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¿Por qué lo llaman cooperación cuando quieren decir negocio?

Pedro Ramiro y Silvia M. Pérez (Pueblos, nº 47, julio de 2011)

Miércoles 10 de agosto de 2011

“Star*Cola, una multinacional de refrescos, necesita tener acceso a fuentes de agua potable en los países donde están establecidas sus fábricas. Asociándose con un proyecto de USAID cuyo objetivo es mejorar el acceso a agua potable, esta compañía puede aportar su experiencia, equipos y fondos para mejorar los sistemas públicos de tratamiento de agua y puede ayudar a lanzar una campaña de marketing para generar una demanda popular que reclame el acceso a agua potable. A cambio, este proyecto de USAID facilitará a Star*Cola un acceso legítimo a los funcionarios de gobierno y a un equipo de ingenieros que aseguren que los proyectos de infraestructura efectivamente son construidos. Con el paso del tiempo, Star*Cola consolidará una reputación de empresa ‘verde’, y el reconocimiento de su marca crecerá, algo que estimulará la demanda global de sus productos”.

Sirva el caso de la alianza entre USAID y Coca-Cola para ilustrar una de las cuestiones centrales que, en los últimos años, está marcando la agenda de la cooperación internacional: el aumento del papel de las grandes empresas en las políticas de cooperación. Ya lo dice el actual Plan Director de la Cooperación Española: “Uno de los actores cuya integración en el sistema de cooperación para el desarrollo es fundamental y supone un reto por su potencial como actor de desarrollo es el sector privado empresarial”.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) utiliza este ejemplo para presentar su programa de alianzas público-privadas, una “combinación innovadora de intercambio de recursos” con la que “Star*Cola podrá mantener y expandir sus servicios y USAID será capaz de alcanzar con mucho más éxito su objetivo de facilitar el acceso al agua potable” [1]. En realidad no se trata de un caso figurado: una de las más sólidas alianzas de la agencia estadounidense con el sector privado es la que mantiene con Coca- Cola, compañía con la que ejecuta en 22 países de todo el mundo el programa Water and Development (WADA), con los mismos objetivos que en el citado ejemplo de “Star*Cola”.

Con fines y resultados similares, USAID mantiene “alianzas globales de desarrollo” con corporaciones transnacionales como Wal-Mart, Starbucks, Chevron, IBM y Kraft. Desde que la agencia puso en marcha su programa de alianzas público-privadas hace diez años, esta herramienta se ha convertido en una de sus principales estrategias de cooperación y financiación, y hoy dispone de 1.000 alianzas con más de 3.000 empresas.

Las empresas como actores de desarrollo

Sirva este caso para ilustrar una de las cuestiones centrales que, en los últimos años, está marcando la agenda de la cooperación internacional: el aumento del papel de las grandes empresas en las políticas de cooperación. Ya lo dice el actual Plan Director de la Cooperación Española: “Uno de los actores cuya integración en el sistema de cooperación para el desarrollo es fundamental y supone un reto por su potencial como actor de desarrollo es el sector privado empresarial”.

Para poder llegar hasta aquí, las grandes empresas, por una parte, han ido amoldando su discurso a los conceptos que rigen las políticas de los organismos internacionales (Objetivos de Desarrollo del Milenio, lucha contra la pobreza, respeto de los derechos humanos), mientras los donantes multilaterales y bilaterales, por otra, han venido trabajando sobre cómo combinar los objetivos empresariales con los defendidos desde las instituciones que trabajan por el desarrollo humano.

Desde la perspectiva empresarial, las teorías que proporcionan el soporte conceptual para esta reconfiguración del rol del sector privado en el desarrollo son las de “la base de la pirámide”: un modelo de negocio asentado en la idea de que “de la creación conjunta de un mercado en torno a las necesidades de los pobres puede resultar el alivio de la pobreza”, con el que se pretende convertir en consumidores a las dos terceras partes de la población mundial, ahora excluidas de la sociedad de consumo. Eso sí, tal y como afirma Prahalad (el autor de referencia sobre “negocios inclusivos”), esas oportunidades de negocio “no pueden aprovecharse si las empresas grandes y pequeñas, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias de desarrollo y los mismos pobres no trabajan unidos, con una agenda compartida” [2], de ahí que las corporaciones transnacionales hayan apostado por establecer alianzas con administraciones públicas y ONG para expandirse a esos nuevos mercados.

Alianzas público-privadas

“Nuestro tiempo exige una nueva constelación en la cooperación internacional: gobiernos, sociedad civil y sector privado trabajando juntos en pro de un bien colectivo mundial”, afirma Ban Ki-moon [3]. Y es que parece claro que, como dice su secretario general, para Naciones Unidas el sector empresarial debe ser un actor principal en la erradicación de la pobreza y, como se enuncia en el ODM número 8, en “fomentar una alianza mundial para el desarrollo”. Por eso ha venido promoviendo en sus cumbres y discursos “el potencial de las empresas al servicio de los pobres” [4].

