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El Gobierno de Morales arremete contra las asociaciones medioambientales en Bolivia

Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro (El Salto, 3 de enero de 2018)

Jueves 4 de enero de 2018

El Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), organización social con sede en Cochabamba que desde los años setenta desarrolla labores de investigación y documentación sobre la realidad socioeconómica tanto de Bolivia como de toda América Latina, hoy se enfrenta a su cierre.

Le acaban de congelar todas sus cuentas bancarias y ha sido acusada de cometer diversas irregularidades financieras. Hay voces que alertan de su inminente ilegalización y hasta del próximo enjuiciamiento de sus dirigentes. Se trata de una organización social que desde hace mucho tiempo viene denunciando las privatizaciones de los servicios públicos y los impactos de las compañías multinacionales en su país. Y que, al haber sido crítica con el gobierno por seguir fomentando un modelo económico basado en el extractivismo y en la exportación de materias primas, ha sido descalificada públicamente por ese mismo gobierno en varias ocasiones.

Seguramente hay muchos colectivos y movimientos sociales de todo el mundo que podrían identificarse con este relato. A saber: organizaciones que defienden la tierra y el territorio, la supervivencia de las comunidades locales y los pueblos originarios, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas en los que habitan. Y que, para ello, tienen que enfrentarse con las empresas transnacionales que expolian los recursos naturales y con los gobiernos y las instituciones internacionales que las apoyan. Y por eso son criminalizadas, perseguidas y amenazadas. Lo que quizás resulte extraño, desde una perspectiva izquierdista europea, es que eso pueda estar sucediendo en un país con un gobierno progresista como es Bolivia.

Pero, efectivamente, es lo que le está pasando al Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), una organización social con sede en Cochabamba que desde los años setenta viene desarrollando labores de investigación y documentación sobre la realidad socioeconómica tanto de Bolivia como de toda América Latina. Y que hoy se enfrenta a su posible cierre y pérdida de personalidad jurídica, a raíz de unas acusaciones por parte del rector de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba en relación a un supuesto incumplimiento del contrato que tenía el CEDIB con dicha universidad. Esa denuncia ha tenido consecuencias inmediatas en los últimos meses: en abril se produjo el desalojo del CEDIB de la sede que ocupaba desde hace 24 años y ahora le han congelado las cuentas sin que haya habido una notificación oficial de la orden judicial.

Conocemos la labor del CEDIB desde hace más de una década y hemos trabajado conjuntamente en diferentes campañas y publicaciones: desde las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar a transnacionales como Repsol por sus impactos en cinco países latinoamericanos, hasta las sesiones del grupo intergubernamental de la ONU que está elaborando una normativa internacional para obligar a las grandes empresas a respetar los derechos humanos en cualquier lugar del planeta, pasando por el estudio de las multinacionales españolas en Bolivia o el análisis crítico de la nacionalización de los hidrocarburos en el país. De los debates en la Asamblea Constituyente que dieron lugar a una de las constituciones más avanzadas en términos ambientales a los abrazos de Evo Morales con Antonio Brufau cada vez que Repsol hacía algún anuncio para reforzar su apuesta por Bolivia como un socio estratégico para la compañía, de las movilizaciones indígenas contra la carretera que iba a atravesar el TIPNIS a la denuncia de las nuevas concesiones petrolíferas en áreas protegidas, hemos podido compartir con el CEDIB muchos momentos en el largo camino de la resistencia social frente a las grandes corporaciones.

A la vez, desde hace años venimos compartiendo espacios y debates en torno a los posibles avances hacia “otros modelos de desarrollo”. En el cuaderno Transnacionales, agentes… ¿de qué desarrollo?, publicado por el Instituto Hegoa en 2011, se analizaba el distanciamiento y las crecientes tensiones que se estaban produciendo en América Latina entre los gobiernos progresistas y los movimientos sociales por la profundización del modelo primario exportador. Ya entonces Marco Gandarillas, director ejecutivo del CEDIB, planteaba la disyuntiva entre “el pragmatismo extractivista, el voluntarismo ‘pachamamista’ y otros dilemas del proceso de cambio en Bolivia”.

