2014.

Ver en línea : Contrainformacion.es, 7 de enero de 2019.


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