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La OMC, los tratados de comercio e inversión y sus consecuencias en la agricultura europea

Andoni García (Pueblos, nº 76, febrero de 2018)

Lunes 26 de marzo de 2018

La Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos de comercio e inversión apuntalan un modelo de agricultura y alimentación convertido en negocio, no en derecho. En la actualidad la Unión Europea está embarcada en la negociación de nuevos acuerdos que representan la mayor amenaza para la agricultura campesina, pequeña y de mediana escala; la pérdida de la soberanía alimentaria, del derecho a la alimentación sana para toda la población y de la vida en nuestros pueblos.

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Para hablar de los impactos de la OMC y de los acuerdos de comercio e inversión en Europa debemos remontarnos a 1992, año en el que se aprobó la primera reforma de la Política Agraria Común (PAC). Esta fue notablemente condicionada por las negociaciones multilaterales de la ronda del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), cerrándose definitivamente un acuerdo definitivo en 1995.

Con anterioridad a esta fecha, el modelo de PAC impulsado desde la Conferencia de Stressa (1958) cosechó un gran éxito, teniendo en cuenta que su principal objetivo fue el de abastecer las necesidades alimentarias de la población europea tras la II Guerra Mundial. No obstante, se generaron grandes excedentes de producción, así como notables dificultades de gestión y gastos derivados de los mismos. Aunque en los años 80 se pusieron en marcha limitaciones en la producción, no se abordó de fondo este problema estructural.

PAC, precios y ayudas

En 1992, por tanto, comienza el desmantelamiento de la política agraria europea basada en la preferencia comunitaria, en la regulación de los mercados y en una cierta protección de los precios a los agricultores/as y al mercado interno. Esto es, una intervención pública basada en unos precios de referencia para el mercado exterior, en aranceles, en el control de la producción y en excepciones a la competencia en ciertos sectores. A partir de este momento, es el mercado internacional quien marca los precios para los y las agricultoras, compensándose la bajada de precios mediante un sistema de ayudas a la renta en función de lo producido y/o cultivado.

Tal es así que la UE ha condicionado las sucesivas reformas de la PAC a las negociaciones en la OMC y a la firma de tratados de comercio e inversión, convirtiéndose en la actualidad en el mayor exportador e importador de producción agraria del mundo. Y esto bajo la apuesta por la eliminación de los instrumentos que regulaban el mercado interior, lo que, junto con el planteamiento agroexportador de la UE, ha impulsado un modelo agrícola industrial y supeditado a los intereses de las empresas agroexportadoras.

Esta política de reducción continua de precios trajo y ha mantenido unos alimentos más baratos para la población, pero, a la vez, una materia prima barata cuyos mayores beneficiarios han sido la industria y la distribución, que han ido fortaleciendo su poder en la cadena agroalimentaria en detrimento de campesinado y consumidores. En muy pocos años ha cambiado quién se beneficia de la producción: lo que pagaba una persona por un alimento a un agricultor/a ha pasado de un 50 a menos de un 23 por ciento. Todo ese margen ha ido directamente a la industria o la distribución, en función de la correlación de fuerzas en cada momento. La intensificación de la producción provocada por los bajos precios ha provocado graves problemas medioambientales y una pérdida en la calidad de los alimentos.

Las consecuencias para las y los agricultores son muy graves, ya que el binomio precios y ayudas de la PAC no sostiene el mantenimiento de rentas ni es suficiente para frenar la competencia de los mercados internacionales. La pérdida de renta es, de esta manera, uno de los problemas fundamentales que tienen los agricultores en toda Europa.

En este sentido, desde el 2003 la renta agraria se redujo en el Estado español entre el 27 y el 30 por ciento, fenómeno similar en el conjunto de Europa. La reducción del número de agricultores y agricultoras ha sido brutal. Desde el año 2000, por ejemplo, ha caído un 80 por ciento el número de ganaderos productores lácteos en Euskal Herria, un porcentaje de bajada parecido al estatal.

Este modelo industrial se sigue imponiendo a marchas forzadas. En algunos sectores ganaderos, como el aviar, el porcino y, parcialmente, el vacuno, se ha sustituido al ganadero/a por grandes empresas integradoras. Se ha concentrado la producción en estas empresas, destruyendo miles de pequeñas y medianas explotaciones que eran y son el motor económico de los pueblos y, por lo tanto, su futuro. En este momento, por poner otro ejemplo, es más que notorio el proceso de concentración y de sustitución de la pequeña y mediana agricultura también por modelos industriales en la producción hortofrutícola. En definitiva, grandes empresas y fondos de inversión están haciéndose con enormes extensiones de terreno para producir.

La UE y la nueva oleada de tratados

La OMC y los tratados están provocando también una deslocalización a nivel mundial. Se concentran determinadas producciones en aquellas zonas donde más barato resulte producir y donde más laxas sean las normativas higiénico-sanitarias, medioambientales, sociales y laborales. Estas grandes producciones, dirigidas al negocio de la agroexportación, primero han expulsado a las comunidades campesinas de sus tierras para, posteriormente, destruir miles de explotaciones campesinas familiares en los lugares de envío de las mercancías.

