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Una internacionalización empresarial que respete los derechos humanos

Gonzalo Fernández y Sofía Marroquín (Gara, 30 de septiembre de 2017)

Domingo 1ro de octubre de 2017

En la actualidad, la mayoría de gobiernos apuestan por un marco similar de políticas en respuesta a la crisis económica: austeridad, atracción de inversiones extranjeras e internacionalización de sus empresas. Se trata así de generar las condiciones para que las grandes corporaciones inviertan en el país –a costa, muchas veces, de precarización laboral, desmantelamiento de los servicios sociales, y de un fuerte esfuerzo público en forma de ingentes ayudas y beneficios fiscales–, a la vez que se favorece la exportación y la implantación de las empresas autóctonas en el extranjero, todo ello, con la justificación última de generar inversión y empleo. De esta manera, pese a las evidencias sobre la incapacidad de estas políticas para permear en el bienestar de la ciudadanía –y no únicamente en el de una minoría–, y pese a la constatación de que esta receta incluso agrava los grandes problemas globales que enfrentamos (cambio climático, desigualdades, migraciones forzadas, etc.), se sigue incidiendo en la misma: competitividad y competencia salvaje entre territorios por acaparar la mayor parte posible del exiguo crecimiento económico global.

En esta lógica, muchos gobiernos impulsan su marca-país para fortalecer la competitividad a partir de la proyección de una buena imagen internacional del territorio en cuestión. El Gobierno Vasco no es ajeno a esto, y en consecuencia ha generado su propia marca Basque Country. Esta se inscribe dentro de una amplia estrategia de internacionalización, en la que el apoyo a la exportación e implantación de las empresas vascas en el exterior juega, como en otras latitudes, un papel fundamental. No obstante, una especial seña de identidad de la marca vasca es el vínculo que esta explicita con el desarrollo humano y la sostenibilidad como referencias del conjunto de la acción de gobierno, frente a cualquier otro tipo de consideraciones.

En este sentido, el lehendakari Urkullu presentó públicamente en abril de 2016 el «Marco de referencia para la coherencia de políticas para el desarrollo en el País Vasco», que planteaba 4 compromisos directamente aplicables a dicha marca: prioridad en la reversión de las desigualdades y la insostenibilidad intrínsecos al actual modelo hegemónico; superación de la competitividad sin eficacia social y ecológica como eje de la política pública vasca; avance estratégico en la coherencia de la política exterior en base al marco internacional de los derechos humanos; y, por último, la corresponsabilidad en la búsqueda del bienestar común con los países y territorios en los que se opera, no únicamente en Euskadi. En resumen, una marca estrecha y directamente vinculada a los derechos humanos y, por tanto, comprometida con los grandes retos globales que enfrentamos.

Precisamente con el ánimo de contribuir a la coherencia de políticas en la acción exterior del Gobierno Vasco a través de propuestas concretas que la mejoren, la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Paz con Dignidad-OMAL hemos elaborado la investigación “Coherencia de políticas para el desarrollo. Análisis de la política de internacionalización empresarial del Gobierno Vasco”. Esta nos ha permitido conocer los fundamentos de las políticas de apoyo a la exportación de bienes y servicios y a la implantación de empresas vascas en el exterior. Así, hemos analizado el conjunto de agentes y estructuras que participan en dicha política; los principales documentos estratégicos que definen su marco normativo; y el conjunto de instrumentos en los que esta política se aterriza, y que consisten en ayudas subvencionales, iniciativas diversas de diplomacia económica y formación de recursos humanos en Euskadi.

Los resultados obtenidos –que abren una nueva línea de investigación que habría de complementarse con el análisis directo de impactos, así como del muy relevante ámbito de la atracción de las inversiones extranjeras– evidencian que aún queda camino por recorrer para adecuar dicha política a la visión explicitada por el lehendakari en el marco de referencia para la coherencia de políticas anteriormente mencionado, y que sintetizamos en las siguientes 6 conclusiones: en primer lugar, la política de internacionalización empresarial no tiene incorporados, desde los planes estratégicos hasta los instrumentos y convocatorias de ayudas, criterios sociales, laborales, ecológicos y de derechos humanos –más allá del cumplimiento de la legalidad vigente–, primando variables exclusivamente técnico-empresariales; segundo, no incorpora como objetivo la búsqueda del bien común en los territorios donde opera, siendo su única meta el fortalecimiento de la inversión empresarial vasca; tercero, la selección de países prioritarios coincide con territorios en donde la conculcación corporativa de derechos es sistemática (Colombia, México, etc.), por lo que la falta de criterios sociales, laborales y ambientales no hace sino sospechar que el único fin perseguido es la maximización del beneficio, en lugares especialmente vulnerables; cuarto, el marco de agentes participantes se limita a alianzas público-privadas, mientras que sindicatos, ONGD y movimientos sociales juegan un papel testimonial e irrelevante, sin existir estructura alguna de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas eficaz y transparente; quinto, los criterios que priman en cooperación internacional e internacionalización empresarial son muy diferentes, ya que se han trabajado de manera independiente y desde puntos de partida distintos, con lo que la política exterior vasca muestra una notable contradicción que creemos imprescindible abordar; por último, y a modo de resumen general, concluimos que la política de internacionalización empresarial –base fundamental de la marca Basque Country–, se rige prioritariamente por la lógica de competitividad y expansión a nuevos mercados, y por tanto debe ser revisada en coherencia con los compromisos explicitados en torno al desarrollo humano y la sostenibilidad.

Proponemos por tanto que el Gobierno Vasco replantee su política de internacionalización empresarial, a partir de nuevos parámetros que permitan transitar del foco en la competitividad que rige actualmente, a los derechos humanos como marco de referencia no solo a nivel conceptual, sino práctico. En este sentido, nuestra investigación plantea, entre otras, las siguientes propuestas: creación de un Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos, con la misión de rendir cuentas y evaluar el conjunto de la política, así como de dar seguimiento a la actividad exterior de las empresas vascas; ampliación del marco de agentes sociales, estableciendo espacios de decisión y de participación activa, desde su autonomía y agendas propias, de movimientos sociales, sindicatos y ONGD; y la inclusión de requisitos sociales, ecológicos, laborales y de derechos humanos, tanto en Euskadi como en otros países, para todo instrumento y actividad impulsada, como por ejemplo, la prohibición de operar en paraísos fiscales, el cumplimiento de obligaciones tributarias, la exigencia de estudios de impacto ambiental, la definición de garantías temporales de la inversión y generación de empleo digno y estable, la exclusión de empresas condenadas por crímenes internacionales, el impulso a la transición energética y a la economía social y solidaria, etc.

El Gobierno Vasco puede y debe liderar una política exterior diferente, asegurando que el interés general y el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas vascas –más allá de su tamaño e, incluso, de si reciben o no ayudas públicas– es la seña de identidad de su política de internacionalización. Hagamos otras políticas posibles, ya que con las basadas en la competencia pura entre territorios, siempre salen perdiendo las grandes mayorías sociales, de aquí y de allá.


Gonzalo Fernández y Sofía Marroquín, miembro de Paz con Dignidad-OMAL y presidenta de la Coordinadora de ONGD de Euskadi.

Ver en línea : Gara, 30 de septiembre de 2017.


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