Desde entonces, en Bolivia, el “proceso de cambio” ha ido evolucionando hacia un modelo presidencialista que, al tiempo que busca la reelección indefinida, trata de silenciar las voces críticas que cuestionan las políticas gubernamentales. Al igual que en Ecuador, en 2013, el gobierno de Rafael Correa decretó el cierre de la Fundación Pachamama y, justo hace un año, inició los trámites administrativos para la –por ahora, fallida– disolución de Acción Ecológica, en el caso de Bolivia se ha abierto un proceso de control sobre las ONG que hacen planteamientos críticos con las políticas gubernamentales. Así, en 2015 se iniciaron los trámites para quitar la personería jurídica de ONG y fundación a diferentes organizaciones. Entre ellas estaba el CEDIB, que ya manifestó su desacuerdo con la exigencia de introducir en sus estatutos la condición de “promover el desarrollo económico y social” del país por entender que significaba alinearse con el modelo de desarrollo planteado por el gobierno.

Ese mismo año, el vicepresidente Álvaro García Linera acusó a cuatro organizaciones bolivianas, entre las que se encontraba el CEDIB, de difundir mentiras y tergiversar la realidad. Y amenazó con expulsar a estas organizaciones por recibir fondos del exterior y hacer política: “No tienen derecho a entrometerse en asuntos políticos en nuestro país, si se entrometen se van afuera”. Junto a los obstáculos legales, las trabas burocráticas y las advertencias públicas que han ido dificultando el trabajo de estas ONG, el vicepresidente del gobierno de Bolivia ha acusado recientemente al CEDIB de ser una organización derechista.

Pero el silenciamiento de las voces críticas hace un flaco favor a una propuesta institucional que debería tener entre sus objetivos el fortalecimiento de la soberanía popular y la emancipación de las mayorías sociales. Y es que estas políticas necesitan de un continuo contraste social, porque resulta tan importante el contenido de una decisión como la forma en que se ha adoptado. De ahí la importancia de las alianzas sociales y de la voluntad de someter los acuerdos y las decisiones institucionales al contraste social. O al menos, a la idea de reactivar movimientos sociales y crear pensamiento crítico, y no únicamente a la de construir un cuerpo electoral favorable. La transformación y superación del capitalismo, en último término, implica una confrontación radical entre intereses contrapuestos, y para ello se requiere considerar no solo el bienestar concreto de las personas sino también la capacidad generada para modificar las relaciones estructurales de poder. Las reformas “sin más”, además de meramente coyunturales, pueden acabar fortaleciendo el orden establecido y generar desmovilización.

En este marco, la deslegitimación de las organizaciones sociales y ambientalistas que han criticado la orientación extractivista tomada por el gobierno de Bolivia, al fin y al cabo, perjudica la capacidad de afrontar colectivamente las transformaciones que necesitan las mayorías sociales: algunas de ellas han impulsado los procesos de cambio y sus reclamaciones se enmarcan en avanzar hacia leyes y políticas de mayor soberanía. Por eso más de cuarenta organizaciones sociales, indígenas, ecologistas, sindicales y de derechos humanos procedentes de diferentes países acaban de firmar una declaración pública de apoyo al CEDIB, reconociendo su aportación al proceso democrático en Bolivia a través de la investigación y el análisis crítico. Desde la preocupación por una situación que puede erosionar los derechos democráticos fundamentales, estas organizaciones demandan el cese del hostigamiento y la garantía del normal desarrollo de las actividades de este centro de estudios. Porque el fortalecimiento de la democracia es una condición indispensable para enfrentar la mayor agresividad de la expansión de las grandes corporaciones transnacionales.


Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro, investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.

Ver en línea : El Salto, 3 de enero de 2018.


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