En ese contexto se enfrentan modelos absolutamente opuestos, con reglas diferentes. Por ejemplo, en los paises del norte global, UE y en EEUU específicamente, las ayudas a la agricultura están sirviendo para exportar a precios por debajo de los costes al mercado internacional, contribuyendo así al dumping que destruye la agricultura campesina en los países que importan dichas mercancías.

Paralelamente a este proceso, pero como parte del mismo, se han ido forjando leyes en la agricultura que benefician a las empresas multinacionales, otorgándoles cada vez más poder sobre los medios de producción. Ejemplo de ello son las normativas referidas a las semillas y las patentes, leyes que dificultan a las y los agricultores y campesinos conservar, reproducir e intercambiar sus semillas, y que imponen transgénicos sobre la agricultura campesina y en Europa, sin respetar el principio de precaución.

La OMC y los acuerdos de comercio e inversión convierten la agricultura y la alimentación en un negocio en el que todos los elementos que intervienen en la producción son pasto del mismo, concentrándose cada vez en menos manos privadas y corporativizadas: recursos naturales, tierra, semillas y patentes, agua, investigación e innovación, alimentos, etc.

Podemos incluso afirmar que la UE está desbocada en la negociación de nuevos acuerdos de libre comercio. TTIP, CETA, Mercosur, Australia y Nueva Zelanda, Japón, etc. Todo ello tendría graves impactos sobre la agricultura y la alimentación. En todos ellos el modelo de agricultura social, sostenible, de pequeñas y medianas explotaciones, mayoritario todavía en Europa, se pone como moneda de cambio para los intereses del modelo industrial y del agronegocio.

Eliminación de estándares básicos

La UE está dispuesta a negociar estándares básicos que regulan la producción en Europa, como ciertas normativas higiénico-sanitarias que son muy determinantes del modelo agrario y alimentario: el principio de precaución, la prohibición del uso de hormonas en la producción de carne y leche, antibióticos, normativas medioambientales, pesticidas, normativas en el bienestar animal y en los derechos laborales.

En el CETA, por ejemplo, se dice que la importación de carnes de vacuno y ovino debe cumplir la normativa europea, aún basada en el principio de precaución y en el control fitosanitario a lo largo de todo el proceso de producción. Sin embargo, vemos que Canadá no tiene un sistema de seguimiento y control que garantice el no uso de hormonas, antibióticos y transgénicos. Por lo tanto, no puede garantizar que el envío de carne a la UE cumpla las normativas. Al mismo tiempo, la UE no tiene un sistema de control sistemático en fronteras para evitar la entrada de producciones realizadas bajo estas premisas.

En la negociación con Mercosur, la UE está ofreciendo 78.000 toneladas de carne de vacuno para importación a un arancel reducido, lo que equivale a dos millones de cabezas nodrizas. Si se llega a un acuerdo, este sería absolutamente demoledor para el modelo más social y medioambiental en la ganadería. El acuerdo de libre comercio entre la UE-Mercosur provocaría un impacto muy grave sobre el 20 por ciento de la producción final ganadera en el Estado español, esto es, 2.700 millones de euros al año, según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Ante esta inmensa amenaza que representan los tratados de comercio e inversión para la agricultura campesina, pequeña y de mediana escala, resulta increíble el cinismo y la gran hipocresía que practican la UE y los gobiernos y partidos que apoyan estas negociaciones. Al mismo tiempo que en Europa hablamos de sostenibilidad, de resiliencia, de alimentación sana, de medioambiente, cambio climático o bienestar animal, la UE negocia entregar esos mismos conceptos a los intereses que dominan el mercado y a las elites económicas que están detrás de esas negociaciones. El mensaje a la ciudadanía europea es uno y lo que se decide y negocia es lo contrario.

Las personas agricultoras, campesinos y campesinas en Europa y el mundo pertenecientes a La Vía Campesina, junto con miles de personas de otras organizaciones sociales, medioambientalistas y ONG, hemos rechazado estos acuerdos y tratados. Defendemos y construimos la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a decidir sobre sus políticas agrarias y alimentarias, a proteger las pequeñas y medianas agriculturas y modelos más autosuficientes en la agricultura y la alimentación. Rechazamos dar más “libertad” para las empresas, más “facilidad” para explotar a trabajadores, campesinas, indígenas, tierras y territorios.

Además, queremos resaltar que las personas campesinas que producen para los mercados locales alimentan al 70 por ciento de la población mundial y producen esa comida con menos del 25 por ciento de los recursos (agua, tierra o combustibles). La agricultura social, sostenible, resiliente, la agricultura campesina, es la respuesta a los retos que hoy tiene el planeta. La agricultura es alimentación, y la alimentación es un derecho innegociable aquí y en todos los pueblos del mundo.

Andoni García forma parte de EHNE-Bizkaia (www.ehnebizkaia.eus).

Artículo publicado en el nº76 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer cuatrimestre de 2018, monográfico “Tratados comerciales, ofensiva contra nuestras vidas”.

Ver en línea : Pueblos , n° 76, primer cuatrimestre de 2018


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