Al mismo tiempo, las instituciones financieras internacionales también han desarrollado herramientas para trabajar en la consolidación de alianzas público-privadas. Basta comprobar cómo, en los últimos años, el peso del sector privado en sus programas ha crecido notablemente: según la Plataforma 2015 y más, “la financiación del sector privado por parte de los bancos multilaterales de desarrollo aumentó diez veces desde 1990, desde menos de 4.000 millones de dólares hasta 40.000 al año” [5]. Todo ello se ha traducido, asimismo, en los acuerdos alcanzados en esta década [6] en las diversas cumbres internacionales sobre desarrollo, siempre argumentando la necesidad de una mayor financiación de la ayuda y de contar con el know-how de la gestión privada para mejorar su impacto y eficacia.

Por su parte, las agencias de cooperación de los países centrales han creado organismos específicos para el desarrollo de alianzas público-privadas y muchas de ellas han adaptado sus mecanismos de financiación para facilitar la incorporación de las compañías con ánimo de lucro. En el caso de la cooperación española, ya en el II Plan Director (2005-2008) se incluían menciones a las “iniciativas de colaboración entre el sector público y el sector privado” con el fin de “conjugar los esfuerzos de la empresa privada y del Estado para la consecución de objetivos de desarrollo en los países socios”. Finalmente, en el III Plan Director (2009-2012) se concretó la línea estratégica de “fomentar el diálogo, la coordinación y la acción conjunta entre el sector privado, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil”.

ONGD y capitalismo inclusivo

“La novedad de este instrumento recomienda abordar su puesta en práctica de forma gradual y progresiva, comenzando con la puesta en marcha de experiencias piloto que permitan ir generando buenas prácticas y los aprendizajes necesarios para su óptima utilización”, dice el Plan Director vigente. Ya se están dando las primeras asociaciones conjuntas de este tipo: el pasado verano, por ejemplo, se acordó constituir una alianza público-privada en la región peruana de Acobamba entre la Secretaría de Estado de Cooperación, tres empresas (Telefónica, BBVA y Santillana) y cuatro ONG (Ecología y Desarrollo, Entreculturas-Fé y Alegría, Ayuda en Acción y Solidaridad Internacional).

“Ten la visión de algo grande. Pero empieza con algo que puedas manejar, que pueda ser flexible y que puedas ir construyendo según vayas aprendiendo”, dice Denise Knight, responsable del programa WADA de Coca-Cola. Y parece que eso es lo que están haciendo las empresas y los organismos públicos, aunque para completar el triángulo del “capitalismo inclusivo” necesitan contar con el tercer vértice: las organizaciones de la sociedad civil. Llegados a este punto, el debate está servido: empresas como Coca- Cola, Wal-Mart, BBVA o Telefónica, denunciadas por haber cometido graves delitos contra los derechos humanos, ambientales, civiles o laborales, ¿deben ser las encargadas de configurar la agenda de las políticas oficiales de desarrollo? Y, sobre todo, ¿pueden las ONGD trabajar por la defensa del desarrollo humano sellando alianzas con transnacionales acusadas precisamente de vulnerar los derechos que lo posibilitan?

Pedro Ramiro y Silvia M. Pérez _ Investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.

- Este artículo ha sido publicado en el [nº 47 de Pueblos - Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2011->2210].


Ver en línea : Pueblos - Revista de Información y Debate nº 47, tercer trimestre de 2011


Notas

[1“Intersección de intereses. USAID y el sector privado”, presentación de Global Development Alliances en la página www.usaid.gov (Traducción de los autores).

[2Prahalad, C.K.: La fortuna en la base de la pirámide: Cómo crear una vida digna y aumentar las opciones mediante el mercado, Granica, Barcelona, 2005.

[3Ki-moon, Ban: “El Pacto Mundial y la creación de mercados sostenibles”, discurso plenario en el Foro Económico Mundial, Davos (Suiza), 29 de enero de 2009.

[4Comisión sobre Sector Privado y Desarrollo: “El impulso del empresariado. El potencial de las empresas al servicio de los pobres”, PNUD, Naciones Unidas, Nueva York, 2004.

[5Tricarico, Antonio: “Privatización de las finanzas europeas para el desarrollo: el rol del Banco Europeo de Inversiones”, en Las políticas globales importan, Anuario 2010 de la Plataforma 2015 y más, 2011.

[6Entre otras, en las cumbres sobre financiación del desarrollo, como las de Monterrey (2002) y Doha (2008), y en los Foros de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda de París (2005) y Accra (2008)


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