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Banca internacional habilita a que se “lave olímpicamente” el dinero del narcotráfico

La diaria, 29 de agosto de 2017

Miércoles 30 de agosto de 2017

El vínculo entre las empresas transnacionales (ET) y los derechos humanos fue el tema central del seminario organizado ayer por la Escuela de Gobierno del Parlamento. La actividad se produjo en el marco de una discusión en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), impulsada por Ecuador, sobre la posibilidad de elaborar un tratado vinculante que obligue a las ET a respetar los derechos humanos en todas partes del mundo. Ya hubo dos sesiones del Consejo sobre este tema, y para la tercera, que tendrá lugar en octubre, está previsto que Ecuador presente las líneas centrales de un acuerdo multilateral en la materia.

Las primeras intervenciones en el seminario apuntaron a la necesidad de un tratado de estas características. Carlos Correa, de la Universidad de Buenos Aires, hizo hincapié en el “enorme déficit del derecho internacional” en esta materia. Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, se focalizó en la “asimetría normativa” que existe entre las normas que protegen las ganancias de las ET, por un lado, y el derecho internacional de los derechos humanos, por el otro. Las primeras incluyen acuerdos de libre comercio, tratados de protección de inversiones, disposiciones multilaterales y contratos con los estados. Se trata de un “derecho fuerte, coercitivo”, que se aplica por medio de los tribunales de arbitraje, señaló González. Del otro lado, la sociedad civil y los gobiernos de los estados sólo cuentan con legislaciones internas “muy debilitadas” por la normativa que favorece a las ET y con compromisos que no son vinculantes. “Es un derecho frágil, declarativo; no tiene consecuencias la violación de los derechos humanos por parte de las ET”, afirmó la activista.

Para apoyar el tratado se conformó una alianza de organizaciones de la sociedad civil, que participan y opinan en las sesiones del Consejo de Naciones Unidas. El ex embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Milton Romani, destacó que la negociación de este tratado da cuenta de un “momento histórico” y sostuvo que “descarta” que Uruguay apoyará esta iniciativa, “por la sencilla razón de que es la lucha del más chico contra el más grande”.

En el seminario también se mencionó la necesidad de construir un “relato contrahegemónico” al dominante que concibe a las ET como factores de desarrollo y no como “fuertes violadoras de los derechos humanos”, manifestó González. En el mismo sentido, Alejandra Scampini, representante de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo, llamó a cuestionar la retórica del “sector privado como la llave del desarrollo”, que le quita al Estado el rol de garantizar los servicios públicos. Scampini alertó sobre el “retroceso” actual en materia de derechos y sobre la persecución a los activistas que denuncian las violaciones a los derechos humanos que cometen las corporaciones. “Las democracias y los estados pierden fuerza, y del otro lado, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial siguen reforzando el poder de las corporaciones”, cuestionó.

Estamos verdes

En la actividad hubo abordajes específicos. Por ejemplo, el de Romani, que se focalizó en los impactos que ha tenido en la política pública de regulación del cannabis la decisión de los bancos de no trabajar con cuentas asociadas a este mercado. Sostuvo que se trata de un caso “demostrativo de la asimetría y discrecionalidad” del vínculo entre ET y derechos humanos, y calificó la medida de los bancos de “absurda” desde el punto de vista de los acuerdos y las convenciones internacionales. Le propuso a la banca internacional que “reflexione un poquito más sobre esta tontería” que perjudica las políticas de regulación del cannabis mientras “sus políticas de riesgo habilitan a que el dinero del narcotráfico se lave olímpicamente en la banca nacional”, en una actitud “deliberadamente ambigua”.

Romani aseguró que los bancos no tienen “ninguna responsabilidad social”. Recordó que en 2008 hubo una crisis financiera mundial y “hemos visto muy pocas acciones contra los banqueros”. “Regular los mercados es una necesidad democrática de las sociedades. Hay que poner freno a la sed de ganancia de las corporaciones”, sentenció.

Fuera de control

Elisa Facet, asesora de la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), sostuvo durante la primera mesa de la tarde del seminario que las ET tienen una “gran influencia” en las normas internacionales “por su capacidad de lobby”, pero esa influencia no se condice con la capacidad de los estados para regularlas, porque actualmente no se conciben como sujetos de derecho internacional. Facet aseguró que “no alcanza” con las normas actuales, no vinculantes, que mencionan obligaciones de las empresas –como las declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrrollo Económico y la carta de principios de la ONU–, y consideró que es necesario regular el accionar de las empresas e impulsar una visión diferente del derecho internacional público que las incluya como sujetos de obligaciones.

Florencia Ualde, asesora de la Dirección General de Secretaría del MIEM, también se refirió a las dificultades para responsabilizar a las ET y a sus empresas subcontratadas por violaciones a los derechos humanos, y aseguró que las ET gozan de un “alto grado de impunidad”.

“La protección jurídica muchas veces queda subordinada a relaciones de poder, a recursos económicos que hacen que esas responsabilidades no puedan efectivizarse”, aseguró. Valoró que la negociación de un tratado sobre ET y derechos humanos “es muy importante porque genera herramientas” para que el Estado pueda hacer efectiva la responsabilidad de las empresas. En este sentido, consideró que un instrumento de este tipo podría permitir conocer el origen de los capitales, el destino de las ganancias y los vínculos en las cadenas de valor. Comentó que sería bueno que Uruguay diera una discusión sobre los requisitos que se les piden a las empresas transnacionales para instalarse, porque hoy son “prácticamente nulos”.

Ver en línea : La diaria, 29 de agosto de 2017.


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